Vizcarra: 70% de muertes por COVID-19 en Perú son adultos mayores

A siete meses de iniciada la pandemia en Perú, las cifras revelaban un patrón brutal: de cada diez personas que moría por COVID-19, siete tenía más de 65 años. El presidente Martín Vizcarra presentó estos números en una rueda de prensa del Consejo de Ministros a principios de octubre de 2020, cuando el país se ubicaba como el séptimo más golpeado por la enfermedad en el mundo. De los 32 914 fallecidos registrados hasta ese momento, aproximadamente 23 000 eran adultos mayores. Frente a esa realidad, Vizcarra defendió con énfasis las medidas de confinamiento que se habían mantenido para este grupo etario, argumentando que gracias a ellas los mayores de 65 años representaban solo el 17 por ciento del total de 832 929 contagios confirmados en el país.

La disparidad era evidente. Mientras los adultos mayores constituían una minoría entre los infectados, dominaban de manera abrumadora las estadísticas de mortalidad. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó que el riesgo de morir por COVID-19 era ocho veces mayor cuando se trataba de personas de edad avanzada. En contraste, entre los jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 a 59 años se habían registrado 630 000 casos, pero solo 9 700 muertes. Los niños y adolescentes sumaban 50 000 infectados y 150 fallecidos. Los números hablaban por sí solos: la enfermedad respetaba la edad.

Vizcarra cuestionó públicamente la idea de flexibilizar demasiado rápido las restricciones para los mayores. "¿Cómo no cuidarlos?", preguntó retóricamente durante la conferencia. Reconoció que en una crisis sanitaria de esa magnitud, a veces era necesario limitar libertades para proteger lo que consideraba más valioso: la vida humana. Sin embargo, el gobierno enfrentaba presiones para aliviar las medidas de confinamiento que habían mantenido a los adultos mayores prácticamente aislados durante meses. En la reunión del Consejo de Ministros de ese miércoles, se tomó una decisión: cambiar la prohibición por recomendación. Ya no se les prohibiría salir, pero se les recomendaría que lo hicieran con precaución.

Esta transición reflejaba una tensión fundamental en la respuesta a la pandemia: cómo proteger a los más vulnerables sin mantenerlos en un encierro indefinido. Vizcarra enfatizó que la responsabilidad no era solo del gobierno, sino de toda la ciudadanía. Pidió un trabajo conjunto entre autoridades y población para mantener la protección de los adultos mayores, aunque ahora con un enfoque menos restrictivo.

Hacia finales de la primera semana de octubre, había señales de que la curva comenzaba a cambiar. Más de 720 000 personas habían sido dadas de alta, equivalente al 86 por ciento de los casos confirmados. Cuatro millones de peruanos habían sido sometidos a pruebas de detección. La ministra Mazzetti reportó que el número de fallecidos diarios se aproximaba al promedio anterior a la pandemia, aunque aún no lo alcanzaba. El país mantenía un promedio de cien muertes diarias. La ocupación de camas de hospitalización había descendido a 6 641, y los pacientes en unidades de cuidados intensivos también mostraban una tendencia a la baja. Vizcarra describió estos números como "alentadores", aunque Mazzetti fue más cautelosa: el descenso era lento, y nadie sabía con certeza qué sucedería en las semanas siguientes.