Organizaciones sociales exigen a Petro reanudar diálogos con grupos ilegales de Medellín

El presidente Gustavo Petro suspendió la semana pasada los diálogos de paz con cabecillas de grupos armados ilegales en Medellín, una decisión que ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales de la ciudad. El cierre de estas mesas de negociación llegó después de que varios líderes de bandas criminales organizaran una fiesta en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí, el 8 de abril, donde el cantante de vallenato Nelson Velásquez actuó en un concierto privado marcado por alcohol y la presencia de trabajadoras sexuales.

Las organizaciones sociales de Medellín emitieron un comunicado el miércoles pidiendo al mandatario que reanude "de inmediato" estos espacios de diálogo socio-jurídico. En su mensaje, advierten que la suspensión constituye una medida "desproporcionada y regresiva" que interrumpe un proceso legítimo de paz urbana, debilita la confianza que se ha construido en los territorios y pone en riesgo avances concretos en la reducción de violencias y la convivencia. El tono de la solicitud refleja la preocupación de que el Gobierno está retrocediendo en un esfuerzo que había mostrado resultados tangibles.

La mesa de diálogos fue instalada en junio de 2023 como parte de la política de paz total del Gobierno. Su objetivo es ambicioso: desmovilizar aproximadamente 12.000 personas y acabar con la guerra que ha azotado las comunas de la segunda ciudad más importante del país. Hasta el momento del cierre, este proceso de paz urbana era considerado uno de los que más ha avanzado durante el mandato de Petro, lo que hace su paralización especialmente significativa.

No fue solo la suspensión de los diálogos lo que generó fricción. El lunes pasado, Petro también ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados en la fiesta a cárceles en Bogotá. Esta decisión adicional también está siendo cuestionada por las organizaciones sociales, que ven en ella un paso más en la dirección equivocada. Para ellas, trasladar a los negociadores a otra ciudad complica aún más la posibilidad de reanudar conversaciones que requieren presencia y continuidad.

Las organizaciones van más allá de pedir simplemente que se reanuden los diálogos. También exigen al Gobierno que garantice la participación de la sociedad civil organizada como "actor legítimo en la construcción de paz urbana". En su comunicado, subrayan que "el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar condiciones reales para la transformación de los conflictos urbanos, no de debilitar los avances construidos con las comunidades". Esta frase resume el dilema central: ¿cómo responde un gobierno a actos de indisciplina de actores ilegales sin sabotear el proceso más amplio de negociación que podría reducir la violencia de manera estructural?

El escándalo de la fiesta en Itagüí puso al Gobierno en una posición incómoda. Los líderes políticos de Medellín denunciaron públicamente lo que había ocurrido, y Petro no podía ignorar la presión. Pero las organizaciones sociales argumentan que la respuesta fue demasiado severa, que castigó el proceso completo por los excesos de algunos actores. El dilema es real: mantener la negociación después de un acto tan flagrante de desacato podría parecer debilidad, pero suspenderla podría significar perder años de trabajo de construcción de confianza en territorios que han vivido décadas de violencia.

Ahora el proceso está congelado, los cabecillas están dispersos en cárceles de otra ciudad, y las organizaciones sociales que han trabajado en los territorios están pidiendo que se reconsidere. Lo que suceda en las próximas semanas determinará si este proceso de paz urbana puede recuperarse o si la fiesta en la cárcel marcó el punto de quiebre de uno de los esfuerzos más prometedores del Gobierno Petro.