Mincul asegura que recomendaciones de Unesco sobre Chinchero "no son vinculantes"

El Ministerio de Cultura del Perú sostiene que las recomendaciones que formule la Unesco sobre el futuro aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco carecen de carácter obligatorio. Esta posición emerge mientras el Gobierno ya licita las obras de construcción sin haber completado el Estudio de Impacto Patrimonial que la organización internacional solicitó hace más de dos años, un documento que evaluaría los posibles daños al Santuario Histórico de Machu Picchu, al Qhapaq Ñan y a la ciudad de Cusco.

Según el cronograma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en febrero comenzará el movimiento de tierras en las 446 hectáreas destinadas al proyecto, a través de una licitación por 145 millones de dólares. Cuatro meses después, en junio, iniciarán las obras principales de construcción de terminal y pista de aterrizaje. El proyecto está programado para entrar en funcionamiento en 2025. Sin embargo, ninguno de estos procesos cuenta aún con el estudio de impacto patrimonial que Unesco requirió en julio de 2018. El Gobierno pagará 780 mil dólares al consorcio surcoreano encargado de la gestión del proyecto para que elabore este documento "concluyente y definitivo", pero al cierre de la información no había precisado cuándo estaría listo ni cuándo sería enviado a la organización internacional.

Dos años atrás, en enero de 2020, El Comercio accedió a dos estudios de impacto patrimonial elaborados por encargo del Ministerio de Transportes. Ambos documentos identificaron 39 impactos negativos de un total de 60 evaluados, lo que significaba una afectación del 65 por ciento en el patrimonio mundial. A pesar de estos hallazgos, el Ministerio de Cultura desestimó ambos estudios. La institución explicó que la contratación del nuevo EIP se realizó "como consecuencia de una recomendación de la Unesco acogida por el Estado Peruano de forma voluntaria", pero aclaró que las conclusiones y recomendaciones de la organización internacional "no son vinculantes" y que "en ningún caso se refieren a la paralización o continuidad de las obras".

Manuel Rodríguez Cuadros, exembajador del Perú ante la Unesco durante seis años y exvicepresidente del Comité de Patrimonio Mundial, cuestionó esta interpretación. Señaló que el Estado Peruano está obligado a cumplir con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Patrimonio Cultural y Natural, que forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Advirtió que si el Gobierno adopta decisiones que afecten el valor universal excepcional de un bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la Unesco puede incluirlo en la lista de patrimonio en peligro, lo que afecta gravemente el turismo. En casos extremos, la organización puede excluir un bien de la lista si ha sido sistemáticamente dañado. No se puede descartar, concluyó, que Machu Picchu y el Qhapaq Ñan pierdan su designación de Patrimonio Mundial como consecuencia indirecta del proyecto en Chinchero.

José Hayakawa, presidente de Icomos Perú, interpretó el pronunciamiento del Ministerio de Cultura como una posición que sostiene que, dado que Chinchero no es patrimonio mundial, las opiniones de la Unesco sobre el proyecto no son de cumplimiento obligatorio. Criticó que el Ejecutivo presente el estudio de impacto patrimonial como "un simple gesto político" sin incidencia técnica real. "Es una vergüenza que este organismo internacional esté más preocupado por nuestro patrimonio que el propio Gobierno", afirmó. El Ministerio de Cultura reiteró que el Estado Peruano está comprometido a realizar "todos los actos que sean necesarios" para proteger el patrimonio cultural, evaluando y aplicando las medidas de mitigación que resulten pertinentes. Sin embargo, la brecha entre esta declaración y las acciones concretas —continuar con licitaciones sin el estudio requerido— permanece como el nudo central de la controversia.