Las víctimas olvidadas: el reconocimiento pendiente de quienes sufrieron efectos adversos de las vacunas

Cinco años después de que el mundo se detuviera por la pandemia de covid-19, hay un grupo de personas para quienes aquella emergencia nunca terminó. Son quienes desarrollaron efectos adversos graves tras recibir la vacuna: miocarditis, síndrome de trombosis con trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré. Mientras la mayoría de la sociedad ha seguido adelante, estas personas permanecen invisibles, sin mecanismos de compensación, sin registros europeos armonizados, sin el reconocimiento institucional que sus lesiones reclaman.

La velocidad con que se desarrollaron, autorizaron y fabricaron las vacunas contra el covid-19 fue sin precedentes. Fue un logro extraordinario de la ciencia y la industria en un momento de grave emergencia sanitaria. Pero esa rapidez traía consigo una limitación inevitable: ciertos efectos adversos solo podían manifestarse tras millones de dosis y un seguimiento prolongado. Nadie podía saberlo entonces. Durante la campaña de vacunación masiva se detectaron incidentes que motivaron investigaciones y retiradas preventivas: partículas metálicas en lotes distribuidos en Japón, un mosquito en un vial en España. Estos episodios no cuestionan la utilidad de las vacunas, pero evidencian que ningún proceso industrial está exento de riesgos.

Millones de personas se vacunaron confiando en las autoridades sanitarias. Lo hicieron en un contexto marcado por confinamientos, restricciones, certificados covid y fuerte presión social. Las instituciones afirmaron de forma reiterada que las vacunas eran seguras y eficaces, generando una expectativa legítima de confianza en ciudadanos que presumían la buena fe de sus gobiernos. Pero la realidad fue más compleja. Fue una vez iniciadas las campañas masivas cuando comenzaron a reconocerse oficialmente determinados efectos adversos graves. Esto plantea una pregunta incómoda desde la perspectiva bioética y jurídica: ¿pudo ser plenamente libre e informado el consentimiento cuando algunos riesgos solo fueron identificándose progresivamente mediante la farmacovigilancia después de la vacunación?

El discurso público también evolucionó. En las primeras fases se destacó la capacidad de las vacunas para evitar el contagio y reducir la transmisión. Posteriormente, conforme aparecieron nuevas variantes y avanzó el conocimiento científico, el mensaje cambió hacia la reducción de la enfermedad grave, la hospitalización y la mortalidad. Esa evolución era necesaria, pero requería una adaptación constante de las recomendaciones públicas. Mientras tanto, quienes desarrollaron lesiones graves iniciaron un proceso extraordinariamente complejo para obtener reconocimiento. A la enfermedad se sumaron las dificultades para acreditar el nexo causal, la ausencia de protocolos homogéneos, la disparidad de criterios clínicos y un fenómeno ampliamente reconocido de infranotificación de efectos adversos.

Una afirmación de investigadores de Harvard resume bien el dilema: evitar hablar de los efectos adversos de las vacunas no es provacuna, es anticiencia. Reconocer la existencia de personas que sufrieron lesiones graves no implica cuestionar la vacunación ni la ciencia. Al contrario, reafirma uno de los principios esenciales del método científico: el conocimiento progresa revisando continuamente la evidencia disponible. Ningún medicamento está completamente exento de efectos adversos serios, y las vacunas no son una excepción. Por eso existen los sistemas de farmacovigilancia. Tampoco resulta adecuado minimizar esta realidad afirmando únicamente que quienes sufren lesiones graves son casos muy raros. Incluso si su frecuencia fuera reducida, ello no disminuye la gravedad del daño sufrido ni las obligaciones de los poderes públicos hacia quienes lo padecen.

Pese a las reiteradas solicitudes de asociaciones de afectados y a diversas iniciativas parlamentarias, los mecanismos de compensación y registro europeo continúan sin desarrollarse. Las víctimas de los efectos adversos de las vacunas no deberían sentirse obligadas a elegir entre defender la ciencia o defender su propia experiencia. Ambas cosas son compatibles. Escuchar a estas personas, investigar sus patologías, reforzar la farmacovigilancia, garantizar la transparencia y reconocer institucionalmente su situación no debilita la salud pública; la fortalece. Diversas resoluciones del Tribunal General de la Unión Europea apreciaron deficiencias en el acceso a la documentación sobre la contratación de vacunas. La Defensora del Pueblo Europeo declaró mala administración en la gestión de determinados mensajes entre la Presidenta de la Comisión Europea y el director ejecutivo de Pfizer. Estos hechos trascienden el mero acceso documental, pues inciden en la calidad de la información disponible para los ciudadanos y en la confianza que debe presidir toda actuación pública.

La pandemia obliga a reflexionar sobre el papel de las agencias reguladoras. Su misión no consiste únicamente en reaccionar cuando la evidencia científica resulta concluyente, sino en anticipar razonablemente los riesgos emergentes mediante una farmacovigilancia independiente, rigurosa y transparente. Cuando aparecen señales plausibles de seguridad, el principio de prudencia exige una evaluación temprana y preventiva, especialmente cuando se trata de medicamentos novedosos administrados a cientos de millones de personas. En situaciones de emergencia, cuando la urgencia puede llevar a flexibilizar garantías, los derechos fundamentales deben observarse con el máximo rigor, incluido el derecho al consentimiento libre e informado. Estos derechos no son un obstáculo para una respuesta eficaz, sino la principal garantía del Estado de Derecho. Una sociedad democrática debe ser capaz de proteger la salud pública sin abandonar a quienes, actuando con responsabilidad y confianza institucional, sufrieron consecuencias graves. Solo una información transparente, un consentimiento verdaderamente libre e informado, instituciones capaces de anticipar los riesgos y el reconocimiento efectivo de estas personas permitirán fortalecer la confianza ciudadana y afrontar futuras emergencias sanitarias con mayor legitimidad democrática y con pleno respeto a la dignidad humana.