La reunión del Ramón y Cajal desmonta la acusación de Ayuso contra el cirujano Martos

El jueves por la mañana, mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso se dirigía a la Asamblea de Madrid para descartar como un bulo las acusaciones de manipulación en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal, en ese mismo hospital se celebraba una reunión de crisis que desmontaba punto por punto su versión de los hechos. En esa sesión, grabada y obtenida por El País, los tres máximos responsables del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología admitieron sin ambigüedad que ellos, no el cirujano Luis Alberto Martos como sostenía Ayuso, habían alterado la clasificación de 57 pacientes, rebajándolos de la categoría de prioritarios a normales. Con esa decisión, ampliaban sus tiempos de espera quirúrgica de 90 a 180 días.

La polémica había estallado dos días antes cuando El País reveló esa modificación de las listas. Ayuso respondió con dureza, reduciendo el asunto a lo que llamó la manipulación de un individuo y tachando la noticia de bulo. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, había hecho un ataque similar contra Martos el día anterior. Ambas aprovecharon para recordar que el cirujano había sido acusado años atrás de haber rajado las ruedas del coche de su jefe, de la Torre, aunque Martos fue absuelto judicialmente de esa acusación. La estrategia parecía clara: desacreditar al mensajero para enterrar el mensaje.

Pero el audio de la reunión de crisis reveló otra realidad. El director médico Rafael Martínez, el jefe de servicio Basilio de la Torre y el subdirector quirúrgico Enrique Aracil hablaron ante unos cincuenta colegas de Martos y explicaron cómo habían tomado esa decisión. Aracil fue el más explícito: "Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales", dijo, justificando que algunos cirujanos abusaban de la clasificación de pacientes como prioritarios. Los tres reconocieron que no habían consultado con todos los médicos afectados, solo con algunos, y que los cambios se hicieron sin el consentimiento de quienes originalmente habían clasificado a esos pacientes.

La doctora Susana Alonso, colega y pareja de Martos, protestó en la reunión: "No pueden cambiar el criterio del cirujano sin contar con él". De la Torre respondió que era un asunto legal, que no podían mantener enfermos clasificados como prioritarios con diagnósticos que consideraban convencionales esperando 200 días. Cuando Alonso insistió en si habían comunicado los cambios a los pacientes y a los cirujanos, de la Torre admitió que solo había hablado con algunos, argumentando que los recursos eran limitados y la demanda muy grande. El equipo, dijo, estaba "fallando estrepitosamente" porque no lograba operar a los pacientes prioritarios en menos de 90 días, el objetivo que les marcaba la Consejería de Sanidad.

Lo que emergía de esa conversación era un cuadro de sanidad pública bajo presión extrema. Los directivos negaron que el motivo de los cambios fuera económico, pero la lógica subyacente era evidente: si no podían cumplir con los objetivos de operaciones a tiempo, al menos podían cambiar la clasificación de los pacientes para que pareciera que sí los cumplían. Los incentivos salariales que percibían por alcanzar esas metas de productividad añadían una dimensión incómoda al asunto.

Martos, presente en la reunión, se defendió con dureza. Acusó a los directivos de ser los culpables y denunció que lo estaban machacando porque "hay que matar al mensajero". Un compañero suyo pidió que la dirección emitiera un desmentido público de las acusaciones de Matute, pero Martínez rechazó la propuesta, argumentando que el asunto había trascendido al hospital y se había convertido en una cuestión de enfrentamiento político y mediático. Luego acusó a Martos de haber cruzado una línea roja al denunciar la situación en la prensa, diciendo que había puesto en entredicho el nombre del hospital.

De la Torre, por su parte, reconoció que Martos había sido absuelto de las acusaciones sobre las ruedas pinchadas, pero añadió que esa absolución se debía a que él no acudió al juzgado para ratificar su denuncia. Luego asumió responsabilidad sobre lo ocurrido con la lista de espera: "El mayor responsable de lo que aquí pueda ocurrir soy yo", dijo. Cuando Martos preguntó qué investigarían si ya tenían un culpable, la pregunta quedó sin respuesta clara.

La reunión dejaba al descubierto no solo quién había hecho realmente los cambios en las listas, sino también las fracturas profundas en la sanidad pública madrileña: recursos insuficientes, objetivos imposibles de cumplir, y un sistema de incentivos que podía crear perversos estímulos para alterar datos. La acusación de Ayuso contra Martos se desmoronaba en el audio, pero la pregunta más incómoda permanecía: cuántas veces había ocurrido algo similar en otros hospitales, sin que nadie lo denunciara.