Informe alerta sobre escalada criminal en triple frontera por convergencia de narcotráfico y minería ilegal

En marzo de este año, tropas ecuatorianas ejecutaron una operación militar en la provincia de Sucumbíos con respaldo estadounidense. Las autoridades la presentaron como un golpe contra una estructura de narcoterrorismo. Pero el dueño del terreno donde ocurrió contó una historia distinta: preguntó cómo podía ser un campamento de entrenamiento en una zona ganadera. El New York Times después verificó su versión. Días más tarde, una bomba de 500 libras sin detonar apareció en territorio colombiano, cerca de Jardines de Sucumbíos. El presidente Gustavo Petro culpó a Ecuador; Daniel Noboa lo negó. Una investigación conjunta concluyó que la munición provenía del bombardeo ecuatoriano de días antes. Estos episodios no son aislados. Son síntomas de una transformación profunda en la Amazonía compartida por Colombia, Ecuador y Perú.

Un informe elaborado por Amazon Underworld, Amazon Watch y Al Margen, titulado "Triple amenaza: Geopolítica, economías ilegales y los riesgos de la guerra contra el narcoterrorismo en la triple frontera Colombia-Ecuador-Perú", documenta cómo la región enfrenta una convergencia de factores que podría intensificar el conflicto armado, agravar las tensiones diplomáticas y profundizar la crisis humanitaria. La investigación identifica tres dinámicas entrelazadas: la expansión de economías criminales, un nuevo escenario geopolítico marcado por gobiernos que priorizan estrategias militares, y una mayor presencia estadounidense a través de lo que se conoce como Escudo de las Américas, una estrategia diseñada para combatir organizaciones criminales transnacionales bajo el marco de una "guerra contra organizaciones terroristas extranjeras".

Lo que más ha cambiado en la región es el desplazamiento del narcotráfico como principal fuente de ingresos criminales. La minería ilegal de oro ha ganado terreno de manera acelerada. Un líder comunitario citado en el informe lo resume así: la minería ilegal es ahora lo fuerte porque en Colombia ya no se habla mucho de la coca, pues no la están comprando ni hay comercialización. Las dos economías funcionan de forma complementaria. El dinero del narcotráfico financia operaciones mineras ilegales, mientras que el comercio del oro lava dinero y fortalece las finanzas de las organizaciones criminales. Esta transformación económica ha reconfigurado el poder en la frontera.

Los Comandos de la Frontera, la organización criminal que domina la región, han consolidado su influencia a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, extendiendo su control desde Colombia hacia Ecuador, Perú e incluso Brasil. Un funcionario ecuatoriano reconoció en el informe que los integrantes del grupo cruzan la frontera de un lado a otro y que las Fuerzas Armadas han perdido el control sobre ese tramo. En Perú, funcionarios describen el territorio como una "zona de descanso" para la organización, una plataforma desde la cual financian actividades de minería ilegal y narcotráfico. Pero los Comandos de la Frontera no operan solos. En la región convergen otras estructuras: el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el Estado Mayor Central, Los Lobos, Los Choneros y el Comando Vermelho de Brasil, creando un escenario criminal cada vez más complejo y fragmentado.

Las respuestas militares, según el informe, no están resolviendo el problema. Por el contrario, las operaciones de fuerza han afectado a comunidades civiles y generado denuncias por violaciones a derechos humanos. En Ecuador, existen reportes sobre torturas y desapariciones forzadas durante operaciones militares ejecutadas en el marco del conflicto armado interno que el país declaró. El informe reconoce que en Putumayo los homicidios y desplazamientos disminuyeron durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y los Comandos de la Frontera, pero advierte que esa reducción de violencia no significa recuperación del control estatal. Los grupos armados mantienen mecanismos de coerción, regulación social y control económico. La lenta implementación de los acuerdos de paz ha permitido que estas organizaciones consoliden su influencia sobre amplios territorios de la frontera amazónica.

Los autores del estudio sostienen que insistir únicamente en estrategias de mano dura podría agravar el conflicto. Estos enfoques subestiman cómo opera el crimen organizado, no solo a través de la violencia sino mediante su penetración en las economías e instituciones locales. Además, corren el riesgo de alienar aún más a las comunidades, cuyo apoyo es esencial para restaurar la autoridad del Estado y reducir la inseguridad. La investigación propone combinar acciones focalizadas contra las finanzas del crimen organizado con programas de protección para las comunidades, fortalecimiento institucional y políticas de desarrollo que reduzcan la dependencia de las economías ilegales. El futuro de la Amazonía, concluyen los investigadores, dependerá menos del incremento de operaciones militares y mucho más de la capacidad de los Estados para recuperar la gobernanza, proteger a las comunidades y evitar que la triple frontera siga consolidándose como uno de los principales corredores del crimen organizado en América Latina.