Garland defiende el registro de Mar-a-Lago y pide al juez publicar la orden

Tres días después de que agentes federales irrumpieran en Mar-a-Lago, el fiscal general Merrick Garland compareció ante los medios en Washington para romper su silencio sobre la operación más controvertida de su mandato. No ofreció detalles —la ley se lo impedía, argumentó— pero sí hizo algo que Trump aún no había hecho: defender públicamente lo que había sucedido. Garland anunció que solicitaría al juez que permitiera publicar la orden de registro, alegando que el interés público justificaba levantar el secreto sobre un documento que normalmente permanecería bajo sello.

La decisión de registrar la residencia de un expresidente estadounidense no era menor. Garland subrayó que la había aprobado personalmente y que en el Departamento de Justicia tales decisiones "no se toman a la ligera". Explicó que la práctica habitual era buscar alternativas menos invasivas antes de recurrir a un registro, y que cuando se procedía a uno, se limitaba cuidadosamente su alcance. Luego defendió la integridad de los agentes del FBI y los fiscales que habían ejecutado la orden, rechazando lo que llamó "ataques infundados" contra su profesionalismo. No respondió preguntas.

La orden de registro, un documento de cinco páginas, había sido entregada a los representantes de Trump cuando se ejecutó. Pero fue el propio expresidente quien la hizo pública al emitir una declaración reconociendo que el FBI había actuado. Eso cambió el cálculo legal. El Departamento de Justicia argumentó en su moción ante el tribunal del sur de Florida que, una vez Trump había confirmado públicamente el registro y sus abogados habían hecho declaraciones sobre lo que se buscaba, el secreto ya no servía a su propósito original. El interés público en entender qué había ocurrido pesaba más que mantener la orden bajo sello. La pelota estaba ahora en la cancha de Trump: podía oponerse a su publicación, pero hacerlo debilitaría su narrativa de persecución política.

Lo que había llevado a los agentes hasta Mar-a-Lago era una cadena de incumplimientos. La ley federal exige que los presidentes entreguen todos los documentos presidenciales a los Archivos Nacionales al dejar el cargo. Trump no lo hizo. En mayo de 2021, personal de los Archivos se dirigió a él para interesarse por documentación faltante. En enero de 2022, ante la amenaza de acciones más drásticas, Trump entregó quince cajas. Entre ellas había cartas del líder norcoreano Kim Jong-un, una nota que Barack Obama le había dejado en su último día en el Despacho Oval, y documentos clasificados como secretos. En febrero, los Archivos pidieron al Departamento de Justicia que abriera una investigación.

La primavera anterior al registro, agentes federales habían visitado Mar-a-Lago. Se reunieron con abogados de Trump, le pidieron que mostrara dónde guardaba los documentos presidenciales, y comprobaron que aún los tenía. Trump reconoció después esa visita, pero la describió de manera muy distinta: dijo que el FBI le había pedido que instalara una cerradura adicional en la puerta del almacén, que luego el FBI había arrancado sin previo aviso. Lo que los agentes encontraron en el registro fue suficiente para justificar la operación: aproximadamente una decena de cajas con documentos, localizadas gracias a información confidencial de una fuente lo bastante cercana a Trump como para saber qué documentos clasificados estaban en la propiedad y dónde encontrarlos.

Trump intentó enmarcar el registro como persecución política. Escribió en su red social que había sido "un ataque sorpresa, POLÍTICO" y comparó su situación con la de Obama, preguntando por qué el FBI no había registrado la casa de su predecesor en Martha's Vineyard. Pero no consta que Obama se hubiera llevado documentos clasificados de la Casa Blanca, ni que hubiera incumplido ningún requerimiento de devolución. Obama sí se llevó documentos, pero con el propósito declarado de digitalizarlos, algo que tampoco consta que finalmente hiciera.

La ley penal estadounidense castiga a quien oculta, elimina, mutila, borra, falsifica o destruye voluntaria e ilegalmente documentos federales bajo su custodia con penas que van desde multa hasta tres años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Otra norma impone penas de uno a cinco años a quienes se apoderan o destruyen documentos clasificados. El registro había elevado la tensión política en un país ya profundamente dividido. Dos días antes de la operación del FBI, Biden se había reunido durante dos horas con historiadores para hablar sobre los riesgos que enfrentaba la democracia estadounidense, una conversación que The Washington Post revelaría después, en la que se comparó la situación actual incluso con la previa a la Guerra Civil. La Casa Blanca se mantuvo al margen, insistiendo en que nadie había sido advertido previamente de lo que iba a suceder.