En el cruce entre la soberanía nacional y la presión geopolítica, el Gobierno de De la Espriella ha resucitado la aspersión aérea como gesto de buena voluntad ante Washington, apostando por el glufosinato de amonio como sustituto del glifosato. La medida, sin embargo, choca con una arquitectura jurídica y ambiental que el propio Estado colombiano construyó durante años para proteger territorios y comunidades vulnerables. Lo que se debate no es solo una técnica agrícola, sino la pregunta de fondo que Colombia lleva décadas sin responder: ¿quién paga el costo real de la guerra contra las drogas?
De la Espriella acelera aspersión aérea mientras Washington evalúa su gestión antidrogas
La aspersión aérea con glufosinato de amonio podría afectar la salud de comunidades indígenas y campesinas en Putumayo, contaminar fuentes de agua, comprometer la seguridad alimentaria y dañar ecosistemas de alta biodiversidad.
El Gobierno quiere probar el glufosinato de amonio para combatir los cultivos d…
Mark
What happened here?
Mimi
De la Espriella reactiva la aspersión aérea contra los cultivos de coca y Estados Unidos toma nota.
Mark
Give me the shape of it.
Mimi
El Gobierno quiere probar el glufosinato de amonio para combatir los cultivos de coca, pero un juez suspendió el plan piloto. La medida enfrenta exigencias ambientales, judiciales y de consulta previ…
Mark
What should we watch for?
Mimi
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Le Pouls
- De la Espriella derogó la resolución de 2015 que prohibía la fumigación aérea y lanzó un plan piloto con glufosinato de amonio en Putumayo, enviando una señal directa a la administración Trump sobre su voluntad antinarcóticos.
- Un juzgado suspendió provisionalmente el plan piloto al detectar riesgos serios para la salud humana y los ecosistemas, poniendo en jaque el cronograma del Gobierno antes de que el herbicida tocara tierra.
- La Corte Constitucional mantiene exigencias vigentes: estudios científicos rigurosos, consulta previa con comunidades indígenas y campesinas, y controles institucionales que el Ejecutivo aún no ha acreditado.
- Comunidades en Putumayo advierten que la aspersión podría contaminar fuentes de agua, destruir cultivos de pancoger y dañar una biodiversidad que ningún decreto puede reponer.
- La certificación antidrogas de Estados Unidos se aproxima; aunque el historial que se evalúa corresponde en gran parte a la gestión Petro, una calificación negativa recaerá políticamente sobre el nuevo Gobierno y acelerará su urgencia de mostrar resultados.
En el cruce entre la soberanía nacional y la presión geopolítica, el Gobierno de De la Espriella ha resucitado la aspersión aérea como gesto de buena voluntad ante Washington, apostando por el glufosinato de amonio como sustituto del glifosato. La medida, sin embargo, choca con una arquitectura jurídica y ambiental que el propio Estado colombiano construyó durante años para proteger territorios y comunidades vulnerables. Lo que se debate no es solo una técnica agrícola, sino la pregunta de fondo que Colombia lleva décadas sin responder: ¿quién paga el costo real de la guerra contra las drogas?
El presidente Abelardo de la Espriella llegó al poder con la convicción de que la política de paz total de su antecesor había dejado al país sin herramientas creíbles frente al narcotráfico. Su primera señal concreta en ese frente fue derogar la resolución de 2015 que suspendía la fumigación aérea de cultivos de coca, e impulsar un plan piloto en Putumayo con glufosinato de amonio, un herbicida que el Gobierno presenta como alternativa menos dañina que el glifosato.
La urgencia no es solo ideológica. Washington observa. La administración Trump ha dejado claro que espera acciones visibles en materia antidrogas, y la certificación anual —que evalúa principalmente la gestión del gobierno anterior— se conocerá en las próximas semanas. Una designación negativa no hundiría formalmente a De la Espriella, pero lo colocaría en una posición incómoda desde el inicio de su mandato.
Sin embargo, el camino está sembrado de obstáculos que el Ejecutivo no puede ignorar por decreto. Un juzgado ya suspendió provisionalmente el plan piloto, citando riesgos documentados para la salud de las poblaciones rurales y para los ecosistemas de una de las regiones con mayor biodiversidad del país. La Corte Constitucional, por su parte, mantiene en pie una jurisprudencia que exige estudios científicos independientes, procesos de consulta previa con comunidades indígenas y campesinas, y mecanismos de control institucional antes de que cualquier aeronave despegue con herbicida a bordo.
En Putumayo, las comunidades que vivirían bajo esa nube no hablan de política exterior: hablan de sus chagras, de los ríos donde pescan, de los niños que beben agua de quebradas que podrían quedar contaminadas. Para ellas, el debate sobre certificaciones y relaciones bilaterales es abstracto; el daño potencial, concreto e irreversible.
El Gobierno de De la Espriella se encuentra así atrapado entre dos presiones que apuntan en sentidos opuestos: la de Washington, que pide resultados medibles en erradicación, y la del ordenamiento jurídico colombiano, que exige garantías antes de actuar. Cómo resuelva esa tensión —si es que puede resolverla— definirá en buena medida el tono de su política de seguridad en los meses que vienen.
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El presidente Abelardo de la Espriella tiene prisa. No solo por su convicción de que la mano dura es la respuesta adecuada al problema del narcotráfico, sino porque sabe que su Gobierno está bajo la mirada de Washington. Y a Donald Trump l…
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