En un momento en que la violencia y la extorsión amenazan la circulación cotidiana de personas y mercancías, la presidenta Keiko Fujimori reunió a los gremios del transporte peruano para tender puentes entre el Estado y quienes mueven al país. Las medidas anunciadas el 22 de agosto buscan articular regulación, seguridad ciudadana y tecnología en una respuesta que reconoce que ninguna institución puede enfrentar sola la criminalidad organizada. En el fondo, el encuentro revela una verdad antigua: la confianza entre gobernantes y trabajadores debe construirse en la misma mesa donde se nombran lo
Fujimori anuncia medidas de seguridad para transportistas con dos mesas de trabajo
Para enfrentar la delincuencia hay que articular todas las instituciones
¿Por qué la presidenta decidió crear dos mesas de trabajo en lugar de una sola?
Porque los problemas del transporte son complejos. Una mesa no alcanza. Necesitaban separar lo que es regulación estatal —impuestos, normas, trámites— de lo que es seguridad pura. Así cada ministerio se enfoca en su área.
¿Qué tan grave es el problema de las extorsiones en el transporte?
Tan grave que la presidenta tuvo que nombrar específicamente a operadores de celulares y bancos. Eso significa que los delincuentes están usando esos canales para cobrar. No es un problema marginal.
¿Por qué Rey cuestionó el sistema de multas si estaban hablando de seguridad?
Porque los transportistas tienen dos dolores de cabeza: la delincuencia y la fiscalización del Estado. Rey reconoció que el sistema de infracciones es injusto, así que ofreció regularización. Es una concesión para ganarse confianza.
¿Qué significa que el 85 por ciento del sector estuviera en esa sala?
Que la mayoría de transportistas operativos apoyaba el diálogo. Había otros dirigentes convocando a paros, pero Quispe y Rau Rau dejaron claro que ellos no. Es una forma de decir: nosotros estamos con el Gobierno.
¿Qué viene ahora?
El Decreto Supremo sobre regularización de multas, que es lo más concreto. Pero lo importante es si esas dos mesas de trabajo realmente funcionan como canales permanentes o si se disuelven después de unos meses.
Der Puls
- La extorsión y la delincuencia han convertido paraderos, buses y empresas de transporte en escenarios de miedo cotidiano para miles de trabajadores peruanos.
- El sector llegó a la reunión dividido: mientras algunos dirigentes convocaban a paros, representantes del 85% del transporte operante optaron por el diálogo con el Ejecutivo.
- El Gobierno propone dos mesas permanentes de coordinación —una sobre regulación liderada por Transportes y otra sobre seguridad conducida por Interior— para que los transportistas tengan voz directa en las decisiones que los afectan.
- La estrategia antiextorsión incorporará a operadores de telefonía y al sistema financiero, reconociendo que el crimen usa esos canales para cobrar cupos.
- Un decreto supremo en preparación busca regularizar multas de tránsito y revisar el sistema de puntos, aunque excluirá infracciones graves como conducir ebrio o sin licencia.
- Los líderes gremiales que participaron cerraron el encuentro respaldando las medidas y rechazando públicamente cualquier convocatoria a paralización.
En un momento en que la violencia y la extorsión amenazan la circulación cotidiana de personas y mercancías, la presidenta Keiko Fujimori reunió a los gremios del transporte peruano para tender puentes entre el Estado y quienes mueven al país. Las medidas anunciadas el 22 de agosto buscan articular regulación, seguridad ciudadana y tecnología en una respuesta que reconoce que ninguna institución puede enfrentar sola la criminalidad organizada. En el fondo, el encuentro revela una verdad antigua: la confianza entre gobernantes y trabajadores debe construirse en la misma mesa donde se nombran los problemas.
La presidenta Keiko Fujimori convocó el 22 de agosto a dirigentes de transporte público, interprovincial y de carga pesada —provenientes de Lima, Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash— a la sede del Ministerio del Interior. Junto a ellos estuvieron los ministros César Astudillo e Rafael Rey, la senadora Martha Moyano y altos mandos de la Policía Nacional. El propósito: anunciar una respuesta coordinada frente a la inseguridad y la extorsión que golpean al sector.
El eje de la propuesta fue la creación de dos mesas de trabajo permanentes. La primera, liderada por el Ministerio de Transportes con participación del MEF y la Sunat, atenderá demandas de regulación y fiscalización. La segunda, conducida por el Ministerio del Interior, se concentrará en seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. Fujimori subrayó que combatir las extorsiones exige sumar nuevos actores: operadores de telefonía celular y entidades financieras, canales que el crimen organizado utiliza para cobrar cupos. También se anunció mayor presencia policial en empresas y paraderos, expansión de unidades de flagrancia y uso de tecnología de inteligencia.
El ministro Rafael Rey presentó un proyecto de Decreto Supremo para regularizar multas de tránsito y revisar el sistema acumulativo de puntos, al que calificó de abusivo. La norma excluiría, sin embargo, infracciones graves como conducir bajo efectos del alcohol, sin licencia o con licencia suspendida.
Al cierre, José Quispe, de Transportes Unidos, aclaró que su organización no había convocado ninguna paralización y que los presentes representaban cerca del 85% del sector operante. Julio Rau Rau, presidente de CONET-Perú, rechazó igualmente los llamados a paro de otros dirigentes y expresó el respaldo de sus agremiados a las acciones del Ejecutivo.
La presidenta Keiko Fujimori convocó a representantes de gremios de transporte a la sede del Ministerio del Interior para anunciar un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la inseguridad que aqueja al sector. La reunión, celebrada el 22 de agosto, congregó a dirigentes de organizaciones de transporte público, interprovincial y de carga pesada de Lima y varias regiones del país, incluyendo Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash. Junto a los transportistas estuvieron presentes los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Rey (Transportes y Comunicaciones), la senadora Martha Moyano y altos mandos de la Policía Nacional.
El núcleo de la propuesta presidencial giró en torno a la creación de dos mesas de trabajo que funcionarían como canales permanentes de coordinación entre el Ejecutivo y el sector transporte. La primera mesa, liderada por el Ministerio de Transportes, abordará cuestiones de regulación estatal e incluirá la participación del Ministerio de Economía y la Sunat, permitiendo que los transportistas expongan directamente sus demandas sobre normativa y fiscalización. La segunda mesa, conducida por el Ministerio del Interior, se enfocará en fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia que afecta a empresas y trabajadores del transporte.
Fujimori enfatizó que la respuesta a la delincuencia requiere articulación entre todas las instituciones del Estado. Reconoció que la lucha contra las extorsiones demanda incorporar nuevos actores en la estrategia de seguridad: operadores de telefonía celular y entidades del sistema financiero, ya que estos canales son utilizados para cobrar cupos y extorsiones. El Gobierno también anunció incrementos en la presencia policial en empresas de transporte, paraderos y buses, así como la expansión de unidades de flagrancia, operativos de control territorial e incorporación de tecnología para fortalecer las herramientas policiales. Fujimori también mencionó cambios en el sistema migratorio y de expulsiones para actuar contra extranjeros en situación irregular que participan en actividades delictivas.
El ministro Rafael Rey presentó un proyecto de Decreto Supremo que establecería un régimen excepcional y temporal para facilitar la regularización de multas de tránsito y transporte terrestre. Rey cuestionó los montos actuales de las infracciones y el sistema acumulativo de puntos, calificándolos de abusivos y absurdos, e indicó que se trabaja en una norma complementaria para revisar ese esquema. Sin embargo, quedarían excluidas de la regularización las infracciones por conducir bajo efectos del alcohol o drogas, conducir con licencia suspendida o sin licencia, y determinadas faltas vinculadas con inspección técnica vehicular, SOAT, informalidad del servicio y agresiones contra inspectores.
Al cierre de la reunión, José Quispe, representante de Transportes Unidos, agradeció la convocatoria y aclaró que su organización no había convocado a ninguna paralización, señalando que los participantes en el encuentro representaban aproximadamente el 85 por ciento del sector operante. Quispe expresó respaldo a las medidas anunciadas y a las labores de la Policía Nacional. Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (CONET-Perú), también rechazó convocatorias a paros realizadas por otros dirigentes y manifestó la disposición de sus agremiados para respaldar las acciones del Ejecutivo.
Bemerkenswerte Zitate
Vamos a establecer dos mesas de trabajo, divididas en dos conceptos. Una tiene que ver con la regulación del Estado, que va a estar liderada por el ministro de Transportes, en la que vamos a pedir también que participe el ministro de Economía y la Sunat— Presidenta Keiko Fujimori
Para enfrentar a la delincuencia tenemos que articular todas las instituciones del Estado. Y lo primero que hemos querido hacer es motivar a los hombres que están en primera línea: nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas— Presidenta Keiko Fujimori