En las semanas que siguieron al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, la investigación reveló una verdad perturbadora: quienes debían protegerlo pudieron haber contribuido a su muerte. La geolocalización de teléfonos móviles situó a dos de sus escoltas junto a uno de los implicados en el crimen, meses antes del atentado. Ante la inacción que su viuda, María Claudia Tarazona, denunció públicamente, el Gobierno renovó finalmente el esquema de seguridad familiar, aunque la pregunta más honda permanece abierta: ¿hasta dónde llega la infiltración del crimen organizado dentro d
Renuevan esquema de seguridad de familia Tarazona por infiltración en protección de Uribe
El senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado el 7 de junio de 2025, dejando viuda a María Claudia Tarazona y comprometiendo la seguridad de su familia.
El esquema no ha sido cambiado, pese a estar infiltrado
Mark
¿Cómo es posible que dos escoltas de un senador se reúnan con criminales sin que nadie lo detecte en el momento?
Mimi
Los investigadores lo descubrieron después, mediante geolocalización de celulares. Los encuentros ocurrieron meses antes del atentado, en enero y abril. Nadie sabía entonces que esos hombres estaban comprometidos.
Mark
¿Qué información podrían haber pasado los escoltas?
Mimi
Eso es lo que preocupa más. Tenían acceso a los movimientos, las rutas, los horarios del senador. Información que cualquier criminal necesitaría para planificar un atentado.
Mark
¿Por qué María Claudia Tarazona tuvo que denunciar esto públicamente?
Mimi
Porque llevaba semanas pidiendo al Gobierno que cambiara el esquema de seguridad y nadie respondía. Ella ya sabía que estaba infiltrado, pero su familia seguía siendo protegida por los mismos hombres.
Mark
¿Qué tan profunda es esta infiltración en la Unidad Nacional de Protección?
Mimi
Eso es lo que el Gobierno ahora está investigando. Lara mismo dijo que les preocupa profundamente. No saben si es un caso aislado o si hay más comprometidos.
Mark
¿Qué cambió después de que Tarazona hablara?
Mimi
El Gobierno actuó rápido. Renovaron el esquema de seguridad de la familia. Pero la pregunta que queda es: ¿a quién le asignaron ahora? ¿Cómo confían en que los nuevos escoltas no están también infiltrados?
O Pulso
- Dos escoltas del senador asesinado fueron ubicados, mediante geolocalización, en los mismos lugares que uno de los criminales meses antes del ataque, revelando una traición desde adentro.
- La viuda, María Claudia Tarazona, denunció en redes sociales que su esquema de seguridad seguía comprometido mientras el Gobierno ignoraba sus cartas y peticiones formales de cambio.
- La presión pública forzó una respuesta: el director de la Unidad Nacional de Protección renovó el esquema familiar y la Policía Nacional respaldó la medida.
- El ministro del Interior calificó de 'muy preocupante' la posible infiltración del crimen organizado dentro de la UNP, advirtiendo que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias.
- El partido Centro Democrático exigió investigaciones para medir la magnitud de las infiltraciones en todo el sistema de protección del Estado, poniendo en evidencia una vulnerabilidad estructural.
En las semanas que siguieron al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, la investigación reveló una verdad perturbadora: quienes debían protegerlo pudieron haber contribuido a su muerte. La geolocalización de teléfonos móviles situó a dos de sus escoltas junto a uno de los implicados en el crimen, meses antes del atentado. Ante la inacción que su viuda, María Claudia Tarazona, denunció públicamente, el Gobierno renovó finalmente el esquema de seguridad familiar, aunque la pregunta más honda permanece abierta: ¿hasta dónde llega la infiltración del crimen organizado dentro del propio Estado encargado de proteger a sus servidores?
A finales de agosto, el ministro del Interior Rodrigo Lara confirmó que el esquema de seguridad de la familia de María Claudia Tarazona había sido renovado, semanas después de que la investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay destapara una conexión alarmante: dos de sus escoltas se habían reunido con uno de los implicados en el crimen antes del atentado del 7 de junio de 2025.
Los investigadores reconstruyeron esos encuentros mediante geolocalización de celulares, situando a los escoltas junto al criminal en el barrio Modelia de Bogotá —escenario del ataque— y en las cercanías del Congreso, en enero y abril de ese año. La posibilidad de que quienes debían proteger al senador hubieran suministrado información para su magnicidio transformó el caso en algo más que un homicidio político.
Fue Tarazona quien rompió el silencio. A través de redes sociales, denunció que la Fiscalía le había confirmado la infiltración del esquema y que, pese a haber enviado cartas formales al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitando el cambio inmediato del equipo de protección, ninguna entidad estatal le había respondido. Su publicación fue un acto de desesperación ante lo que vivía como abandono institucional.
La respuesta llegó tras la presión pública. Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, procedió a renovar el esquema, respaldado por el director general de la Policía Nacional. Sin embargo, Lara fue más allá del anuncio operativo: calificó como 'muy preocupante' la posible penetración del crimen organizado dentro de la propia UNP y exigió que la investigación avance sin límites.
El partido Centro Democrático, al que pertenecía Uribe, pidió determinar la magnitud real de las infiltraciones en el sistema de protección del Estado. El caso expone una grieta profunda: la posibilidad de que los organismos creados para blindar a los funcionarios públicos sean, ellos mismos, el punto de entrada del peligro.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó a finales de agosto que el esquema de seguridad asignado a la familia de María Claudia Tarazona había sido renovado. La medida llegaba semanas después de que investigadores descubrieran algo inquietante: dos de los escoltas que protegían al senador Miguel Uribe antes de su asesinato en junio de 2025 se habían reunido con uno de los implicados en el crimen.
La investigación del homicidio de Uribe, quien era precandidato presidencial, reveló estas conexiones a través de la geolocalización de celulares. Los investigadores ubicaron a los dos escoltas en dos lugares específicos donde también estuvo presente uno de los criminales: el barrio Modelia de Bogotá, sitio del atentado, y las cercanías del Congreso de la República. Estos encuentros ocurrieron en enero y abril de 2025, meses antes del ataque armado perpetrado el 7 de junio.
María Claudia Tarazona, viuda del senador, fue quien primero hizo pública la infiltración. A través de una publicación en redes sociales, denunció que la Fiscalía General de la Nación le había informado que su esquema de seguridad estaba comprometido y que algunos de los hombres que lo integraban presuntamente colaboraron suministrando información para el magnicidio de su esposo. Lo más preocupante para ella era que, en el momento de su denuncia, el esquema aún no había sido modificado a pesar de sus solicitudes formales al Gobierno.
Tarazona explicó que había enviado cartas y peticiones oficiales a la administración del presidente Abelardo de la Espriella solicitando el cambio inmediato del equipo de protección. Sin embargo, aseguró no haber recibido respuestas de ninguna entidad estatal ni contacto directo de miembros del Gobierno para abordar la situación. Su denuncia pública fue un acto de frustración ante lo que percibía como inacción.
La respuesta del Gobierno llegó rápidamente. Lara confirmó que la Policía Nacional ya había tomado medidas y que Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, procedió a renovar el esquema de seguridad de la familia Tarazona. El director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, respaldó esta información. Sin embargo, el ministro también expresó una preocupación más profunda: la posible infiltración del crimen organizado dentro de la propia Unidad Nacional de Protección.
En su comunicado, Lara calificó como "muy preocupante" la información sobre la presunta complicidad de miembros del esquema de Uribe con sus asesinos. Señaló que la investigación debe avanzar hasta sus últimas consecuencias y que el Gobierno está alarmado por la infiltración del crimen en la UNP. A pesar de esta preocupación, reiteró el compromiso de la administración en la lucha contra el crimen y ofreció solidaridad a la familia del senador asesinado.
El partido Centro Democrático, al que pertenecía Uribe, también se pronunció pidiendo a las autoridades competentes que adelanten investigaciones para determinar la magnitud de las infiltraciones en el sistema de protección del Estado y específicamente en la Unidad Nacional de Protección. El caso pone de manifiesto una vulnerabilidad crítica: la posibilidad de que los propios organismos encargados de proteger a funcionarios públicos puedan estar comprometidos desde adentro.
Citações Notáveis
La información sobre la presunta complicidad de miembros del esquema de Miguel Uribe con sus asesinos es muy preocupante y debe investigarse hasta las últimas consecuencias— Rodrigo Lara, ministro del Interior
El esquema de seguridad que hoy tiene asignado mi familia, presuntamente, está infiltrado. Algunos de sus integrantes habrían colaborado suministrando información para el magnicidio de mi esposo— María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe
Quer a matéria completa?
Leia o original em Infobae ↗
General News