Fujimori anuncia derogación de ley de puntos y reduce multas al 10% para transportistas

Las sanciones se cobrarán al 10 por ciento, pero las faltas graves quedan fuera
El beneficio de multas anunciado por el Gobierno tiene límites claros que excluyen infracciones como conducir bajo alcohol.
Mark

¿Por qué el Gobierno decidió derogar completamente la ley de puntos en lugar de simplemente reformarla?

Mimi

La derogación responde a un reclamo histórico del sector transporte. El sistema de puntos se percibía como punitivo sin ofrecer soluciones reales. Al derogarlo, el Gobierno reconoce que necesita un esquema completamente nuevo, diseñado con los transportistas, no impuesto sobre ellos.

Mark

¿Qué tan significativa es la reducción al 10 por ciento de las multas?

Mimi

Es un alivio inmediato pero temporal. Para un transportista con multas acumuladas, representa una diferencia real en el flujo de caja. Pero el beneficio tiene límites claros: no cubre infracciones graves, y depende de un decreto que aún no existe.

Mark

¿Cuál es el verdadero problema de seguridad que enfrentan estos transportistas?

Mimi

La extorsión y los ataques violentos. No es un problema administrativo sino de criminalidad. Por eso la segunda mesa de trabajo es tan importante: sin seguridad, ninguna reducción de multas resuelve el problema real.

Mark

¿Qué tan probable es que estas medidas se implementen realmente?

Mimi

Eso depende de los decretos. El Gobierno hizo anuncios públicos, los gremios retiraron el paro. Ahora viene la parte difícil: formalizar todo en normas que funcionen en la práctica.

Mark

¿Hay ganadores y perdedores en este acuerdo?

Mimi

Los transportistas ganan tiempo y alivio financiero. El Gobierno evita un paro que habría paralizado Lima. Pero los ciudadanos que dependen del transporte público siguen esperando que la seguridad mejore de verdad.

  • Un paro nacional de transportistas programado para el 25 de agosto presionó al gobierno a actuar con urgencia antes de que la paralización afectara a millones de ciudadanos.
  • Los gremios acumulaban meses de frustración por multas que consideraban abusivas y por la violencia y extorsiones que enfrentan a diario en las rutas.
  • Fujimori anunció la derogación total de la ley de puntos y una reducción temporal de multas al diez por ciento, medidas que los transportistas recibieron como señal de que fueron escuchados.
  • Dos mesas de trabajo —una sobre sanciones bajo Rafael Rey y otra sobre seguridad bajo César Astudillo— intentan canalizar los reclamos hacia soluciones estructurales.
  • Los gremios retiraron la convocatoria al paro, pero el acuerdo permanece en suspenso hasta que se publique el decreto que formalice los compromisos anunciados.

Ante la amenaza de un paro nacional del transporte convocado para el 25 de agosto, el gobierno de Keiko Fujimori optó por el diálogo sobre la confrontación: derogó la ley de puntos, redujo temporalmente las multas al diez por ciento de su valor y creó dos mesas de trabajo para atender los reclamos de seguridad y sanciones del sector. Es una respuesta que revela cuánto poder de presión conservan los gremios del transporte en el Perú, y cuán frágil puede ser el equilibrio entre la regulación del tránsito y la paz social. Los acuerdos, sin embargo, aguardan aún el decreto que les dé forma definitiva.

Keiko Fujimori se reunió con representantes del transporte de Lima Metropolitana y empresas de carga para desactivar un paro programado para el 25 de agosto. El resultado fue una serie de concesiones significativas: la derogación completa de la ley de puntos —el sistema que acumula infracciones contra conductores— y la creación de dos mesas de trabajo para atender los reclamos del sector. Los gremios, satisfechos con los compromisos, retiraron la convocatoria a la paralización.

Como medida inmediata, el Ejecutivo reducirá temporalmente ciertas multas al diez por ciento de su valor original, sin que generen puntos durante el período establecido. No obstante, las infracciones graves —como conducir bajo los efectos del alcohol— quedarán excluidas del beneficio, según precisó el dirigente Ricardo Pareja. El alcance definitivo dependerá del decreto que aún no ha sido publicado.

El ministro de Transportes, Rafael Rey, encabezará la mesa encargada de revisar las sanciones consideradas abusivas. La segunda mesa, bajo la dirección del ministro del Interior César Astudillo, abordará la seguridad del transporte: los conductores han enfrentado extorsiones y ataques, y los gremios propusieron medidas como control territorial, una unidad de élite y mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Astudillo mencionó la instalación de cámaras en los buses, aunque advirtió que su adquisición tomará tiempo.

Los transportistas también plantearon demandas sobre rescate financiero del sector y apoyo para una transición energética más sostenible. Mientras no se publique el decreto que formalice los acuerdos, los aspectos cruciales de implementación permanecen pendientes, y la nueva normativa sobre el sistema de puntos deberá construirse en los próximos días mediante el diálogo prometido.

Keiko Fujimori se reunió con representantes del transporte de Lima Metropolitana y empresas de carga para anunciar una serie de medidas que buscan desactivar un paro programado para el 25 de agosto. El gobierno derogatará la ley de puntos, el sistema que acumula infracciones contra conductores, y establecerá dos mesas de trabajo para abordar los reclamos del sector: una enfocada en sanciones consideradas excesivas y otra dedicada a la seguridad ciudadana y los ataques contra transportistas. Los gremios, satisfechos con los compromisos presentados, retiraron la convocatoria a la paralización.

La primera medida anunciada es la derogación completa de la ley de puntos. Fujimori informó que el Gobierno elaborará una nueva normativa para reemplazar el esquema actual de acumulación de infracciones, un proceso que se llevará a cabo mediante diálogos con los distintos sectores del transporte. El ministro de Transportes, Rafael Rey, encabezará la mesa de trabajo responsable de revisar las sanciones que los transportistas reclaman como abusivas y de atender otros reclamos administrativos del gremio.

Como medida inmediata, el Ejecutivo implementará una reducción temporal en el cobro de determinadas multas. Las sanciones consideradas excesivas se cobrarán únicamente al 10 por ciento de su valor original y no generarán puntos en el sistema durante el período establecido para esta medida. Sin embargo, esta condonación no será universal: las infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, quedarán excluidas del beneficio, según precisó el dirigente Ricardo Pareja. El alcance definitivo de la medida dependerá del decreto que formalice estos acuerdos, documento que aún no ha sido publicado.

La segunda mesa de trabajo, bajo la dirección del ministro del Interior César Astudillo, abordará la seguridad del transporte. Este tema fue central en los reclamos que originaron la convocatoria al paro: los conductores y propietarios de vehículos de servicio público han enfrentado extorsiones y ataques. Durante el encuentro, Astudillo mencionó la instalación de cámaras dentro de los buses como una medida de seguridad, aunque aclaró que la adquisición de estos equipos requerirá tiempo. Los transportistas también plantearon propuestas más amplias: control territorial, asignación de presupuesto para una unidad de élite, y coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Los dirigentes del sector presentaron además solicitudes vinculadas con el rescate financiero del transporte y el apoyo para la transición hacia una matriz energética más sostenible. Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, fue uno de los voceros que expuso estas demandas durante las conversaciones con el Ejecutivo.

La decisión de los gremios de retirar el paro quedó condicionada a estos compromisos. Mientras no se publique el decreto que formalice la reducción de multas y se defina el alcance exacto de las sanciones comprendidas, permanecen pendientes aspectos cruciales sobre cómo se implementarán estas medidas. La nueva normativa sobre el sistema de puntos, los detalles del beneficio de multas y las acciones concretas de seguridad son los asuntos que deberán desarrollarse a partir de los acuerdos comunicados por el Gobierno en los próximos días.

Las sanciones consideradas abusivas se cobrarían solo por el 10 por ciento de su valor y no generarían puntos en el sistema durante el período establecido
— Keiko Fujimori, presidenta
El beneficio previsto no incluiría todas las infracciones; las faltas graves quedarían fuera de la medida
— Ricardo Pareja, dirigente transportista
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