El Supremo de Brasil juzga a Eduardo Bolsonaro por presionar jueces con ayuda de Trump

En una sala del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, se desarrolla un juicio sin el acusado presente. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, permanece autoexiliado en Estados Unidos tras abandonar su banca en el Congreso brasileño. Alega persecución contra él y su familia, pero en Brasilia lo acusan de algo más grave: haber tejido una conspiración internacional para paralizar los procesos penales contra su padre.

La Fiscalía General sostiene que Eduardo Bolsonaro aprovechó su cercanía con Donald Trump para ejercer presión sobre los jueces del Tribunal Supremo de su propio país. El mecanismo fue directo y económico. Según la acusación, el hijo del expresidente instigó medidas que causaron daño real: un arancel del 50% impuesto por Washington a las exportaciones brasileñas, justificado públicamente con el argumento de que el juicio a su padre era una «caza de brujas». Además, ocho magistrados del Supremo vieron revocados sus visados estadounidenses. Las sanciones financieras bajo la Ley Magnitsky —que bloquea cuentas y tarjetas de crédito internacionalmente— funcionaron como lo que la Fiscalía llama una «muerte financiera». Estos golpes no solo afectaron a los jueces: sectores productivos brasileños sufrieron perjuicios económicos colaterales.

La Fiscalía presentó un acervo documental que incluye mensajes privados, publicaciones y grabaciones. El Ministerio Público describe estas acciones como una moneda de cambio ilícita, un chantaje directo contra la magistratura. La estrategia era clara: si los jueces no paralizaban los procesos contra Jair Bolsonaro, las represalias estadounidenses continuarían.

La defensa de Eduardo Bolsonaro, asumida por la Defensoría Pública ante la ausencia de un abogado designado por el acusado, ha presentado tres líneas de ataque contra el proceso. Primero, argumenta que Eduardo goza de inmunidad parlamentaria por sus actos como congresista. Segundo, señala irregularidades procesales graves: la notificación mediante edicto y la falta de contacto directo con el defendido. Tercero, y quizás lo más contundente, cuestiona la imparcialidad del juez relator, Alexandre de Moraes. La defensa sostiene que Moraes es víctima de las coacciones que se le imputan a Eduardo, lo que compromete de raíz la validez de cualquier sentencia que dicte. «Cualquier decisión proferida en estos autos estará irremediablemente comprometida en su validez», argumentó la defensa. Además, los defensores niegan que Eduardo tuviera capacidad de decisión real sobre las políticas exteriores estadounidenses.

La Primera Sala del Tribunal, presidida por Flavio Dino e integrada por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia y el propio Moraes, debe resolver el caso. Bastan tres votos para dictar sentencia. La magistratura anticipa una condena, dada la contundencia de las pruebas documentales.

Pero el juicio de Eduardo no es un asunto aislado de derecho penal. Es el epicentro de una crisis política más amplia que sacude a la derecha brasileña. El senador Flavio Bolsonaro, hermano mayor de Eduardo y candidato predilecto de la ultraderecha para las elecciones presidenciales de 2026, ha visto desmoronarse su posición electoral. Una encuesta reciente de Quaest muestra a Lula da Silva liderando con el 44% de intención de voto en una eventual segunda vuelta, frente al 38% de Flavio. Entre los votantes independientes, un segmento volátil y decisivo, Flavio cayó del 31% al 24%.

Flavio enfrenta sus propios problemas. Una filtración lo mostró pidiendo dinero a Daniel Vorcaro, un exbanquero preso por fraude masivo contra el sistema financiero brasileño. El dinero era para financiar una película sobre su padre que costó tres veces más que largometrajes nacionales que compitieron por el Óscar. Lula y su Gobierno han explotado con eficacia la relación de los Bolsonaro con Trump. La visita de Flavio a Washington en mayo coincidió con nuevas hostilidades estadounidenses: aranceles adicionales y la clasificación de grupos criminales brasileños como terroristas, medidas que internamente se interpretan como injerencia contra la soberanía. El presidente Lula no dudó en calificar el cabildeo de los hermanos como «traición a la patria». El discurso resonó en las clases medias brasileñas.

La combinación del juicio de Eduardo por conspiración en el extranjero y las sospechas financieras contra Flavio ha fracturado la cohesión de la derecha. Líderes emergentes de la oposición toman distancia para evitar contagio político. El bolsonarismo, que ascendió en 2018 con el patriotismo y la lucha contra la corrupción como banderas, ahora se ve acorralado por acusaciones de lo opuesto: coerción internacional y financiamiento opaco.