El Supremo bloquea el intento de Trump de controlar el voto por correo

A menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha frenado un esfuerzo de última hora del presidente Donald Trump para tomar el control federal del voto por correo. El fallo de emergencia, emitido el lunes, llega en un momento crítico: algunos estados ya estaban distribuyendo papeletas a los ciudadanos, y la sentencia garantiza que podrán continuar haciéndolo bajo los mismos procedimientos que han regido durante décadas. La decisión tiene peso real porque aproximadamente un tercio de los estadounidenses dependen del correo para emitir su voto.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que intentaba federalizar el voto por correo, argumentando la existencia de un fraude electoral generalizado. Sin embargo, los datos oficiales muestran que el fraude representa menos del 1% de los votos totales. El decreto habría obligado a los estados a enviar listas de ciudadanos elegibles al Departamento de Seguridad Nacional, donde serían comparadas con registros federales. Solo los votantes que aparecieran en ambas listas recibirían sus papeletas a través del Servicio Postal. La Constitución otorga a los estados, no al gobierno federal, la autoridad para administrar las elecciones.

Los tribunales inferiores bloquearon la orden en múltiples ocasiones, citando tanto preocupaciones constitucionales como los caos logísticos que generaría en un año electoral. La Casa Blanca apeló repetidamente hasta llegar al Tribunal Supremo. Los nueve jueces, con mayoría conservadora, emitieron su fallo sin argumentación extensa, como es habitual en casos de emergencia, aunque con dos votos en contra: los del juez Samuel Alito y Clarence Thomas.

El tribunal concluyó que es poco probable que el gobierno tenga éxito en su impugnación y que los factores de equidad no justificaban suspender la medida cautelar dictada por el tribunal de distrito. El juez Brett Kavanaugh, designado por Trump en 2018, se alineó con la mayoría, incluidas las tres juezas progresistas. Aunque señaló que la administración Trump tiene "al menos una perspectiva razonable" de éxito, optó por bloquear la orden ejecutiva porque implementarla tan cerca de las elecciones sería "arbitrario y caprichoso". Su razonamiento sugiere que el conflicto legal podría reanudarse después de las elecciones de noviembre.

Alito y Thomas argumentaron en su voto discrepante que los estados demandantes, una coalición de estados demócratas, presentaron sus demandas demasiado tarde, lo que obligó al Supremo a pronunciarse tan cerca de los comicios. Culparon a los demandantes y a los tribunales inferiores de ser responsables de la demora. La decisión fue celebrada por grupos de derechos civiles y congresistas demócratas. El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, la calificó como "uno de los más importantes" fallos para proteger el derecho al voto, afirmando que el plan de Trump era "claramente inconstitucional".

La demanda fue presentada por organizaciones defensoras del derecho al voto, junto con 23 estados y el Distrito de Columbia, que argumentaban que el plan de Trump era inconstitucional y suponía una amenaza existencial para el proceso democrático. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representó a estas organizaciones, recordó que según la Constitución, el presidente no dirige las elecciones, el Servicio Postal no decide qué papeleta cuenta, y serán los votantes, no la Casa Blanca, quienes decidan el resultado de noviembre.

Pero este fallo es solo una pieza de una estrategia más amplia. Los republicanos han aprobado mapas electorales manipulados en múltiples estados para ganar más representación en la Cámara Baja. En el Senado, buscan aprobar la ley SAVE America, que obligaría a presentar pruebas más estrictas de ciudadanía para registrarse a votar, incluyendo pasaporte, del que solo dispone la mitad de la población. Además, Trump despidió en julio a los últimos tres miembros de una comisión bipartidista que asiste a los estados a garantizar el correcto funcionamiento de las elecciones. Todas estas políticas persiguen un objetivo común: generar confusión y dudas sobre el proceso electoral para poder alegar fraude generalizado si los republicanos pierden el control del Senado y la Cámara en noviembre. Es la misma estrategia que Trump ha seguido en cada contienda electoral desde su primera victoria en 2016.