El Gobierno vasco lanza Alokaplus, seguro público de impagos para garantizar cobro a propietarios

El Gobierno vasco aprobará mañana un instrumento que busca resolver una tensión fundamental del mercado de alquiler: cómo proteger a propietarios dispuestos a ofrecer vivienda a precio asequible sin que el miedo a los impagos los paralice. Se llama Alokaplus, un seguro público de impagos que cubrirá a los arrendadores desde el primer mes después de presentar una denuncia judicial, sin importar si son pequeños propietarios o grandes tenedores. La administración vasca espera que esta garantía desbloqueé unos 25.000 pisos que hoy permanecen cerrados.

La iniciativa emerge de una convicción que el consejero de Vivienda defiende con firmeza: el mercado de alquiler requiere propietarios seguros, con certidumbre de cobro. Pero esa seguridad no puede construirse sobre la espalda de inquilinos vulnerables. Por eso el Gobierno vasco ha mantenido una política de amplio espectro que protege tanto a arrendadores como a arrendatarios. La morosidad en el parque público vasco es ínfima, sostiene la administración, aunque reconoce que existen casos donde personas que pueden pagar deliberadamente se niegan a hacerlo. En esos supuestos, la disciplina de pago debe mantenerse. El caso que ilustra esta tensión es el de una mujer desalojada de una vivienda de protección oficial en Atxuri hace poco tiempo. Había acumulado deuda desde 2017 y rechazó las alternativas de pago que le ofrecieron. Un juez autorizó el desalojo, no porque no pudiera pagar, sino porque se negaba a hacerlo después de acumular miles de euros de deuda.

El consejero distingue con precisión entre desahucio y desalojo. Un desahucio, a su entender, ocurre cuando alguien no puede pagar y se le saca contra su voluntad. Un desalojo es la recuperación de una vivienda cuando hay capacidad de pago pero negativa deliberada. No es una guerra de palabras, insiste, sino comprender que son situaciones diametralmente opuestas. La sostenibilidad del sistema de alquiler depende de mantener esa disciplina. Si se permitiera que personas pudientes acumulen deudas sin consecuencias, ¿qué credibilidad tendría el sistema? Andalucía, advierte, sufre una morosidad del 40 por ciento.

Pero el consejero también reconoce que propietarios privados llevan meses, incluso años, luchando por recuperar sus pisos tras acumular miles de euros en deuda. Eso tampoco es admisible. Por eso Alokaplus no es solo un seguro: es parte de una estrategia más amplia. El Gobierno vasco ha modificado la Ley del Suelo, ha establecido zonas tensionadas donde los precios muestran signos de mitigación e incluso reducción en puntos como Donostialdea, y ha mantenido medidas de protección para inquilinos. Los datos, sostiene, muestran que hay más alquileres que nunca en Euskadi. Lo que no hay es rotación ni anuncios porque los contratos ahora duran más de cinco años en lugar de tres. El objetivo no es maximizar ofertas, sino asegurar que las viviendas estén ocupadas y no cerradas.

La preocupación ciudadana por la vivienda ha saltado del 10 por ciento en 2016 al 60 por ciento hoy. El consejero comprende la desazón, pero advierte que las recetas no darán resultados inmediatos en una crisis fundamentalmente de oferta. Mientras tanto, el Gobierno vasco prepara una reforma profunda de la Ley de Vivienda que incluye tres cambios mayores. Primero, el Gobierno vasco decidirá quién compra las viviendas de protección oficial en lugar de los vendedores, para acabar con el fraude y lograr mejor adecuación entre demandantes y vivienda. Segundo, prorrogará la calificación de protección oficial para viviendas que la iban a perder en zonas tensionadas. Tercero, podrá adjudicar suelos al fondo social por la vivienda. Estos cambios se incorporarán a los presupuestos y permitirán, según la administración, que Euskadi siga siendo pionera en política de vivienda.