El fracaso de la Clarity Act frena la regulación integral de criptomonedas en EEUU

El martes pasado, el Senado estadounidense votó sobre la Clarity Act, una propuesta legislativa que habría establecido por primera vez un marco regulatorio integral para las criptomonedas en el país. La ley no prosperó. Los demócratas votaron en bloque en contra, sumando 50 votos negativos, mientras que los republicanos la respaldaron con 49 votos a favor. Tres días después, en un giro que subraya la fragmentación regulatoria actual, la SEC aprobó la negociación de acciones tokenizadas en Wall Street, avanzando por vía administrativa lo que el Congreso no pudo resolver legislativamente.

La Clarity Act tenía un objetivo específico y de largo alcance: trazar una línea clara entre las responsabilidades de dos agencias federales que llevan años pisándose los talones. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) supervisa los mercados de valores. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) controla los derivados y las materias primas. Durante más de una década, nadie sabía con certeza cuál de las dos debería regular cada tipo de criptoactivo y cada operación. La ley habría resuelto esa ambigüedad y, sobre esa base, habría establecido reglas concretas para las plataformas de intercambio: requisitos de registro, normas sobre cómo custodiar los fondos de los usuarios, qué información divulgar, cómo prevenir fraude y blanqueo de capitales. Era, en esencia, la estructura regulatoria que la industria cripto lleva años pidiendo.

Pero la ley se topó con obstáculos políticos que ningún acuerdo técnico podía resolver. Los senadores demócratas argumentaron que el texto no contenía salvaguardas suficientes contra los conflictos de interés. Donald Trump y su familia tienen negocios vinculados al sector de criptomonedas, y los demócratas temían que una ley demasiado permisiva permitiera que el presidente se beneficiara financieramente de la regulación que su propia administración estaría supervisando. Elizabeth Warren, la senadora demócrata más influyente en el Comité Bancario del Senado, fue explícita: pidió a su partido que rechazara cualquier legislación cripto que permitiera a Trump seguir acumulando miles de millones en ganancias mientras las familias trabajadoras enfrentaban precios más altos e incertidumbre económica.

Hubo también desacuerdos técnicos que reflejaban intereses económicos reales. Parte del sector bancario tradicional se opuso a las disposiciones sobre recompensas para quienes mantienen stablecoin, temiendo que esos incentivos desviaran dinero de los depósitos bancarios convencionales hacia criptomonedas. Otros cuestionaron si las salvaguardas contra el financiamiento de actividades ilícitas eran lo suficientemente robustas. Estos no eran argumentos de principio, sino batallas sobre dinero y poder regulatorio.

El fracaso tiene consecuencias inmediatas y de mediano plazo. Estados Unidos seguirá regulando las criptomonedas de la manera que la Clarity Act pretendía abandonar: mediante decisiones caso a caso de agencias y jurisprudencia, sin un estatuto federal claro. Para cualquier plataforma de intercambio, fintech, fondo o banco que quiera operar en criptomonedas, esto significa incertidumbre continua. ¿Necesito permiso de la SEC o de la CFTC? ¿Ambos? Los costos legales se multiplican. Las decisiones de inversión se retrasan. El capital institucional que espera reglas estables sigue esperando. La SEC ha propuesto exenciones para emisiones de tokens menores a 75 millones de dólares, y la CFTC acaba de aprobar los primeros futuros perpetuos de bitcoin en el país, pero lo que una administración construye por vía regulatoria, la siguiente puede desmantelar.

Hay que hacer una distinción importante. El bitcoin en sí no necesita la Clarity Act para funcionar. Lleva más de diecisiete años operando sin regulación federal integral, y ha evolucionado de ser dinero de internet para unos pocos a un activo global con participación de grandes instituciones financieras. Lo que sí espera esa regulación es toda la industria que se construye encima: bancos que quieren ofrecer servicios cripto, custodios, exchanges, fondos de inversión, empresas de pagos. Sin claridad regulatoria, esa expansión se ralentiza.

El futuro dependerá de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre. Si los demócratas recuperan el control del Senado, tendrán más palanca para negociar una versión más estricta de la ley, con salvaguardas más fuertes contra conflictos de interés. Si los republicanos mantienen el control, habrá un nuevo intento en 2027 sobre el texto actual. Las proyecciones apuntan a un Congreso dividido el próximo año, el escenario más lento posible. Mientras tanto, Europa avanza. La normativa MiCA (Mercados en Criptoactivos) ya está en vigor, permitiendo que un proveedor obtenga una licencia única y ofrezca servicios en treinta países con reglas claras. Ya hay 343 entidades autorizadas en el registro de la autoridad regulatoria europea. Estados Unidos, que inventó el bitcoin y domina la industria cripto, está siendo alcanzado por una región que llegó tarde pero que ahora ofrece certeza legal. La pregunta no es si Estados Unidos recuperará terreno, sino cuándo y a qué costo.