Diputados chilenos aprueban juicio político contra Piñera por irregularidades en venta minera

La madrugada del 9 de noviembre, la Cámara de Diputados chilena votó 78 a favor, 67 en contra y tres abstenciones para abrir un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. La acusación constitucional —como se conoce en Chile al impeachment— busca destituirlo por irregularidades en la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas, transacciones que salieron a la luz en los Papeles de Pandora hace poco más de un mes. El voto llegó después de una sesión parlamentaria de 22 horas, una maratón legislativa que reveló tanto la determinación de la oposición como las fracturas profundas que atraviesan la política chilena en sus últimas semanas antes de las elecciones generales.

La sesión fue un ejercicio de obstruccionismo parlamentario sin precedentes. El diputado socialista Jaime Naranjo, de 70 años, pronunció un discurso de casi 15 horas leyendo 1.300 páginas de argumentos. Mientras hablaba, solo bebía agua y comía pasas, parando apenas un par de veces para ir al baño. Los medios de comunicación retransmitieron en directo cada momento. Los parlamentarios de oposición lo animaban desde sus escaños, conscientes de que cada hora que pasaba los acercaba a un voto crucial: el del diputado Giorgio Jackson, jefe político de la campaña presidencial de Gabriel Boric, quien estaba en cuarentena por ser contacto estrecho del candidato contagiado de covid-19. Jackson no podía salir de su casa hasta el martes. Pero a medianoche en punto, salió de Santiago y condujo hacia el Congreso en Valparaíso para emitir su voto a favor. Su presencia fue decisiva para alcanzar los 78 votos necesarios.

Otro voto igualmente dramático fue el del diputado democristiano Jorge Sabag. Estaba en la ciudad de Chillán, en cuarentena preventiva tras un examen de covid-19 cuyo resultado aún no llegaba. Poco antes de la medianoche, bajo presión de sus camaradas de partido, viajó incógnito a Valparaíso para votar. Al llegar al Congreso, esquivó a las autoridades sanitarias que lo esperaban en la puerta para inspeccionar su situación. Con la ayuda de otro congresista, Gabriel Ascencio, logró entrar y emitir su voto sin ser detenido.

Ahora la acusación pasa al Senado, donde la oposición enfrenta un panorama mucho más complicado. Se necesitan 29 votos para destituir a Piñera, lo que significa que la oposición debe conseguir todos sus votos más cinco del oficialismo. Los cálculos políticos sugieren que esto es improbable. Mientras tanto, Piñera puede seguir ejerciendo sus funciones presidenciales, pero no puede abandonar el país. Su mandato termina el 11 de marzo de 2022, aunque la ley permite que una acusación constitucional se presente hasta seis meses después de que deje el cargo.

La crisis que desencadenó todo esto comenzó en octubre cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Papeles de Pandora. Los documentos revelaron que Piñera vendió un proyecto minero llamado Dominga en 2010 a través de una transacción en Islas Vírgenes Británicas. La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades. Para la oposición, esto reabrió una herida que nunca cicatrizó en la trayectoria política de Piñera: la difusa línea entre sus negocios privados y sus responsabilidades públicas. El documento de acusación de 285 páginas presentado por los diputados de oposición señala que sus actos comprometieron gravemente el honor de la nación e infringieron abiertamente la Constitución y las leyes.

El debate sobre esta acusación ha dividido a Chile. Para algunos, representa un castigo político necesario. El candidato presidencial Gabriel Boric escribió en Twitter que no permitirían que la máxima autoridad dañara la honra del país. Jaime Naranjo, describiendo su ayuno de 22 horas, lo llamó un sacrificio por la justicia. Pero otros ven la acusación como irresponsable, una maniobra electoral en medio de la mayor crisis política que ha vivido Chile en décadas. José Antonio Kast, candidato de la derecha extrema, calificó la sesión como una de las más infames de la historia del Congreso, llena de engaños y falso heroísmo.

Esta es la segunda vez que el Congreso intenta destituir a Piñera. La primera fue en 2019, durante el estallido social. Nunca antes un presidente chileno había sido investigado por la Fiscalía por su función pública. Tampoco en el pasado reciente un mandatario ha terminado anticipadamente su mandato; la última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973. Lo que sucedió en la madrugada del 9 de noviembre será recordado de formas muy distintas según quién lo cuente: para unos, un momento épico de la democracia; para otros, un síntoma más del descrédito de la clase política. Las elecciones generales del 21 de noviembre definirán quién sucede a Piñera, y el Senado decidirá si lo hace desde la presidencia o desde la cárcel.