De la Espriella anuncia 4.386 millones para recuperar hospitales dañados por terremoto en el Valle

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cali el 15 de agosto con un anuncio concreto: 4.386 millones de pesos para comenzar a reparar lo que el terremoto del 10 de agosto había roto en la red hospitalaria del Valle del Cauca. No era una promesa vaga. Era dinero asignado, ya contemplado en la Resolución 1080 del 26, gestionado junto con la ministra de Salud, destinado específicamente a equipar la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

El terremoto había dejado un daño que se medía en camas fuera de servicio y en la reducción de capacidad en uno de los principales centros hospitalarios de la región. El Hospital Universitario del Valle no era el único afectado. Aproximadamente 14 municipios del norte del Valle del Cauca reportaban daños en su infraestructura sanitaria. El presidente reconoció que la recuperación sería lenta y exigiría más que dinero: exigiría coordinación.

Pero De la Espriella también anunció una medida inmediata: el Gobierno arendaría infraestructura adicional mientras avanzaban las reparaciones en las instalaciones dañadas. Era una forma de mantener abierta la puerta de la atención médica mientras se reconstruía. "Vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad", dijo el presidente durante su intervención en Cali. No era retórica. Era un compromiso de prioridad.

El Hospital San Rafael, ubicado en El Águila, también recibió confirmación de apoyo financiero para su reconstrucción. De la Espriella reconocía que el terremoto había golpeado múltiples puntos de la red sanitaria regional, y que cada uno de ellos requería atención específica. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, acompañó al presidente en su recorrido por las zonas afectadas. Ella insistió en algo que el Gobierno Nacional parecía entender: la recuperación no podía ser un esfuerzo aislado. Requería coordinación entre la Nación y el departamento para definir qué se necesitaba y cómo se gastaría.

Toro también señaló algo que no aparecía en los titulares pero que era visible en los pasillos de los hospitales: el personal médico seguía trabajando en medio de la emergencia, atendiendo a la población mientras la infraestructura se desmoronaba alrededor de ellos. Su labor era el puente entre el desastre y la recuperación.

Lo que quedaba claro en los anuncios de Cali era que el Gobierno Nacional veía la recuperación hospitalaria como una prioridad inmediata, no como un proyecto a largo plazo. Los 4.386 millones de pesos no eran el total de lo que se necesitaría. Eran el primer paso. El arrendamiento de infraestructura adicional era un reconocimiento de que la reconstrucción tomaría tiempo, y que mientras tanto, la gente seguía enfermando, seguía necesitando atención oncológica, seguía requiriendo servicios que no podían esperar a que los edificios estuvieran listos. La pregunta que quedaba en el aire era si la coordinación entre niveles de gobierno sería tan rápida como las necesidades de la población.