Tres décadas de investigación internacional demuestran que el vínculo entre migración y criminalidad es negativo y muy débil, contrario a la percepción del Gobierno. La regularización de migrantes ha reducido la reincidencia en 50% en Italia y generó aumentos en consumo, ingresos laborales y salud en Colombia con el PEP.
Cesed cuestiona eficacia de deportaciones masivas: evidencia internacional sugiere regularización reduce delitos
Regularizar reduce delitos. Deportar, no. Y cuesta menos.
¿Por qué el Gobierno insiste en deportaciones si la evidencia sugiere que no funcionan?
Porque la percepción pública y la realidad empírica no siempre coinciden. El miedo al delito es real, incluso cuando las tasas no aumentan. Los políticos responden a eso.
Pero el Cesed tiene datos de tres décadas. ¿Eso no debería ser suficiente para cambiar la política?
Debería serlo, pero la migración es un tema que toca identidad, soberanía, recursos. Los números compiten con narrativas más profundas sobre quién pertenece y quién no.
¿Qué pasó en Colombia con el PEP? ¿Realmente funcionó mejor que lo que propone De la Espriella?
Funcionó en términos medibles: más gente trabajando, más ingresos, mejor salud. Y costó menos al Estado que mantener a esa población en la irregularidad. Pero requiere inversión inicial y paciencia.
¿Y si hay un crimen cometido por un migrante regularizado? ¿No refuerza el argumento del Gobierno?
Un crimen es un crimen, sin importar quién lo cometa. Pero estadísticamente, los migrantes regularizados cometen menos delitos que los irregulares. La regularización reduce incentivos para actividades criminales.
¿Cuál es el costo real de una deportación masiva versus regularización?
La deportación es visible, inmediata, política. La regularización es lenta, requiere burocracia, y sus beneficios se ven en años. Para un político con ciclos electorales cortos, la deportación es más atractiva.
¿Qué debería hacer Colombia entonces?
La evidencia sugiere integración: acceso al mercado laboral, sistemas de protección social, documentación. Pero eso requiere que el Gobierno vea a los migrantes como personas que pueden contribuir, no como amenazas.
El Pulso
- Tres décadas de investigación internacional demuestran que el vínculo entre migración y criminalidad es negativo y muy débil
- La regularización en Italia redujo la reincidencia en 50 por ciento, de 1,1 por ciento a 0,5 por ciento
- El Permiso Especial de Permanencia en Colombia regularizó a cerca de medio millón de venezolanos
- El programa Secure Communities en EE.UU. resultó en 250.000 detenciones sin efecto observable en tasas de criminalidad
- En 2016, la reapertura de la frontera Colombia-Venezuela se asoció con aumento de homicidios, siendo venezolanos la mayoría de víctimas
Tres décadas de investigación internacional demuestran que el vínculo entre migración y criminalidad es negativo y muy débil, contrario a la percepción del Gobierno. La regularización de migrantes ha reducido la reincidencia en 50% en Italia y generó aumentos en consumo, ingresos laborales y salud en Colombia con el PEP.
El presidente De la Espriella anunció operativos y deportaciones de migrantes irregulares, pero el Cesed de la Universidad de los Andes presenta evidencia internacional que sugiere que la regularización es más efectiva que la deportación para reducir delitos.
El lunes 24 de agosto de 2026, desde Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva dirección en la política migratoria colombiana: operativos masivos y deportaciones de personas sin documentación en regla. Su mensaje fue directo. "Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", declaró, argumentando que estas medidas devolverían seguridad y tranquilidad al país mediante acciones contundentes.
Pero casi inmediatamente, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes presentó un desafío a esa lógica. A través de sus redes sociales, el Cesed sintetizó tres décadas de investigación internacional sobre la relación entre migración y delito, llegando a una conclusión que contradice la percepción del Gobierno: el vínculo es negativo y muy débil. Los estudios que respaldan esta afirmación abarcan desde 1994 hasta 2014, y provienen de investigadores reconocidos en el campo.
La evidencia internacional es abundante. En 2018, los teóricos Graham Ousey y Charis Kubrin desmontaron el vínculo sostenido entre migración y aumento de delitos. En el Reino Unido, un estudio de los economistas Brian Bell, Francesco Fasani y Stephen Machin encontró que la llegada de solicitantes de asilo elevó solo levemente los delitos contra la propiedad, mientras que la migración asociada a la expansión de la Unión Europea incluso los redujo. El factor diferenciador fue el acceso al mercado laboral. En Italia, la migración mostró un efecto causal solo en los robos, pero cuando se observa la tasa total de delitos, la diferencia se disuelve. Más importante aún: los procesos de regularización redujeron la reincidencia en un 50 por ciento, según documentaron los economistas Giovanni Mastrobuoni y Paolo Pinotti. Cuando migrantes lograron legalizar su situación, la proporción de delitos pasó de 1,1 por ciento a 0,5 por ciento.
En Colombia, el Permiso Especial de Permanencia creado bajo la administración de Iván Duque Márquez regularizó a cerca de medio millón de venezolanos. Los resultados fueron medibles: aumento del consumo en 48 por ciento, incremento de ingresos laborales en 22 por ciento, y mejoras significativas en salud, de acuerdo con el análisis de la investigadora Ana María Ibáñez y colaboradores. Además, el costo fiscal de un hogar migrante regularizado resultó menor que el de uno en condición irregular.
La pregunta central que plantea el Cesed es directa: ¿las deportaciones masivas impactan realmente en la criminalidad? El programa estadounidense Secure Communities ofrece una respuesta. Autorizó la revisión masiva del estatus migratorio de personas arrestadas, resultando en alrededor de 250.000 detenciones. Sin embargo, el efecto observable sobre la tasa de criminalidad fue nulo, según el estudio de los juristas Thomas J. Miles y Adam B. Cox. En Chile, la triplicación de la población extranjera en menos de una década no alteró las tasas delictivas, aunque sí generó un aumento perceptible del miedo al delito y del gasto en seguridad de los hogares.
La experiencia en la frontera colombo-venezolana añade complejidad. La reapertura de 2016 se asoció con un aumento de homicidios, pero la mayoría de las víctimas fueron venezolanos, en una proporción muy superior a su peso poblacional, según la investigación de Brian G. Knight y Ana María Tribín-Uribe. Este dato sugiere que la violencia no fue impulsada por migrantes como perpetradores, sino que los migrantes fueron desproporcionadamente víctimas.
El Cesed concluyó con una recomendación que desafía la dirección anunciada por el Gobierno: los operativos centrados en la expulsión de irregulares no han demostrado eficacia para disminuir delitos, mientras que la regularización ha mostrado efectos positivos y un menor costo fiscal para el Estado. "Operativos en contra de los migrantes no reducen el delito. Regularizar sí, y además cuesta mucho menos", sintetizó el centro, citando investigación reciente de Michael Weintraub y Juan Sebastián Franco Mora. La experiencia internacional sugiere que los beneficios de integrar a los migrantes al mercado laboral y a los sistemas de protección social superan ampliamente las medidas de represión y deportación.
Citas Notables
Operativos en contra de los migrantes no reducen el delito. Regularizar sí, y además cuesta mucho menos— Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), Universidad de los Andes
Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos— Presidente Abelardo de la Espriella