Bogotá mantiene pico y cédula tras finalizar cuarentena de fin de semana

El lunes 19 de abril amaneció en Bogotá con un respiro relativo. La cuarentena general que la Alcaldía había impuesto para el fin de semana terminó a las cuatro de la mañana, y durante los siguientes cuatro días los bogotanos podrían moverse libremente por la ciudad. Pero la libertad tenía límites claros: el pico y cédula seguía en pie, la medida que ha definido la vida cotidiana en la capital durante semanas.

Bajo este sistema, cualquier persona cuya cédula terminara en 1, 3, 5, 7 o 9 quedaba excluida de entrar a tiendas, bancos, notarías y oficinas públicas. No podían comprar al detal ni al por mayor. No podían hacer trámites. La restricción era simple en su enunciado pero profunda en sus consecuencias: dividía a la ciudad en dos grupos de ciudadanos con derechos desiguales cada día.

La alcaldesa Claudia López tenía previsto reunirse con el Comité Epidemiológico, junto con el Ministerio de Salud y expertos sanitarios, para decidir si estas medidas continuarían o si serían levantadas. López había señalado la semana anterior que le gustaría eliminar el pico y cédula durante los días del esquema 4x3 —cuatro días de trabajo, tres de descanso— para permitir que el comercio respirara. Pero cualquier cambio requeriría el visto bueno de los expertos y del Gobierno nacional. Nada podía decidirse en solitario.

Mientras tanto, los comerciantes estaban furiosos. Habían convocado plantones y manifestaciones en toda la ciudad, argumentando que la medida ahuyentaba clientes y sofocaba sus negocios. Los gremios también se oponían a las cuarentenas generales de fin de semana, que volvería a implementarse a partir de las 11:59 de la noche del jueves 22 de abril, extendiéndose hasta el lunes 26.

El balance del fin de semana que acababa de terminar mostraba una ciudad bajo vigilancia intensiva. La Alcaldía había desplegado 1.500 funcionarios civiles, 5.000 policías y 600 uniformados del Ejército para hacer cumplir las restricciones durante los tres días. Los números eran contundentes: 2.772 operativos de inspección, 2.154 comparendos por violar la cuarentena, 421 multas por consumo de alcohol en espacios públicos, 336 por no usar tapabocas. Cinco fiestas clandestinas fueron descubiertas, incluyendo una en Los Mártires donde la Policía encontró alrededor de cien personas celebrando junto a cinco menores de edad. Treinta y cuatro establecimientos tuvieron que cerrar temporalmente, mientras que 387 cerraron de manera voluntaria.

Hubo también doce movilizaciones de comerciantes, principalmente en Suba, Engativá, Kennedy y Antonio Nariño. Con los manifestantes se abrieron mesas de diálogo para buscar acuerdos, según explicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno distrital.

La realidad epidemiológica justificaba, desde la perspectiva oficial, toda esta presión. Bogotá registraba 33.823 casos activos de COVID-19. Las unidades de cuidado intensivo estaban ocupadas al 79,8 por ciento para pacientes positivos, y la ocupación general alcanzaba el 81,4 por ciento. La ciudad seguía en alerta roja hospitalaria. "Estamos atravesando el pico más fuerte de contagios desde que inició la pandemia", dijo Gómez. "Si en este momento nuestras acciones no contribuyen al cuidado colectivo, no tendremos que encerrarnos sólo tres días, sino un periodo más prolongado." Era una advertencia velada: el sacrificio presente podría evitar un confinamiento más severo después.

La ciudad iniciaba la semana atrapada entre dos fuerzas irreconciliables: la necesidad de contener un virus que se propagaba con velocidad, y la necesidad de que la gente pudiera vivir, trabajar y respirar. El pico y placa también se reactivaba ese lunes, restringiendo los vehículos con placas impares entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana, y entre las 3:00 y las 7:30 de la tarde. Cada medida se superponía sobre la anterior, creando un laberinto de restricciones que los bogotanos debían navegar cada día.