Betancourt 'desapareció' de su castillo cuando la policía lo iba a detener

El 28 de agosto de 2025, a las once de la mañana, seis agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal llegaron a las puertas del castillo de Alamín, una propiedad de 1.440 hectáreas ubicada a sesenta kilómetros al suroeste de Madrid, valorada en más de veinticinco millones de euros. Sabían exactamente a quién buscaban. La Policía había estado monitoreando los movimientos de Alejandro Betancourt, empresario venezolano, desde finales de agosto del año anterior. Tenían constancia de que había llegado al aeropuerto de Barajas con su familia y lo habían localizado en la finca. Lo que no sabían era que, en el tiempo que tardaron en recorrer el jardín exterior y acceder al interior de la mansión, Betancourt había desaparecido.

La operación, denominada Bolívar, era de alcance internacional. Además de los agentes españoles, participaban policías de Zúrich, personal de la Europol y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos destacados en la embajada estadounidense. El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional había autorizado esta colaboración. La orden de entrada y registro provenía de las autoridades suizas y se ejecutaba en España. El objetivo era investigar presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, delitos que supuestamente se remontaban a 2012, cuando comenzó un desfalco de miles de millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA. La operación también incluía registros en propiedades del exviceministro chavista de Energía, Nervis Villalobos, y del primo de Betancourt, Pedro Trebbau López.

Cuando los agentes entraron en la mansión, encontraron únicamente a la madre y la esposa de Betancourt. Al preguntarles por su paradero, ambas ofrecieron explicaciones contradictorias: primero dijeron que había salido a pasear, luego que se había marchado a Madrid poco antes de que llegara la policía. Los investigadores pidieron que lo llamaran por teléfono. Ambas mujeres se negaron. Pidieron hablar con su abogado en su lugar. Betancourt no volvió. La UDEF reconoció después que el tamaño y la extensión de la finca había obligado a desplegar el operativo con rapidez, pero eso no cambió el resultado: el hombre al que buscaban no estaba allí.

La relevancia de este episodio, hasta ahora desconocido en sus detalles, radica en quién es Betancourt hoy. Hace poco más de un año era un empresario investigado por varios países. Ahora es el hombre de confianza de la Administración Trump para explorar y comercializar el petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro. Su empresa, North American Blue Energy Partners, es la segunda mayor productora privada de crudo en Venezuela y el principal vehículo del acuerdo entre Washington y Caracas para explotar diecisiete campos petroleros con reservas estimadas en sesenta y cinco mil millones de barriles. Ha pasado de ser un investigado a ser una pieza clave de la nueva política energética estadounidense en América del Sur.

Betancourt había comprado el castillo en 2012 a través de una sociedad mercantil. La propiedad, que en el pasado perteneció al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, se convirtió en escenario de reuniones de grandes empresarios y políticos. En 2019 recibió allí al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, entonces abogado personal de Donald Trump, quien meses después intercedería por él ante el Departamento de Justicia estadounidense. También se reunió con el padre del líder opositor Juan Guaidó, a quien, según trascendió, Betancourt habría financiado en secreto. Ese mismo año, el entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez denunció públicamente una trama corrupta que alimentaba esos vínculos. Seis años después, es la hermana de Rodríguez, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien lo defiende como aliado petrolero. "Muchas veces una persona es juzgada en los medios antes que en los tribunales", dijo.

Después de desaparecer de Toledo, Betancourt salió de España vía Lisboa. En octubre de 2025 fue detenido en Londres por primera vez y declaró por videoconferencia. El 27 de octubre, el juez Pedraz dejó sin efecto tanto la extradición como la orden de detención. Días después, la Fiscalía de Zúrich logró que la policía británica lo arrestara nuevamente en la estación de Charing Cross. Pagó una fianza de dos millones de libras y quedó en libertad. Desde entonces, ha contado con el respaldo de Washington. Altos funcionarios de la Administración Trump presionaron directamente a los fiscales suizos para que retiraran en mayo la solicitud de extradición, aunque la causa penal sigue abierta.

En España, lo que juega a su favor es el silencio. La investigación de la Audiencia Nacional depende de que Washington autorice la declaración judicial de cinco testigos, ya condenados en Estados Unidos por corrupción en PDVSA. La comisión rogatoria se remitió hace casi un año sin respuesta. El juez Pedraz ha advertido que si Estados Unidos no contesta antes de diciembre, la causa volverá a archivarse. Mientras tanto, Betancourt sigue siendo el socio clave de Trump para la explotación del petróleo venezolano.