AMLO presenta Plan B electoral ante fracaso de reforma constitucional en Senado

El gobierno mexicano reconoció públicamente lo que ya sabía: la reforma electoral constitucional no llegará a puerto. Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, lo confirmó el lunes 5 de diciembre en conferencia matutina desde Campeche. El Ejecutivo Federal carecía de los votos necesarios en el Senado —se requerían dos terceras partes de los sufragios totales para modificar la Constitución— y la oposición, unida en bloque, no permitiría el paso. Así que el gobierno pivotó. Al día siguiente, martes 6 de diciembre, enviaría a la Cámara de Diputados una alternativa: el Plan B.

La diferencia entre ambas estrategias es fundamental y jurídicamente precisa. La reforma original buscaba modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que exigía una mayoría calificada de dos terceras partes de los 500 diputados presentes en San Lázaro. El Plan B, en cambio, reformaría leyes secundarias —aquellas que reglamentan la Constitución sin modificarla directamente—, requiriendo apenas mayoría simple: 50% más uno. López Hernández explicó que de los 500 votos totales, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México sumaban insuficientes curules para alcanzar los 334 votos necesarios. El PRI y el PAN, aliados en la oposición, cerraban la puerta a cualquier cambio constitucional.

El Plan B se enfocaba en lo que las leyes secundarias permitían tocar: la economía electoral. El objetivo central era reorganizar y delimitar las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Con ello, el gobierno proyectaba ahorros de 3 mil millones de pesos anuales en gastos administrativos. Si la reforma se aprobaba antes de abril de 2023 y la autoridad electoral registraba sobrante presupuestario, ese dinero debería revertir directamente a la Tesorería de la Federación para gasto corriente.

La reforma constitucional original, en contraste, había contemplado transformaciones estructurales mucho más profundas. El INE se convertiría en Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC). El número de diputados se reduciría de 500 a 300 legisladores; los senadores, de 128 a 96. Los consejeros del nuevo INEC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían propuestos por los tres poderes de la unión y votados por la ciudadanía. El Consejo General del INE pasaría de 11 a siete integrantes. Los partidos políticos recibirían financiamiento únicamente para campañas, con reducción de tiempo de propaganda en radio y televisión. Las consultas populares serían vinculantes con 30% de participación. Se eliminarían los órganos electorales estatales e implementaría voto electrónico en todos los procesos democráticos del país.

Con el Plan B, casi ninguno de esos cambios estructurales era posible. Las leyes secundarias no podían tocar la arquitectura constitucional del INE ni reducir el número de legisladores. No podían modificar los mecanismos de selección de consejeros ni magistrados. Lo que sí podían hacer era ajustar presupuestos, reorganizar funciones administrativas, optimizar gastos. Era una reforma de eficiencia, no de poder. López Hernández reconoció que la administración federal conocía de antemano el destino de la reforma constitucional. No era sorpresa; era cálculo político. El bloque opositor votaría en contra, y el oficialismo no tenía los números para vencer. Así que el gobierno preparó su salida: un Plan B que, aunque más modesto, podría aprobarse con la mayoría que sí controlaba en la Cámara de Diputados. La pregunta que quedaba en el aire era si esos cambios secundarios, por más que ahorraran dinero, satisfarían las ambiciones de reforma electoral que López Obrador había enarbolado durante meses.