Von der Leyen abre el debate sobre vacunación obligatoria en la UE ante un tercio sin inmunizar

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, abrió la puerta el miércoles a un debate que hasta hace poco parecía impensable en el continente: la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19. Su intervención llegaba en un momento de creciente preocupación por la propagación del virus y la persistencia de una brecha de inmunización que dejaba sin vacunar a aproximadamente un tercio de la población europea.

La declaración de Von der Leyen fue cautelosa pero clara en su intención. Reconoció que la Comisión Europea carece de competencias legales directas para imponer medidas de vacunación obligatoria —esa potestad recae en los estados miembros— pero argumentó que el momento exigía un enfoque coordinado a nivel continental. «Creo que es comprensible y apropiado liderar este debate ahora», dijo, subrayando que cualquier decisión requeriría una estrategia común entre los países de la Unión. Su posición se alineaba con la que ya había expresado públicamente Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, quien incluso antes de asumir su cargo había abogado por medidas más restrictivas ante el deterioro de la situación epidemiológica en Alemania.

La cifra que sustentaba esta apertura era contundente: alrededor de 150 millones de europeos permanecían sin inmunizar. Aunque la Unión Europea seguía siendo una de las regiones con mayor cobertura vacunal global, las disparidades internas eran profundas. Países como España y Portugal habían alcanzado tasas de vacunación considerablemente altas, mientras que Bulgaria y Rumanía apenas superaban el cincuenta por ciento de su población inmunizada. La Comisión había invertido recursos significativos en combatir la desinformación y la resistencia a las vacunas, pero los resultados seguían siendo insuficientes.

Von der Leyen enfatizó el costo humano de esta situación. «Tenemos las vacunas, que salvan vidas, pero que no están siendo aplicadas en forma adecuada en todas partes. Y el costo es enorme», expresó, reconociendo implícitamente que la pandemia continuaba erosionando tanto la salud pública como la economía europea. Su argumentación se respaldaba también en un fallo reciente del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que había validado plenamente la exigencia de certificados de vacunación para acceder a las instalaciones del Parlamento Europeo, rechazando las alegaciones de discriminación presentadas por algunos eurodiputados y funcionarios.

La preocupación inmediata, sin embargo, se centraba en la variante ómicron. Von der Leyen y Stella Kyriakides, comisaria de Salud, advirtieron sobre el alto número de mutaciones de esta cepa, aunque reconocieron que aún no disponían de información completa sobre su capacidad de transmisión y virulencia. Los expertos esperaban tener datos más concluyentes en una o dos semanas. Mientras tanto, la Comisión había asegurado que sus contratos con los fabricantes de vacunas incluían cláusulas que obligaban a desarrollar formulaciones específicas para nuevas variantes conforme el virus evolucionara.

La propuesta de Von der Leyen no era un mandato sino una invitación al diálogo, reflejo de las limitaciones institucionales de la UE en materia de salud pública. Sin embargo, su disposición a sacar el tema a la luz pública señalaba un cambio en el tono de la conversación europea: después de meses de campañas de persuasión, algunos líderes comunitarios comenzaban a considerar que la voluntariedad había llegado a sus límites.