En el corazón de toda democracia late la confianza en que los datos que guían las decisiones públicas son verídicos. El Gobierno de Trump ha lanzado una campaña nacional contra funcionarios electorales estatales, esgrimiendo cifras sobre votantes no ciudadanos que sus propias agencias reconocen internamente como no verificadas del todo. Lo que se presenta ante la opinión pública como certeza documentada aparece, en los documentos internos, envuelto en el lenguaje de la posibilidad y la duda. Tribunales de todo el país y funcionarios de ambos partidos comienzan a oponer resistencia, recordando
Trump usa cifras no verificadas para atacar funcionarios electorales por voto de no ciudadanos
Las cifras son conjeturales y el Departamento no ha compartido nada que las respalde
Mark
¿Por qué el Gobierno está presionando tan fuerte sobre esto ahora? ¿Qué ha cambiado?
Mimi
El Gobierno dice que quiere asegurar la integridad electoral, pero los funcionarios electorales de ambos partidos sospechan que hay algo más. Si los republicanos pierden en las próximas elecciones, tener estas cifras de no ciudadanos registrados podría usarse para cuestionar los resultados.
Luke
Pero espera—¿cuántos de esos 250.000 realmente votaron? El artículo dice que el Gobierno aún no ha publicado eso. En Georgia, de 2.549 marcados, solo 120 votaron alguna vez. Eso es una diferencia enorme.
Mark
Entonces las cifras que Mullin está usando públicamente no son lo mismo que lo que sus propias cartas internas dicen.
Mimi
Exacto. Las cartas dicen "puede haber hasta" y piden verificación adicional. Las declaraciones públicas simplemente dicen 250.000. Es una diferencia de tono importante.
Luke
Y el sistema que están usando, SAVE, tiene fama de dar falsos positivos. El propio Departamento de Seguridad Nacional requiere que los estados hagan investigaciones adicionales. Mullin no mencionó eso en sus declaraciones públicas.
Mark
¿Qué tan fuerte es la amenaza legal que está haciendo?
Mimi
Mullin dijo que los funcionarios electorales podrían enfrentar multas, sanciones e incluso prisión. Pero los tribunales ya han fallado contra el Gobierno en más de una decena de casos, y un juez dictaminó que el programa de auditoría es ilegal.
Luke
Entonces la amenaza es real en términos de lo que Mullin está diciendo, pero el sistema legal parece estar frenando el esfuerzo. Eso es importante para el contexto.
Mark
¿Qué dicen los funcionarios electorales republicanos sobre esto?
Mimi
Algunos, como Al Schmidt en Pensilvania, dicen que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro. Otros, como Denny Hoskins en Missouri, simplemente dicen que aún están verificando. Pero ninguno parece estar cediendo a las amenazas.
Luke
Y eso es lo interesante—no es una división partidista clara. Funcionarios republicanos están rechazando esto tanto como los demócratas.
Le Pouls
- El secretario Mullin anunció públicamente 250.000 no ciudadanos registrados para votar, pero las cartas internas de su propio departamento reconocen que las cifras son estimaciones sin verificación completa.
- Las amenazas de demandas, multas y prisión contra funcionarios electorales han generado una ola de rechazo bipartidista, con secretarios de Estado republicanos y demócratas desafiando abiertamente al Gobierno federal.
- Más de una decena de tribunales han fallado a favor de los estados que se niegan a entregar sus padrones electorales, y un juez declaró ilegal el programa central de auditoría del Departamento de Seguridad Nacional.
- El sistema SAVE, usado para identificar posibles no ciudadanos, tiene historial de producir resultados inflados, y los propios protocolos del departamento exigen verificación adicional antes de dar por válidas sus coincidencias.
- En estados como Georgia, Carolina del Norte y Missouri, los datos del Gobierno se desmoronan al contacto con la realidad local: de miles de nombres marcados, apenas una fracción mínima ha votado alguna vez.
- Funcionarios de ambos partidos temen que la exageración deliberada del problema sirva para sembrar dudas sobre futuros resultados electorales si los republicanos obtienen un desempeño deficiente.
En el corazón de toda democracia late la confianza en que los datos que guían las decisiones públicas son verídicos. El Gobierno de Trump ha lanzado una campaña nacional contra funcionarios electorales estatales, esgrimiendo cifras sobre votantes no ciudadanos que sus propias agencias reconocen internamente como no verificadas del todo. Lo que se presenta ante la opinión pública como certeza documentada aparece, en los documentos internos, envuelto en el lenguaje de la posibilidad y la duda. Tribunales de todo el país y funcionarios de ambos partidos comienzan a oponer resistencia, recordando que la integridad electoral no se defiende sembrando incertidumbre, sino cultivando precisión.
El Gobierno de Trump ha emprendido una presión sistemática contra funcionarios electorales estatales, respaldándose en cifras que sus propias agencias admiten, en documentos internos, que no están completamente verificadas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, proclamó públicamente que un cuarto de millón de no ciudadanos estaban registrados ilegalmente para votar en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. Sin embargo, las cartas enviadas a esos mismos estados contaban una historia más cautelosa: en el caso de Pensilvania, el departamento reconocía que «puede haber hasta» 14.576 no ciudadanos en el padrón, de los cuales solo 8.594 aparecían como coincidencias reales. Ese lenguaje de incertidumbre nunca llegó al comunicado de prensa.
La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para obligar a los estados a entregar datos sensibles de votantes. Mullin fue más allá el viernes, amenazando a funcionarios con demandas, multas y hasta prisión si no cooperan. Pero los tribunales han bloqueado repetidamente estas presiones: más de una decena de cortes han fallado a favor de los estados, y un juez declaró ilegal el programa de auditoría del departamento. Funcionarios de ambos partidos han respondido con firmeza. El republicano David Scanlan, de Nueva Hampshire, dijo no sentirse intimidado tras lograr que se desestimara una demanda federal. El demócrata Steve Hobbs, de Washington, describió las amenazas como «una rabieta disfrazada de carta oficial».
El sistema SAVE, empleado para detectar posibles no ciudadanos, tiene reputación de producir resultados inflados, y el propio departamento exige verificación adicional antes de dar por válidas sus coincidencias. En Georgia, de 2.549 personas marcadas, solo unas 120 han votado alguna vez. En Carolina del Norte, las autoridades aclararon que las cifras federales representan sospechosos, no no ciudadanos confirmados. En Missouri, más de 1.000 nombres seguían sin verificar. Al Schmidt, secretario de Estado republicano de Pensilvania, resumió lo que los datos muestran: el voto de no ciudadanos es «extremadamente raro en todo el país». Mientras tanto, el Gobierno aún no ha informado cuántas de esas personas cree que realmente emitieron un voto.
El Gobierno de Trump está presionando a funcionarios electorales estatales con cifras que sus propias agencias reconocen, en documentos internos, que no están completamente verificadas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anunció el viernes que el Departamento de Seguridad Nacional había identificado un cuarto de millón de no ciudadanos registrados ilegalmente para votar en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. Pero las cartas que el mismo departamento envió a esos estados cuentan una historia más cautelosa.
La carta de Mullin a Pensilvania, por ejemplo, dice que "puede haber hasta 14.576 no ciudadanos en los padrones electorales del estado", pero que solo 8.594 aparecieron como coincidencias reales en sus archivos. El departamento pide a Pensilvania que trabaje "de manera colaborativa" para verificar la identidad de estos individuos y "garantizar la precisión de nuestros hallazgos". Esa lenguaje de incertidumbre no apareció en las declaraciones públicas de Mullin ni en el comunicado de prensa del departamento, donde la cifra de 250.000 se presentó sin las advertencias que sus propios documentos internos incluyen.
El esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para obligar a los estados a entregar datos sensibles de votantes. Funcionarios electorales de ambos partidos han expresado a CNN su preocupación de que el Gobierno esté usando estos datos para exagerar el alcance del voto de no ciudadanos, potencialmente como forma de sembrar dudas sobre los resultados electorales si los republicanos tienen un desempeño deficiente. Mullin fue más allá el viernes, amenazando a funcionarios electorales con demandas, multas, sanciones e incluso prisión si no participan en las revisiones del padrón electoral del departamento.
Pero los tribunales han puesto obstáculos significativos a este esfuerzo. Más de una decena de cortes han fallado a favor de estados que se han negado a proporcionar sus padrones electorales al Gobierno federal. Un juez dictaminó además que el programa central del Departamento de Seguridad Nacional para estas auditorías es ilegal. Funcionarios electorales de ambos partidos han rechazado las amenazas. David Scanlan, secretario de Estado republicano de Nueva Hampshire, dijo que no se siente intimidado, y su estado logró recientemente que se desestimara una demanda del Departamento de Justicia. Steve Hobbs, secretario de Estado demócrata de Washington, describió las amenazas como "una rabieta disfrazada de carta oficial". La oficina del fiscal general republicano de Idaho respondió con su propia carta contundente, diciendo que las "insinuaciones de violaciones penales" del Departamento de Justicia "no son acertadas".
El sistema que el Departamento de Seguridad Nacional está usando para identificar posibles no ciudadanos, llamado SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), tiene una reputación de producir resultados inflados. El propio departamento requiere explícitamente que los estados que usan el programa realicen investigaciones adicionales sobre sus coincidencias. Francisco Aguilar, secretario de Estado demócrata de Nevada, dijo a CNN que "a simple vista, refutamos estas afirmaciones" y que "estas cifras son, en el mejor de los casos, muy conjeturales".
Los números que el Gobierno está promocionando incluso en estados liderados por republicanos parecen no estar completamente verificados. En Georgia, funcionarios electorales dijeron que de las 2.549 personas marcadas como posibles no ciudadanos, solo alrededor de 120 han votado alguna vez en el estado. En Carolina del Norte, funcionarios aclararon que las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional representan personas marcadas como posibles no ciudadanos, no a no ciudadanos confirmados. En Missouri, el secretario de Estado republicano Denny Hoskins dijo que sus funcionarios aún estaban verificando el estatus de ciudadanía de más de 1.000 nombres marcados en la revisión del departamento.
Al Schmidt, secretario de Estado republicano de Pensilvania, señaló que "todas las pruebas han demostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro en todo el país". Aunque el departamento ha dejado claro que no puede compartir información privada de los votantes, Schmidt dijo que da la bienvenida a que el Departamento de Seguridad Nacional comparta su metodología y la lista de posibles votantes no elegibles para que Pensilvania pueda revisar cuidadosamente la validez de sus afirmaciones. El Gobierno aún no ha difundido información sobre cuántas de esas personas cree que realmente votaron, aunque Mullin dijo que funcionarios del departamento están investigando el asunto.
Citations marquantes
Estas cifras son, en el mejor de los casos, muy conjeturales y el Departamento de Seguridad Nacional no ha compartido nada que las respalde— Francisco Aguilar, secretario de Estado de Nevada
Todas las pruebas han demostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro en todo el país— Al Schmidt, secretario de Estado de Pensilvania
Envie de l'histoire complète ?
Lire l'original sur ABC17News.com ↗
Politics & Governance