Trump pierde en el Supremo pero continúa su ofensiva para controlar las elecciones de noviembre

El lunes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó uno de los ataques más directos de la administración Trump contra el voto por correo, rechazando un decreto que habría obligado a los estados a adoptar sobres con códigos de barras uniformes y a compartir sus listas de votantes con autoridades federales. Fue una derrota clara: siete votos contra dos. Pero Trump no se detiene. Su gobierno continúa una campaña más amplia y sofisticada para reconfigurar las elecciones legislativas de noviembre, utilizando amenazas contra funcionarios electorales, demandas del Departamento de Justicia, rediseño de distritos y presión sobre líderes republicanos para aprobar una reforma electoral que podría suprimir el derecho al voto de millones de personas.

La decisión del Supremo llegó tarde para detener el daño político que Trump buscaba. Ya decenas de estados habían abierto sus períodos de votación anticipada cuando el tribunal anuló el decreto, sembrando semanas de incertidumbre entre votantes y empleados electorales. Aproximadamente un tercio de los electores estadounidenses vota por correo, y en ocho estados de mayoría demócrata es el único método disponible. El vaivén legal de los últimos meses ha dejado a esos votantes sin claridad sobre qué reglas aplicarán cuando envíen sus papeletas.

La administración Trump justifica su ofensiva electoral invocando la "integridad electoral", pero sus argumentos descansan sobre exageraciones y teorías sin fundamento. El gobierno afirma que necesita acceso a los registros de votantes para detectar fraude, localizar fallas en máquinas de votación y prevenir que no ciudadanos voten. Sin embargo, todos los análisis disponibles muestran que el fraude electoral de no ciudadanos es residual y no afecta resultados. Esta semana, el Departamento de Justicia envió cartas amenazantes a aproximadamente treinta funcionarios electorales, presionándolos para que entreguen esos registros. En febrero, Trump expresó su deseo de "nacionalizar" las elecciones, pese a que la Constitución asigna esa responsabilidad a los estados.

El plan de Trump es multifrontal. Ha introducido recortes en departamentos de ciberseguridad federal, presionado para redibujar distritos electorales a favor de su partido (con éxito en Virginia, aunque el Supremo anuló un mapa de Wisconsin hace una semana), y colocado decenas de negacionistas electorales en puestos clave. Kash Patel, ahora director del FBI, y Harmeet Dhillon, vicefiscal general, son dos ejemplos prominentes de funcionarios que han defendido públicamente la falsa teoría del fraude masivo en 2020. El fiscal general, Todd Blanche, compareció el martes en la Rosaleda de la Casa Blanca para dejar claro que la derrota del Supremo no detiene nada: prometió que los esfuerzos de Trump para "garantizar unas elecciones libres y justas" continuarán después de noviembre.

La reforma electoral que Trump presiona para aprobar, la SAVE America Act, endurecería significativamente los requisitos de identificación. Exigiría que los votantes demuestren ciudadanía al registrarse y presenten documentos con foto para votar. En un país sin carnet federal y donde aproximadamente el 50% de la población carece de pasaporte, esas exigencias amenazarían con entorpecer la participación de más de 21 millones de personas, muchas de ellas mujeres que cambiaron de nombre al casarse. Demócratas y activistas contra la supresión del voto advierten que la reforma afectaría desproporcionadamente a minorías.

Trump reaccionó a la derrota del Supremo con un mensaje furioso en Truth Social, atacando a los tres jueces que él mismo nombró en su primer mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Los tres votaron contra el gobierno. "Es un tribunal que pasará a la historia por haber tomado algunas de las decisiones más destructivas, hirientes y perjudiciales de la historia de nuestro país", escribió, olvidando convenientemente que ese mismo tribunal le concedió amplia inmunidad por su papel en los actos que condujeron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y que este año dio una victoria a los republicanos con una sentencia que recortó derechos electorales de minorías.

La presión sobre los estados ha adoptado formas explícitamente coercitivas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió en julio que los empleados electorales que no colaboren pueden acabar en la cárcel. La agencia de gestión de emergencias (FEMA) ha amenazado con retirar decenas de millones de dólares en fondos federales para prevención del terrorismo a estados que no se avengan a los planes electorales de Trump. Existe también preocupación de que el gobierno despliegue agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en colegios electorales el 3 de noviembre. La administración ha negado esa intención, pero Kash Patel perdió la oportunidad de descartarla explícitamente cuando fue interrogado en el Senado. Los demócratas anunciaron el lunes su plan de entrenar a 10.000 voluntarios para actuar si eso sucede.

Lo que está en juego es el control fundamental sobre quién puede votar en Estados Unidos. Trump perdió una batalla en el Supremo, pero su guerra por reconfigurar las elecciones de noviembre continúa en múltiples frentes, con amenazas, presiones y cambios normativos que podrían afectar a decenas de millones de votantes.