El gobierno se preocupaba por quién controlaba la narrativa mientras Caracas ardía
Cuando una ciudad cae en escombros, la primera pregunta que hace la historia es quién acudió a ayudar y quién llegó a controlar. En Caracas, tras el desastre, las autoridades venezolanas desplegaron militares y agentes de inteligencia no para coordinar rescates, sino para extorsionar a civiles, acreditar el acceso a las propias comunidades destruidas y silenciar a los periodistas que documentaban el caos. Lo que debía ser una respuesta humanitaria se convirtió en un ejercicio de dominio territorial, revelando que para este gobierno la narrativa y el control importaban más que las vidas suspendidas entre los escombros.
- Militares con más de 330.000 efectivos disponibles llegaron tarde, se quedaron de brazos cruzados y, en lugar de rescatar, extorsionaron a los ciudadanos que intentaban acceder a sus propios barrios destruidos.
- Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello militarizaron las zonas afectadas e impusieron acreditaciones en La Guaira que convirtieron cada minuto salvable en un trámite burocrático interminable.
- La ayuda humanitaria fue centralizada en canales oficiales, los centros de acopio independientes fueron limitados y los voluntarios encontraron más obstáculos que apoyo en el terreno.
- Un agente del Sebin identificado como Robinson Navarro amenazó al periodista Gabriel Tinoco con detenerlo si seguía grabando, mientras otros medios reportaron cortes de comunicaciones y restricciones en plataformas digitales.
- Las organizaciones civiles advierten que cada medida de control territorial reduce la velocidad de respuesta y bloquea la ayuda espontánea, prolongando artificialmente el desastre.
Cuando el gobierno venezolano llegó a las zonas de desastre en Caracas, lo hizo tarde y con prioridades equivocadas. Los militares se apostaron entre los escombros sin sumarse a las labores de rescate, mientras exigían datos personales a los ciudadanos como condición para entrar a sus propias comunidades destruidas. En lugar de coordinar búsquedas, algunos efectivos se dedicaron a cobrar mordidas y extorsionar.
Venezuela dispone de más de 330.000 personas en su estructura de defensa. Si una fracción significativa de ellas hubiera trabajado desde el primer momento junto a bomberos y equipos de protección civil, el panorama habría sido radicalmente distinto. No fue así.
La presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro Diosdado Cabello anunciaron medidas que dejaban clara su verdadera agenda: controlar el territorio y la información. Militarizaron las zonas afectadas, establecieron controles de acceso en La Guaira que convertían cada trámite en una eternidad, centralizaron la ayuda humanitaria en canales oficiales y limitaron tanto los centros de acopio independientes como la presencia de voluntarios. Las organizaciones civiles fueron directas: estas medidas no facilitaban la respuesta, la obstaculizaban.
La represión a la prensa fue igualmente reveladora. El periodista Gabriel Tinoco, de EVTV, fue abordado por un funcionario del Sebin que se identificó como Robinson Navarro con un mensaje sin ambigüedades: deja de grabar o te detenemos. Otros medios reportaron retrasos sistemáticos en la publicación de datos sobre víctimas, cortes de comunicaciones y restricciones en plataformas digitales.
Lo que quedó expuesto en esos primeros días fue un patrón inequívoco: mientras los voluntarios trabajaban sin dormir y las familias buscaban a sus desaparecidos, el gobierno se ocupaba de quién controlaba la narrativa. Los obstáculos burocráticos parecían diseñados con precisión para ralentizar la ayuda. El desastre ya había ocurrido; el gobierno parecía empeñado en prolongarlo.
Cuando llegó el gobierno a las zonas de desastre en Caracas, llegó tarde y llegó mal. Los militares se plantaron en los escombros con las manos en los bolsillos, observando cómo trabajaban los rescatistas civiles sin sumarse al esfuerzo. Peor aún: exigían datos personales a los ciudadanos como precio de entrada a sus propias comunidades destruidas. En lugar de movilizarse para coordinar búsquedas y salvamentos, cobraban mordidas y extorsionaban.
Venezuela cuenta con más de 330.000 personas en su estructura de defensa —militares activos, reservistas y milicianos—, de los cuales unos 123.000 son efectivos operativos profesionales. Si cada uno de ellos se hubiera presentado desde el primer momento para trabajar codo a codo con los bomberos y los equipos de protección civil, el panorama sería completamente distinto. Pero no fue así. Su tardanza fue nefasta, y cuando llegaron, muchos se dedicaron a lo que sabían hacer mejor: extorsionar en lugar de prevenir saqueos.
La presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro del Interior Diosdado Cabello anunciaron una serie de medidas que dejaban clara su verdadera prioridad: controlar el territorio y controlar la información, no gestionar la ayuda. Militarizaron las zonas afectadas. Establecieron controles y acreditaciones en La Guaira que convertían el acceso en un trámite eterno, precisamente cuando cada minuto contaba para salvar vidas. Centralizaron toda la ayuda humanitaria a través de canales oficiales, limitaron los centros de acopio independientes y los voluntarios, y restringieron la cobertura periodística. Las organizaciones civiles fueron claras: estas medidas no facilitaban la respuesta, la obstaculizaban. Dificultaban que llegara la ayuda espontánea. Reducían la capacidad de reacción en el momento en que la velocidad era lo único que importaba.
La represión a la prensa fue particularmente reveladora. El periodista Gabriel Tinoco, de la cadena EVTV, fue abordado mientras cubría la emergencia por un funcionario del Sebin —el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional— que se identificó como Robinson Navarro. El mensaje fue directo: deja de grabar o te detenemos. Otros medios reportaron retrasos sistemáticos en la publicación de datos sobre víctimas y daños. Las comunicaciones fueron cortadas. Las plataformas digitales fueron restringidas. La información se convirtió en un bien controlado por el Estado.
Lo que emergió de esos primeros días fue un patrón claro: mientras Caracas ardía, mientras la gente buscaba a sus desaparecidos, mientras los voluntarios trabajaban sin dormir, el gobierno se preocupaba por quién controlaba la narrativa y quién tenía acceso a qué. Los obstáculos burocráticos fueron diseñados con una precisión casi perversa, como si alguien hubiera pensado específicamente en cómo ralentizar la ayuda. Y en medio de todo eso, los ciudadanos fueron extorsionados por las mismas autoridades que supuestamente estaban ahí para protegerlos. Las organizaciones civiles advirtieron que si esto continuaba así, la capacidad de respuesta seguiría cayendo, y la ayuda independiente seguiría siendo bloqueada. El desastre ya había ocurrido. Ahora el gobierno parecía empeñado en prolongarlo.
Notable Quotes
Las organizaciones civiles sostienen que estas medidas dificultan la llegada de ayuda espontánea y reducen la capacidad de respuesta— Organizaciones civiles venezolanas
Funcionario del Sebin exigió detener la grabación y amenazó con llevar detenido al periodista si continuaba recabando datos— Incidente con periodista Gabriel Tinoco, cadena EVTV
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un gobierno militarizaría una zona de desastre en lugar de simplemente dejar que los rescatistas trabajen?
Porque la militarización no es sobre rescate. Es sobre control. Cuando estableces controles de acceso, cuando exiges documentos, cuando registras datos, estás creando un punto de poder. Y en esos momentos de caos, el poder es lo más valioso que existe.
Pero eso suena contraproducente. ¿No necesitan que la gente confíe en ellos?
Necesitan que la gente obedezca. La confianza es un lujo que no les interesa. Lo que les interesa es saber quién entra, quién sale, quién habla, quién graba. El desastre es una oportunidad para consolidar control.
¿Y los militares que extorsionaban? ¿Eso era política o simplemente corrupción?
Probablemente ambas cosas. La corrupción es el lubricante del sistema. Pero el hecho de que ocurra sin consecuencias, de que nadie los detenga, eso sí es política. Es un mensaje: en el caos, nosotros hacemos las reglas.
¿Qué pasa con los periodistas? ¿Por qué amenazar a alguien que solo está documentando lo que está pasando?
Porque la documentación es poder. Si el gobierno controla la narrativa, controla la realidad. Un periodista grabando rescates, mostrando lo que realmente sucede, eso es una amenaza directa. Por eso el Sebin se acerca. Por eso dice: deja de grabar o te detenemos.
¿Y la ayuda humanitaria? ¿Centralizarla realmente ralentiza las cosas?
Dramáticamente. Cuando canalizas toda la ayuda a través de estructuras oficiales, introduces burocracia en un momento en que no hay tiempo para burocracia. Los voluntarios independientes pueden actuar en minutos. El gobierno necesita días, formularios, aprobaciones. Y mientras tanto, la gente sigue atrapada.