En un momento en que la tecnología avanza más rápido que las instituciones que deberían encauzarla, San Luis Potosí ha elegido detenerse a escuchar antes de legislar. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó a académicos, periodistas, empresarios y abogados para construir juntos una ruta regulatoria sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales. La iniciativa, que incluye derogar normas penales obsoletas para abrir espacio a una legislación nueva, reconoce que gobernar la tecnología es, ante todo, un acto político y humano.
San Luis Potosí abre diálogo sobre retos de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial no es un problema técnico sino político
Mark
¿Por qué un gobernador de un estado mexicano decide convocar a todos estos sectores para hablar de inteligencia artificial ahora?
Mimi
Porque la IA ya está aquí, operando en hospitales, escuelas, empresas. Si esperas a que haya un problema grave, es demasiado tarde para regular. Además, San Luis Potosí parece haber entendido que si solo hablan los abogados del gobierno, la regulación será incompleta.
Luke
Pero ¿qué tan vinculante es esto? ¿El Congreso estatal está obligado a convocar el parlamento abierto, o es solo una solicitud que el gobernador hace?
Mimi
Es una solicitud. El gobernador acordó solicitarlo, pero la decisión final es del Congreso. Eso es importante porque muestra que hay límites a lo que el gobernador puede hacer solo.
Mark
¿Y esos artículos del Código Penal que derogó? ¿Qué hacían?
Luke
El comunicado no lo especifica. Sabemos que los derogó, pero no sabemos qué regulaban exactamente. Eso es un vacío en la información.
Mimi
Probablemente eran disposiciones sobre delitos digitales o expresión en línea que el gobierno considera obsoletas o problemáticas. Pero tienes razón, sin saber qué decían, es difícil evaluar si la derogación es progresista o si deja un vacío peligroso.
Mark
¿Cuándo empieza el parlamento abierto?
Luke
No hay fecha. El comunicado dice que se acordó solicitar que se realice, pero no hay cronograma. Eso es típico: el anuncio es fuerte, pero los detalles de implementación quedan vagos.
Mimi
Aun así, el hecho de que haya una mesa de trabajo con todos estos sectores ya es significativo. Muchos gobiernos no hacen ni eso.
Mark
¿Qué podría salir mal?
Luke
Que el Congreso no convoque el parlamento. Que lo convoque pero de forma simbólica, sin que las voces de la sociedad civil realmente influyan en la ley final. Que la regulación que resulte sea tan restrictiva que ahogue la innovación, o tan laxa que no proteja derechos.
Mimi
O que el proceso sea genuino pero que los intereses empresariales terminen ganando sobre la protección de derechos. Eso pasa en muchos lados.
Il Polso
- La inteligencia artificial ya opera en salud, educación y administración pública potosina sin un marco legal adecuado, lo que genera incertidumbre jurídica para ciudadanos y empresas.
- El gobernador rompió con la lógica burocrática habitual al sentar en una misma mesa a sectores que rara vez coinciden: universidades, cámaras empresariales, colegios de abogados y medios de comunicación.
- Como primer acto concreto, Gallardo Cardona firmó una iniciativa para derogar tres artículos del Código Penal estatal, eliminando normas insuficientes para dejar terreno libre a una regulación moderna.
- El estado solicitará al Congreso un parlamento abierto y una consulta especializada, con participación de sociedad civil, académicos y sector productivo, en un proceso público y documentado.
- El verdadero desafío aún no ha llegado: traducir el consenso alcanzado en mesas de diálogo en artículos de ley que equilibren innovación tecnológica con protección de derechos fundamentales.
En un momento en que la tecnología avanza más rápido que las instituciones que deberían encauzarla, San Luis Potosí ha elegido detenerse a escuchar antes de legislar. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó a académicos, periodistas, empresarios y abogados para construir juntos una ruta regulatoria sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales. La iniciativa, que incluye derogar normas penales obsoletas para abrir espacio a una legislación nueva, reconoce que gobernar la tecnología es, ante todo, un acto político y humano.
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó una mesa de trabajo que reunió a académicos, investigadores, empresarios, abogados, periodistas y funcionarios públicos para dialogar sobre inteligencia artificial. No fue un seminario de expertos ni una rueda de prensa: fue el primer paso de un proceso legislativo abierto en el que distintos sectores de la sociedad tendrían voz sobre cómo regular una tecnología que ya transforma casi todo.
Los participantes buscaron construir una ruta de trabajo basada en consenso, con un objetivo declarado: garantizar certeza jurídica, promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y proteger derechos humanos sin cerrar la puerta a la innovación. Como resultado inmediato, Gallardo Cardona firmó una iniciativa para derogar tres artículos del Código Penal estatal —el 187 Ter, el 272 Bis y el 272 Ter— y disposiciones del Decreto 0314. No es desregulación: es limpieza legislativa, un reconocimiento de que las normas vigentes no están a la altura del momento.
Lo que sigue es más ambicioso. El gobernador acordó solicitar al Congreso estatal que convoque un parlamento abierto y una consulta especializada dedicada enteramente a inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales, con participación de especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes del sector productivo, en un proceso público y documentado.
Gallardo Cardona argumentó que la IA ya está presente en ámbitos críticos como la salud, la educación y la administración pública, y que no regular equivale a dejar que la tecnología dicte sus propias reglas. Lo notable no es que San Luis Potosí haya inventado un modelo inédito, sino que un estado mexicano haya decidido que estas decisiones no pueden tomarse solo entre abogados y burócratas. El siguiente paso —y el más difícil— será que el Congreso acoja la solicitud y que el consenso sobreviva su traducción en artículos de ley.
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó a una mesa de trabajo inusual: académicos, investigadores, empresarios, abogados, periodistas y funcionarios públicos sentados juntos para hablar de inteligencia artificial. No era un seminario de expertos ni una conferencia de prensa. Era el primer paso de lo que el estado pretende convertir en un proceso legislativo abierto, donde distintos sectores de la sociedad tengan voz en cómo se regula la tecnología que ya está transformando casi todo.
La reunión produjo propuestas variadas y, según el comunicado oficial, también inquietudes. Los participantes buscaban construir lo que llamaron una ruta de trabajo basada en consenso, algo que suena simple pero que en la práctica es difícil: lograr que universidades, cámaras empresariales, colegios de abogados y medios de comunicación acuerden sobre algo. El objetivo declarado era claro: garantizar certeza jurídica, promover el uso responsable de nuevas tecnologías y proteger derechos humanos mientras se abre espacio para la innovación.
Como resultado inmediato, Gallardo Cardona firmó una iniciativa para derogar tres artículos del Código Penal estatal: el 187 Ter, el 272 Bis y el 272 Ter, además de disposiciones vinculadas al Decreto 0314. La derogación no es un acto de desregulación sino de limpieza legislativa, un reconocimiento de que las normas existentes no son suficientes ni adecuadas para el momento actual. Al eliminar estas disposiciones, el estado abre espacio para construir regulación nueva desde cero, con participación amplia.
Lo que viene después es más ambicioso. El gobernador acordó solicitar al Congreso estatal que convoque a un parlamento abierto y una consulta especializada dedicada enteramente a inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales. No será un ejercicio de consulta rápida. Participarán especialistas, instituciones académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector productivo. El proceso será público y documentado.
Gallardo Cardona justificó el esfuerzo señalando que la inteligencia artificial ya está presente en ámbitos críticos: salud, educación, empleo, administración pública y prestación de servicios. No regular es, en cierto sentido, permitir que la tecnología defina las reglas. El gobernador planteó que la regulación debe ser moderna, que debe privilegiar la innovación pero también la protección de derechos y el interés público. Es una tensión conocida: cómo permitir que la tecnología avance sin que el avance erosione protecciones fundamentales.
Lo notable aquí no es que San Luis Potosí haya inventado algo nuevo en materia de regulación tecnológica. Lo notable es que un estado mexicano haya decidido que este tipo de decisiones no pueden tomarse en una oficina de gobierno, con abogados y burócratas. Decidió que necesitaba escuchar a periodistas sobre libertad de expresión, a académicos sobre impactos sociales, a empresarios sobre viabilidad, a abogados sobre derechos. Eso es un reconocimiento de que la inteligencia artificial no es un problema técnico sino político, social y jurídico.
El siguiente paso es que el Congreso estatal acoja esta solicitud y convoque el parlamento abierto. Luego vendrá el trabajo real: traducir las inquietudes de distintos sectores en artículos de ley que funcionen. Eso es donde el consenso se prueba de verdad.
Citazioni salienti
La regulación debe ser moderna, privilegiar la innovación pero también la protección de derechos y el interés público— Gobernador Ricardo Gallardo Cardona
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