Rafael López Aliaga rechaza reunirse con Castillo por investigaciones fiscales

Rafael López Aliaga, quien ganó la alcaldía de Lima para el período 2023-2026, anunció de manera categórica que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo. Su rechazo no es táctico ni provisional: es una postura de principio basada en lo que considera una incompatibilidad moral y política fundamental. Castillo enfrenta siete investigaciones fiscales, según López Aliaga, y asistir a una reunión con él sería, en sus palabras, avalarlo. El empresario y líder de Renovación Popular fue directo cuando la prensa le preguntó si se encontraría con el mandatario. "No, de ninguna manera", respondió, añadiendo que le había pedido al presidente que renunciara y se fuera a Cuba o Venezuela.

La decisión de López Aliaga refleja una lectura particular de lo que significa la autonomía municipal. Argumenta que la Municipalidad de Lima tiene su propia capacidad de gestión financiera y administrativa, y que por lo tanto no necesita entablar una relación con el Ejecutivo. En una entrevista con la radio Exitosa, fue más allá: señaló que el presupuesto de Lima está quebrado, que hay demasiadas consultorías que planea eliminar, y que ya está sosteniendo reuniones con banqueros para aumentar el capital de la ciudad. Su mensaje es que Lima puede gobernarse a sí misma sin depender del gobierno nacional.

Pero esta postura choca directamente con lo que establece la ley. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, recordó públicamente que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) establece que el alcalde tiene funciones compartidas con el gobierno nacional. No es una cuestión de preferencia personal, subrayó Salas: el alcalde está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para dar soluciones a la capital. El actual alcalde de Lima, Miguel Romero, fue más allá en su crítica implícita. Señaló que la Municipalidad de Lima tiene más de diez millones de habitantes y 240 mil hectáreas de territorio, lo que hace imposible gobernar sin inversión del gobierno nacional. "Todos tenemos que jalar en el mismo sentido. No somos una isla", dijo Romero.

La vicepresidenta Dina Boluarte también intervino en el debate, aunque de manera más diplomática. Llamó a las autoridades electas a "tender puentes" para el beneficio de la ciudadanía, argumentando que no es momento de seguir polarizando la sociedad. Martha Moyano, segunda vicepresidenta del Congreso, fue más específica: señaló que el alcalde de Lima debe coordinar con el Ejecutivo para pedir que transfiera presupuesto para educación y salud. Incluso Daniel Urresti, quien perdió la elección, le pidió a López Aliaga que clausurara los puestos de Las Malvinas el 2 de enero de 2023, apenas un día después de asumir funciones, priorizando así la seguridad ciudadana.

López Aliaga, en cambio, ha decidido saltarse al presidente y dirigirse directamente al Congreso. Anunció que solicitará una reunión con José Williams Zapata, presidente del Parlamento, para tratar proyectos de ley que necesita Lima. Uno de sus objetivos es que Lima sea reconocida como región, algo que actualmente no es. Todas las otras regiones tienen competencias en educación y salud, explicó, y él quiere trabajar en esos temas. También mencionó que ya se reunió con el excandidato George Forsyth, aunque aún espera respuesta de Urresti, a quien le envió un mensaje por WhatsApp sin obtener respuesta.

Lo que está en juego es más que una disputa de egos políticos. La capital peruana necesita inversión estatal para funcionar, y esa inversión requiere coordinación con el gobierno nacional. López Aliaga cree que puede gobernar Lima de espaldas a Castillo, basándose en la autonomía municipal y en su capacidad de recaudar capital privado. Pero los funcionarios del gobierno, los legisladores y el alcalde saliente advierten que esta estrategia es legalmente insostenible y prácticamente inviable. La tensión entre la postura confrontacional del nuevo alcalde y las obligaciones legales que hereda es el verdadero conflicto que Lima enfrentará en los próximos años.