Poder Judicial ordena cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por presuntas coimas

Un tribunal peruano ordenó el encarcelamiento de Martín Vizcarra, el expresidente que gobernó el país entre 2018 y 2020, por cinco meses mientras se investigan acusaciones de que recibió sobornos superiores a dos millones de soles cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua años antes. La decisión, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz el 14 de agosto, marca un punto de quiebre en un caso que había permanecido en suspenso desde junio, cuando un tribunal anterior rechazó un pedido similar de prisión preventiva y optó por permitir que Vizcarra permaneciera en libertad bajo restricciones.

La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez, presentó evidencia de que Vizcarra direccionó la asignación de dos proyectos de infraestructura —Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua— a cambio de pagos ilícitos entregados por dos empresas constructoras. Según los argumentos fiscales, la empresa Obrainsa entregó un millón de soles en dos tranches durante 2014, mientras que ICCGSA realizó pagos por 1.3 millones distribuidos entre 2014 y 2016. Un colaborador que coopera con la justicia declaró que Vizcarra había comentado que las constructoras "se comen la torta solos", una frase que la Fiscalía interpretó como evidencia de que el expresidente era consciente de los beneficios económicos que obtenían las empresas a cambio de sus pagos.

En su fundamentación, el juez Chávez señaló que existen elementos suficientes para creer que Vizcarra representa un riesgo de fuga. El magistrado observó que la familia inmediata del expresidente —su esposa e hijo menor— reside en Moquegua, mientras que él permanece en Lima, una separación que sugiere la ausencia de vínculos económicos o de convivencia sólidos. Respecto a la situación laboral, el juez descartó los contratos que la defensa presentó con el partido político de Vizcarra, Perú Primero, argumentando que fueron elaborados después de que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva y que describen funciones vagas sin resultados verificables. El hecho de que la empresa sea administrada por la esposa de Vizcarra y fundada por sus hijas restó credibilidad a esos vínculos laborales. El juez también consideró que aunque Vizcarra tiene un domicilio registrado en Lima, este factor aislado no constituye un freno real contra una posible evasión, especialmente dado que el caso se aproxima a una resolución final.

La defensa de Vizcarra, encabezada por el abogado Erwin Siccha, impugnó la decisión argumentando que su cliente no tenía la autoridad para decidir unilateralmente sobre la adjudicación de Lomas de Ilo, ya que la oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) era la entidad responsable de evaluar y recomendar a las empresas ganadoras. Siccha también denunció un posible conflicto de interés, señalando que el juez Chávez es esposo de una fiscal que forma parte del equipo especial Lava Jato, el mismo equipo al que pertenece el fiscal Juárez. La defensa anunció que presentaría un recurso de apelación el 14 de agosto y argumentó que Vizcarra no representa riesgo de fuga, citando el hecho de que se ha presentado a todas las citaciones judiciales incluso después de que se solicitara su prisión preventiva.

Con esta orden, Vizcarra se convierte en el quinto expresidente peruano que cumple prisión preventiva por acusaciones de corrupción. Será trasladado al penal de Barbadillo, donde permanecerá durante los cinco meses que dure la medida mientras continúan las investigaciones por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. La decisión representa un giro significativo en un caso que ha estado bajo escrutinio público intenso, y ahora enfrenta un proceso de apelación que podría revertir o mantener la orden de encarcelamiento.