Poder Judicial ordena cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra ingresó a un centro penitenciario el miércoles por orden judicial. El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictaminó cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario mientras avanza el juicio oral en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La decisión llegó después de que el Ministerio Público solicitara formalmente la medida, argumentando que Vizcarra representa un riesgo de fuga.

El magistrado fundamentó su resolución en la ausencia de arraigo laboral y familiar comprobado, a pesar de que Vizcarra demostró tener arraigo domiciliario. Chávez Tamariz consideró que esto último no era suficiente para garantizar la presencia del acusado durante el proceso. El juez enfatizó que la sentencia en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua está próxima a emitirse, por lo que resulta imprescindible asegurar que el exjefe de Estado comparezca cuando se resuelva su situación. Además, advirtió sobre la existencia de peligro procesal, comportamiento cuestionable y una posible pena a imponerse.

La decisión judicial se produjo días después de que el programa Panorama revelara que Vizcarra había recibido dieciocho mil soles por asesorías políticas a su partido, Perú Primero, y cobraba diez mil soles mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D S.A.C. El magistrado cuestionó severamente estos contratos como prueba de arraigo laboral. Señaló que la empresa familiar tiene como gerente a la esposa de Vizcarra y está vinculada a su hermano, concluyendo que todo fue instrumentalizado para generar una apariencia de arraigo. Respecto al contrato con Perú Primero, el juez observó que fue legalizado después de que se solicitara la prisión preventiva, que describe actividades genéricas y que los pagos no fueron mensuales sino un único desembolso posterior a la primera audiencia.

Chávez Tamariz fue directo en su crítica: el acusado buscó manipular al sistema judicial con contratos y documentos para evitar medidas en su contra, y después del primer pedido de prisión preventiva, intentó desesperadamente sanear su arraigo. El juez también determinó que existen graves y fundados elementos de convicción respecto al delito de cohecho atribuido a Vizcarra, y que se cumplen los requisitos de prognosis de probable pena en caso de condena.

La Fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido dos punto tres millones de soles en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, a cambio de la adjudicación de las dos obras mencionadas. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una condena de quince años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio en agravio del Estado. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, expresó conformidad con la decisión del juez.

Durante la audiencia, Vizcarra insistió en que su arraigo laboral es pleno y que ha continuado trabajando desde la última citación judicial en la que se rechazó la prisión preventiva. También cuestionó las declaraciones de los testigos eficaces, calificándolas de delación falsa. El exmandatario afirmó confiar en el Poder Judicial a pesar del vía crucis judicial que ha vivido en estos años. Su abogado, Erwin Siccha, anunció que presentarán una apelación contra la decisión.

Al cierre de la jornada, Vizcarra aún no había sido trasladado al Penal de Barbadillo en Ate, donde presumiblemente cumpliría la medida. La prisión preventiva de cinco meses mantiene al expresidente bajo custodia hasta que culmine el juicio oral en ambos casos de corrupción.