Poder Judicial condena a 15 meses de prisión a banda de narcotraficantes con dos policías en Carabayllo

A los cinco integrantes de una red de narcotráfico los esperaba una decisión judicial que cambiaría el curso de sus vidas. El Poder Judicial de Lima Norte dictaminó 15 meses de prisión preventiva contra ellos tras ser detenidos el 14 de octubre en Carabayllo portando 15 kilos de cocaína. Lo que hizo el caso particularmente grave fue que entre los acusados figuraban dos efectivos de la Policía Nacional: Luis Hernán Olivares Sánchez, quien ya estaba en retiro, y Eddy Paolo Rebatta Carrión, aún en servicio activo. Los otros tres integrantes de la banda eran Carlos Vladimir Quevedo Loyola, Jonathan Omar Gómez Castro y Génesis Naysha Castañeda Mezones.

El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte encontró evidencia sólida y convincente que vinculaba a los procesados con el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio del Estado. La investigación había sido impulsada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, que logró articular los elementos de convicción necesarios para que se dictara la medida coercitiva.

Durante la audiencia virtual, el fiscal a cargo del caso presentó los detalles de la intervención. Los investigados fueron capturados en flagrancia cuando trasladaban la droga por las calles de Carabayllo. El alcaloide de cocaína incautado sumaba 15 kilos, una cantidad significativa que evidenciaba la escala de la operación criminal. El fiscal subrayó la participación de los dos policías en la red, un hallazgo que agravaba la naturaleza del delito al revelar corrupción dentro de las filas de la institución encargada de combatir precisamente este tipo de criminalidad.

La decisión de 15 meses de prisión preventiva no era una condena definitiva, sino una medida que permitiría a las autoridades continuar investigando la estructura completa de la organización delictiva. Este período de tiempo daría a los fiscales la oportunidad de profundizar en cómo operaba la banda, quiénes eran sus proveedores, cuál era el alcance de sus operaciones y si existían otros miembros aún no identificados. La medida también servía para asegurar que los acusados permanecieran bajo custodia mientras avanzaba el proceso judicial.

El caso reflejaba un problema persistente en el país: la infiltración de agentes del orden en redes de narcotráfico. Que dos policías estuvieran directamente involucrados en el transporte de cocaína no era un detalle menor. Representaba una quiebra de confianza institucional y planteaba preguntas incómodas sobre cuánto tiempo llevaban operando dentro de la banda y cuántas otras operaciones criminales podrían haber facilitado. La Policía Nacional tendría que responder por cómo dos de sus efectivos, uno activo y otro retirado, habían llegado a formar parte de una organización dedicada al tráfico de drogas.

La intervención en Carabayllo había sido el punto de quiebre. Los cinco fueron sorprendidos con la droga en su poder, lo que permitió que la fiscalía presentara un caso de flagrancia prácticamente incontestable. El magistrado, convencido por la evidencia presentada, no tuvo dudas al momento de dictar la prisión preventiva. Ahora, mientras los cinco permanecían en custodia, la investigación continuaría su curso, desentrañando los detalles de una operación que había logrado infiltrar las propias instituciones del Estado.