Netanyahu ordena investigar y procesar a las fuentes del documental 'Naza'

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado una investigación para identificar y procesar penalmente a veinticuatro miembros del ejército y oficiales de inteligencia que participaron de forma anónima en el documental "Naza", ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. El comunicado emitido por su oficina acusa a estas fuentes de cometer "delitos graves contra la seguridad de Israel" al divulgar información clasificada y, según el Gobierno, construir una "narrativa falsa, engañosa y sesgada" que difama al Estado y a las Fuerzas de Defensa Israelíes a nivel mundial.

La película, cuyo título es un acrónimo militar para estimar bajas civiles en ataques aéreos, se basa en testimonios anónimos de militares e inteligencia que describieron cómo durante la guerra en Gaza se tomaron decisiones sistemáticas sabiendo que resultarían en muertes de civiles. Estos mismos testimonios fueron publicados también en la revista +972 y en el diario británico The Guardian, que es productor del documental. Las fuentes revelaron que el ejército israelí planificaba y ejecutaba bombardeos contra viviendas palestinas donde se sospechaba que vivían milicianos de Hamás, procediendo con los ataques incluso cuando se sabía que familias civiles estaban dentro de las casas. El documental también expone la aplicación de un método de perfilamiento basado en inteligencia artificial que determinaba si un sospechoso era combatiente o no, pero que tenía un margen de error del quince por ciento, lo que significa que al menos uno de cada diez señalados podría ser inocente.

Los realizadores del documental, los periodistas Yuval Abraham y Rachel Szor, han sido objeto de una campaña amplia de ataques que incluye amenazas de revocación de ciudadanía israelí, a pesar de que ambos nacieron en Israel y tienen linajes familiares que incluyen víctimas y sobrevivientes del Holocausto. Simpatizantes de Netanyahu se han reunido frente a la casa de los padres de Szor en Savyon dejando pintadas que dicen "muerte a los traidores" y han prometido perseguir a ambos realizadores una vez que regresen a Israel. El Gobierno ha instruido al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini, y a la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara, para que procedan con las acciones solicitadas. Específicamente, el Shin Bet ha recibido la orden de actuar "con urgencia" para descubrir la identidad de todos los implicados en la película, refiriéndose a las veinticuatro fuentes anónimas que preservaron su identidad precisamente en previsión de sufrir consecuencias por sus revelaciones.

El comunicado oficial sostiene que existe preocupación de que los implicados en el documental hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad. También acusa a las fuentes de incurrir en "difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos" del país. Sin embargo, The Guardian defiende la investigación como resultado de tres años de entrevistas en las que se contrastaron testimonios de más de cien fuentes conocedoras de los sistemas militares israelíes empleados en la guerra. Los mandos militares israelíes sostienen que sus normas prohíben expresamente ataques deliberados contra civiles, pero el documental documenta una admisión de que el ejército ejecutó bombardeos en zonas para las que se habían emitido órdenes de evacuación, aun a sabiendas de que quedaba población civil que no había salido.

Este caso recuerda el de Yifat Tomer-Yerushalmi, exfiscal general militar que fue brevemente arrestada después de filtrar videos clasificados que mostraban una grave agresión sexual contra un prisionero palestino en un centro de detención. Netanyahu calificó aquellas revelaciones como "quizás el ataque de relaciones públicas más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación", mientras que el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que los llamados a investigar las acciones de los militares involucrados eran "calumnias sangrientas". Tomer-Yerushalmi finalmente dimitió, fue sometida a reclusión domiciliaria y enfrentó fuertes ataques tanto de Netanyahu como de Katz, llegando a intentar suicidarse durante el proceso en su contra. Ahora, con la orden de investigar a las fuentes de "Naza", Netanyahu apunta nuevamente contra quienes revelan información que considera perjudicial para la imagen del Estado, independientemente de si esa información documenta prácticas reales o constituye una brecha de seguridad.