Lujo y armas en el castillo de Betancourt: la Policía incauta Ferraris, Porsches y 17 rifles

A 55 kilómetros de Madrid, en la provincia de Toledo, existe una propiedad de 1.440 hectáreas valorada en más de 25 millones de euros. Se llama Castillo de Alamín, y el 28 de agosto del año pasado, seis agentes de la Policía llegaron allí con una orden judicial. Lo que encontraron en sus habitaciones, garajes y bóvedas cuenta una historia sobre dinero, poder y las redes que un empresario venezolano tejió en España mientras era investigado por blanqueo de capitales.

Alejandro Betancourt amasó su fortuna durante la crisis eléctrica de Venezuela a finales de los años diez. Después, cuando la administración Trump llegó al poder, su riqueza se revalorizó aún más. El gobierno estadounidense lo designó como intermediario en negociaciones con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, encargándole la explotación del crudo. Pero en junio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción española interpuso una querella contra él, su socio Pedro Trebbau y otras cuatro personas. La acusación: haber introducido en Europa dinero procedente de un fraude de 4.350 millones de dólares, derivado de un préstamo de la petrolera estatal PDVSA con la empresa privada Administrador Atlantic. La Fiscalía sostenía que Betancourt había lavado presuntamente parte de este dinero a través de inversiones en sociedades y bienes inmuebles españoles.

Cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal cruzaron el jardín del castillo aquella mañana de agosto, Betancourt no estaba. Sus investigadores lo sabían porque lo habían estado siguiendo, pero cuando entraron en la propiedad solo encontraron a su mujer y su hermana. El registro continuó. En el dormitorio de la madre hallaron una tarjeta de residencia a nombre del empresario de Emiratos Árabes Unidos, emitida el 6 de diciembre de 2023 y válida hasta el 5 de diciembre de 2025. En otra habitación descubrieron una bodega con un número indeterminado de botellas de vino y bebidas alcohólicas. En el garaje esperaban cinco vehículos de lujo: dos Porsche Cayenne, un tercer Porsche con matrícula venezolana, un Ferrari F12 Berlinetta sin matrícula y un Mini Cooper Cabrio. Los agentes consultaron con sus colegas suizos, que coordinaban la investigación internacional, y tres de estos coches fueron considerados de interés para el caso.

Pero lo más revelador estaba en una habitación cerrada con llave, configurada como un armero. Un hombre de unos 42 años que se identificó como responsable de la custodia de la llave la abrió. Dijo que no sabía qué había dentro. Cuando la Policía entró, encontró 17 armas: 13 rifles y cuatro escopetas, todas sin la documentación correspondiente y registradas a nombre de una tercera persona, M. E. G. R. Junto a ellas había tres silenciadores para armas y diversa munición. El único efectivo que los agentes encontraron fueron 8.600 dólares estadounidenses.

El castillo no era la única propiedad opulenta de Betancourt en la región. La UDEF también registró la Casa de Yeguas de Alamín, en la frontera entre Madrid y Toledo, donde solo encontraron herramientas, material agrícola, naves y establos en estado de abandono, muebles viejos y restos de productos para la agricultura. Además de 60 vacas y dos toros bravos. En Madrid, a través de sus sociedades, el venezolano poseía dos pisos en zonas de lujo: uno frente a la Puerta de Alcalá y otro en el Paseo de la Castellana. En uno de ellos, dentro del vestidor del dormitorio principal, había dos cajas fuertes incrustadas en la pared, una tras un espejo y otra al retirar un mueble. El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía las abrió. Solo encontraron un sobre de la marca Cartier vacío.

La investigación española ha avanzado poco desde entonces. El juez Santiago Pedraz intentó archivarla cuando Betancourt presentó un documento en el que Venezuela lo exoneraba de los supuestos delitos de corrupción con PDVSA. Sin un origen ilícito del dinero comprobado, argumentó, no se podría demostrar que las inversiones en Europa fueron realizadas para blanquear fondos. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez a reabrir el caso y a esperar declaraciones de cinco testigos estadounidenses que ya fueron condenados en Estados Unidos bajo el esquema conocido como Money Flight, que reconoce pagos a funcionarios de PDVSA para sacar dinero de la petrolera a través de operaciones camufladas. Si estos testigos declaran en España, la Fiscalía cree que el delito precedente quedaría acreditado y se podría profundizar en el blanqueo de capitales de Betancourt y su entorno.

Pero Washington, que ha convertido al venezolano en su hombre de contacto con Delcy Rodríguez, lleva meses sin responder a la petición de cooperación judicial de la Audiencia Nacional. Esta demora no solo está frenando la investigación, sino que la causa tiene fecha de caducidad. El juez Pedraz ha establecido un límite: si en diciembre no recibe respuesta, archivará la investigación contra el multimillonario. Betancourt, mientras tanto, rechaza cualquier acusación de corrupción y ha presentado documentación venezolana para ser exonerado. Las redes que tejió en España, según fuentes de las pesquisas, se extienden hasta algunos rostros conocidos del Partido Popular y un editor de un medio generalista conocido.