Comunidades desplazadas, líderes encarcelados, cuentas congeladas
Desde Ginebra, una mujer kichwa de Otavalo puso ante los ojos del mundo lo que Ecuador preferiría mantener en silencio. Pacha Terán, excandidata a la vicepresidencia, compareció ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU para denunciar una represión sistemática contra comunidades indígenas, campesinas y organizaciones sociales bajo el gobierno de Daniel Noboa. En la larga historia de los pueblos originarios frente al poder del Estado, este momento en Ginebra representa una apelación a la comunidad internacional cuando los canales internos parecen cerrados.
- Líderes indígenas y sociales en Ecuador enfrentan cuentas bancarias congeladas, procesos judiciales y desplazamientos forzados de sus territorios ancestrales como parte de lo que Terán describe como una política deliberada de represión.
- Organizaciones fundamentales como Ecuarunari y Conaie encuentran obstáculos para obtener reconocimiento oficial, mientras instituciones de educación intercultural bilingüe son presionadas, amenazando la transmisión cultural de generaciones enteras.
- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece encarcelado, y el líder de Fenocin, Guido Perugachi, ha sido objeto de acciones estatales, revelando que la represión alcanza incluso a autoridades electas y figuras de representación reconocida.
- Terán solicitó formalmente a la ONU que requiera información al Estado ecuatoriano y que envíe una visita oficial de expertos al país para evaluar directamente la situación de derechos humanos sobre el terreno.
En Ginebra, ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Pacha Terán —mujer kichwa de Otavalo y excandidata a la vicepresidencia de Ecuador— presentó un conjunto de denuncias graves contra el gobierno de Daniel Noboa. Su intervención en el XIX período de sesiones de este órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos describió lo que calificó como una campaña sistemática de represión contra pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones sociales.
Según su testimonio, el gobierno ecuatoriano utiliza instituciones estatales como herramientas de intimidación: líderes sociales han visto congeladas sus cuentas bancarias, organizaciones enteras enfrentan procesos judiciales, y comunidades ancestrales han sido desplazadas de sus territorios. Terán mencionó casos concretos, como el de Guido Perugachi, presidente de Fenocin, y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece encarcelado, evidenciando que la represión alcanza incluso a autoridades locales electas.
La denuncia también abarcó formas más silenciosas de exclusión: confederaciones como Ecuarunari y Conaie enfrentan obstáculos para obtener reconocimiento oficial, y la Universidad Intercultural Amawtay Wasi ha sido objeto de acciones que socavan la educación intercultural bilingüe. Lo que está en juego, subrayó Terán, no es solo la libertad política, sino la capacidad de las comunidades indígenas de preservar y transmitir su propia cultura.
Al concluir, Terán formuló dos solicitudes concretas: que la ONU requiera información al Estado ecuatoriano sobre cada denuncia presentada, evaluando su compatibilidad con instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, y que se realice una visita oficial de expertos al país. La respuesta del mecanismo determinará si estas acusaciones, documentadas y presentadas ante una instancia con autoridad para actuar, tendrán consecuencias reales.
En Ginebra, ante un órgano de las Naciones Unidas, una mujer kichwa de Otavalo llevó el peso de las acusaciones que su país preferiría no escuchar. Pacha Terán, quien fue candidata a vicepresidenta de Ecuador hace poco, se presentó ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para denunciar lo que describe como una campaña sistemática de represión contra comunidades indígenas, campesinas y organizaciones sociales bajo el gobierno de Daniel Noboa.
La intervención de Terán en el XIX período de sesiones del mecanismo, un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue clara en sus acusaciones. Afirmó que los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador enfrentan violaciones al derecho fundamental a la vida, así como restricciones severas a su capacidad de organizarse, asociarse y participar en política. Lo que describe no es negligencia, sino una política deliberada: criminalización de líderes, judicialización de dirigentes sociales, desplazamientos forzados de comunidades ancestrales, y bloqueos sistemáticos de derechos colectivos.
Los métodos que Terán denunció son variados y penetrantes. El gobierno, según su testimonio, utiliza instituciones estatales como herramientas de intimidación. Líderes sociales han visto congeladas sus cuentas bancarias. Procesos judicales se abren contra organizaciones completas. Terán puso nombre a un caso específico: Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), ha sido objeto de estas acciones. Pero Perugachi no está solo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece encarcelado mientras enfrenta un proceso judicial, un ejemplo de cómo la represión alcanza incluso a autoridades locales electas.
La represión también toma formas más sutiles pero igualmente efectivas. Confederaciones indígenas como Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) enfrentan obstáculos para obtener reconocimiento oficial. Instituciones educativas como la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi han sido objeto de acciones gubernamentales que, según Terán, socavan la educación intercultural bilingüe. La Unión Nacional de Educadores también ha sido blanco de estas políticas. Lo que está en juego no es solo la libertad política, sino la capacidad de las comunidades indígenas de transmitir su propia cultura y conocimiento a las nuevas generaciones.
Terán, quien fue candidata por el partido Unidad Popular, también denunció lo que llamó una proscripción política contra organizaciones de oposición. El encarcelamiento de dirigentes y autoridades locales forma parte de un patrón más amplio de exclusión política. Estas no son acusaciones vagas. Son acusaciones específicas, documentadas, presentadas ante un mecanismo internacional con autoridad para investigar.
Al concluir su intervención, Terán hizo dos solicitudes concretas al mecanismo de la ONU. Primero, pidió que se requiera información al Estado ecuatoriano sobre cada una de las denuncias presentadas y que se evalúe si estas acciones son compatibles con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que Ecuador ha ratificado. Segundo, solicitó una visita oficial de expertos de la ONU al país para evaluar directamente la situación de protección de derechos humanos.
Lo que Terán llevó a Ginebra fue un registro de exclusión sistemática: comunidades desplazadas de sus tierras ancestrales, líderes encarcelados, cuentas bancarias congeladas, organizaciones impedidas de funcionar, educación intercultural bajo presión. No es una crisis aislada, sino un patrón. Ahora depende de la ONU decidir si investigará más a fondo o si permitirá que estas acusaciones queden en el registro sin consecuencias.
Notable Quotes
Terán afirmó que compareció para alertar sobre presuntas violaciones al derecho a la vida, a la organización, la asociación y la participación política de los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador.— Pacha Terán, ante el Mecanismo de Expertos de la ONU
Terán denunció que el gobierno utiliza instituciones estatales para intimidar y perseguir a líderes sociales mediante acciones como bloqueos de cuentas bancarias y procesos judicales.— Pacha Terán, en su intervención ante la ONU
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Terán decidió llevar esto a la ONU en lugar de buscar soluciones dentro de Ecuador?
Porque los mecanismos internos no funcionan cuando el gobierno mismo es el acusado. La ONU es el último recurso cuando tu propio Estado te cierra todas las puertas.
¿Cuán grave es que una confederación indígena no pueda obtener reconocimiento oficial?
Es devastador. Sin reconocimiento oficial, no tienes voz legal en negociaciones sobre tierras, recursos, educación. Eres invisible ante la ley, aunque representes a miles de personas.
¿El caso de Perugachi es típico o excepcional?
Es típico en su forma, excepcional en su visibilidad. Muchos líderes menores enfrentan lo mismo sin que nadie lo documente internacionalmente.
¿Qué podría hacer la ONU que realmente importe?
Una visita oficial legitimaría las denuncias. Un informe crítico presionaría al gobierno. Pero sin sanciones reales, es principalmente un registro de lo que sucedió.
¿Por qué el gobierno de Noboa haría esto?
Probablemente ve a estas organizaciones como obstáculos políticos. Cuando controlas el aparato estatal, es tentador usarlo contra quienes se oponen.
¿Qué significa para una comunidad indígena ser desplazada de sus tierras ancestrales?
Significa perder tu identidad, tu sustento, tu conexión con el territorio que define quién eres. No es solo una pérdida económica; es existencial.