El CNE está atrapado entre la presión del Gobierno y el reclamo de los ciudadanos
En Quito, ciudadanos y organizaciones sociales se congregaron frente al Consejo Nacional Electoral para reclamar que la democracia participativa no quede atrapada en la burocracia. Dos solicitudes de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa y su vicegobernante esperan resolución en un organismo presionado desde ambos flancos: por quienes exigen que el mecanismo constitucional avance, y por un Ejecutivo que pide su archivo. Lo que está en juego no es solo el destino de dos expedientes, sino la pregunta de si los instrumentos de rendición de cuentas funcionan cuando más se los necesita.
- La plataforma Revoca EC convocó un plantón frente al CNE el 14 de julio para impedir que las solicitudes de revocatoria mueran en silencio administrativo.
- Dos frentes ciudadanos —Revoca EC y la organización campesina Fenocin— acusan al Gobierno de traicionar sus promesas de campaña, uniendo fuerzas con sindicatos y movimientos indígenas.
- El abogado Washington Andrade escaló la presión presentando una acción legal de acceso a la información para desbloquear documentos clave que el Ejecutivo entregó en 22 cajas al CNE.
- El Gobierno contraataca tildando el proceso de maniobra desestabilizadora y exige al CNE que archive ambas solicitudes sin más trámite.
- El CNE tiene plazo hasta el 28 de julio para pronunciarse; si admite las solicitudes, deberá entregar formularios para recolectar las firmas que la ley exige para continuar.
En la tarde del 14 de julio, la plataforma Revoca EC convocó una concentración frente a la sede del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito. La meta era clara: presionar al organismo para que resuelva dos solicitudes de revocatoria de mandato presentadas contra el presidente Daniel Noboa y su vicegobernante María José Pinto.
Dos iniciativas distintas confluyen en el CNE. La de Revoca EC, impulsada por el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza, y la de Fenocin, confederación que agrupa a organizaciones campesinas, indígenas y sindicales. Ambas sostienen que el Gobierno incumplió los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.
Andrade no se limitó a la movilización callejera. El 10 de julio presentó una acción de acceso a la información pública contra los consejeros del CNE para obtener los documentos que el Ejecutivo había entregado en 22 cajas, material que considera indispensable para una revisión adecuada de las solicitudes. El plantón del 14 de julio se sumó a una vigilia previa y un tuitazo colectivo, configurando una estrategia sostenida de presión.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue de rechazo frontal: las autoridades califican las solicitudes de carentes de fundamento jurídico y han pedido al CNE que las archive, argumentando que sus promotores buscan desestabilizar el orden político.
El presidente del CNE, José Cabrera, anunció que el pleno se pronunciaría sobre el primer expediente antes del 17 de julio y sobre el segundo antes del 28. Si el organismo admite las solicitudes, el siguiente paso sería entregar los formularios para la recolección de firmas, umbral legal que abriría la puerta a las fases siguientes del proceso.
En Quito, la plataforma Revoca EC organizó para la tarde del 14 de julio una concentración frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, ubicada en el norte de la ciudad. El objetivo era directo: presionar al organismo para que se pronuncie sobre dos solicitudes de revocatoria de mandato presentadas contra el presidente Daniel Noboa y su vicegobernante, María José Pinto. La convocatoria estaba fijada para las tres de la tarde.
La iniciativa de Revoca EC, coordinada por el abogado Washington Andrade, es una de las dos mociones que actualmente analiza el CNE. La otra proviene de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias, conocida como Fenocin, que cuenta con el apoyo de organizaciones sindicales y sociales. Ambas comparten un argumento central: el Gobierno ha incumplido los compromisos presentados durante su campaña electoral. Entre los impulsores de la primera iniciativa figura también el dirigente indígena Leonidas Iza.
Andrade, quien además es uno de los promotores de la revocatoria, tomó medidas legales para acelerar el proceso. El 10 de julio presentó una acción de acceso a la información pública contra el presidente del CNE, José Cabrera, y los demás consejeros. Su objetivo era obtener acceso a la documentación que el Ejecutivo había presentado en 22 cajas, material que considera fundamental para que el organismo electoral pueda revisar adecuadamente las solicitudes.
La movilización del 14 de julio no fue un acto aislado. Formaba parte de una estrategia más amplia de presión que incluyó una vigilia el 4 de julio y un tuitazo realizado el domingo anterior, ambos orientados a reclamar la entrega de los formularios necesarios para recopilar las firmas que la ley ecuatoriana exige para continuar con el proceso de revocatoria.
Desde el Gobierno, sin embargo, la respuesta ha sido de rechazo. Las autoridades sostienen que las solicitudes carecen de fundamento jurídico y han pedido al CNE que las archive, argumentando que sus promotores buscan utilizar este mecanismo constitucional como herramienta de desestabilización política.
Cabrera informó la semana anterior que el pleno del CNE tenía previsto pronunciarse sobre ambos expedientes antes de finales de julio. Específicamente, indicó que la primera solicitud sería resuelta antes del 17 de julio, mientras que la segunda tendría resolución antes del 28 del mismo mes. Si el organismo electoral decide admitir las solicitudes, el siguiente paso sería la entrega de los formularios para la recolección de firmas, requisito legal indispensable para que el proceso de revocatoria pueda avanzar hacia sus fases posteriores.
Notable Quotes
El Gobierno sostiene que las solicitudes carecen de fundamento jurídico y buscan desestabilizar— Posición del Gobierno ante el CNE
El pleno del organismo prevé pronunciarse sobre ambos expedientes durante julio— José Cabrera, presidente del CNE
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el CNE ha tardado tanto en pronunciarse sobre estas solicitudes?
No está claro en los registros públicos, pero hay tensión: el Gobierno presiona para que se archiven, mientras que los promotores reclaman que se tramiten. El organismo está atrapado en el medio.
¿Qué significa realmente que el Gobierno "incumplió el plan de campaña"?
Los promotores señalan promesas específicas que no se han cumplido, aunque los detalles concretos no aparecen en los comunicados. Es una acusación amplia que requeriría verificación caso por caso.
¿Cuál es el poder real de una revocatoria en Ecuador?
Si se admite y se recolectan las firmas requeridas, obliga a un referéndum donde los ciudadanos votan si el presidente continúa o no. Es un mecanismo constitucional legítimo, pero también es raro que llegue tan lejos.
¿Por qué el Gobierno dice que esto es "desestabilización"?
Porque una revocatoria exitosa significaría su salida del poder. Desde su perspectiva, es un ataque político. Desde la perspectiva de los promotores, es un derecho democrático.
¿Quién tiene más poder aquí, el CNE o el Gobierno?
Formalmente, el CNE es independiente. Pero el Gobierno puede presionar, y la decisión del CNE sobre si admite o archiva las solicitudes será interpretada como un acto político, sin importar cuál sea.