En Chile, una encuesta Criteria aplicada en agosto revela que casi la mitad de la ciudadanía anticipa consecuencias negativas de la Ley Miscelánea, ya promulgada, mientras el apoyo a la agenda de seguridad se fragmenta en cuanto se examinan sus herramientas concretas. El cuadro que emerge no es el de una sociedad indiferente, sino el de una ciudadanía que distingue entre principios generales y poderes específicos, entre la idea de orden y los instrumentos para alcanzarlo. El Gobierno del Presidente Kast navega así una paradoja moderna: mayor tolerancia hacia la seguridad como concepto, y mayor
Ley Miscelánea enfrenta rechazo del 48% mientras agenda de seguridad genera escepticismo
La gente quiere seguridad, pero desconfía de las herramientas
Mark
¿Por qué la Ley Miscelánea genera tanto rechazo si el Gobierno logró aprobarla?
Mimi
Porque la aprobación legislativa y la aprobación pública son cosas distintas. El Gobierno tenía los votos en el Congreso, pero eso no significa que la ciudadanía crea que la reforma funcionará. El 48 por ciento que la rechaza es casi la mitad del país.
Mark
¿Hay algo que el Gobierno esté haciendo bien, según esta encuesta?
Mimi
La seguridad. El 55 por ciento apoya la idea del nuevo estado de excepción. Es su mejor carta en este momento, especialmente porque ese apoyo cruza líneas ideológicas.
Mark
Pero los números bajan cuando se habla de facultades específicas. ¿Qué significa eso?
Mimi
Significa que la gente quiere seguridad en abstracto, pero desconfía de las herramientas concretas. Cuando le preguntas si está bien interceptar comunicaciones, solo el 44 por ciento dice que sí. Es la diferencia entre el concepto y la práctica.
Mark
¿La aprobación presidencial estable en 35 por ciento es buena o mala noticia?
Mimi
Depende de cómo lo mires. No está cayendo, lo cual es algo. Pero tampoco está creciendo. Es un piso, no un trampolín. Y la desaprobación está en 52 por ciento, casi el doble.
Mark
¿Qué tan profunda es la división ideológica sobre la Ley Miscelánea?
Mimi
Abismal. El 92 por ciento de la izquierda la rechaza. En la derecha, solo el 14 por ciento se opone. No hay terreno común aquí. Es una brecha que no se cierra con argumentos.
Le Pouls
- El 48% de los encuestados prevé daños económicos por la Ley Miscelánea, dejando al Gobierno con solo un 28% de respaldo en su reforma más ambiciosa.
- La fractura ideológica es abismal: el 92% de la izquierda rechaza la ley, frente a apenas el 14% en la derecha, revelando un país partido en dos visiones económicas irreconciliables.
- La agenda de seguridad ofrece al Ejecutivo un respiro relativo, con 55% de apoyo al nuevo estado de excepción y 62% a un cambio constitucional que lo sustente.
- Sin embargo, cada facultad específica erosiona ese consenso: la interceptación de comunicaciones alcanza solo 44%, y el derecho a restringir reuniones apenas el 34%.
- La aprobación presidencial permanece congelada en 35% por tercera semana consecutiva, mientras crece el grupo que prefiere no pronunciarse, señal de una opinión pública en movimiento lento pero incierto.
En Chile, una encuesta Criteria aplicada en agosto revela que casi la mitad de la ciudadanía anticipa consecuencias negativas de la Ley Miscelánea, ya promulgada, mientras el apoyo a la agenda de seguridad se fragmenta en cuanto se examinan sus herramientas concretas. El cuadro que emerge no es el de una sociedad indiferente, sino el de una ciudadanía que distingue entre principios generales y poderes específicos, entre la idea de orden y los instrumentos para alcanzarlo. El Gobierno del Presidente Kast navega así una paradoja moderna: mayor tolerancia hacia la seguridad como concepto, y mayor resistencia a cada facultad que la hace real.
La encuesta Criteria del 20 y 21 de agosto dibujó un escenario adverso para el Gobierno en el frente económico. Casi la mitad de los consultados —un 48%— anticipa efectos negativos de la Ley Miscelánea, ya aprobada, y solo el 28% la respalda. El rechazo no es homogéneo: en la izquierda alcanza el 92%, en el centro el 57%, y en la derecha apenas el 14%, una división que refleja cuánto pesa la identidad política en la lectura de las reformas. Más del 50% ve impactos negativos tanto en la reactivación económica como en el empleo.
La figura del Presidente José Antonio Kast permanece estancada en 35% de aprobación por tercera semana consecutiva. Su desaprobación bajó tres puntos hasta el 52%, pero creció el grupo que prefiere no opinar, lo que sugiere una opinión pública en movimiento silencioso más que en consolidación.
Donde el Gobierno encuentra terreno más firme es en seguridad. El 55% apoya el nuevo estado de excepción y el 62% respalda un cambio constitucional para implementarlo, con mayorías incluso en el centro y entre los no alineados. Pero ese consenso se adelgaza cuando la encuesta desciende a los detalles: el 69% acepta que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías, pero solo el 44% aprueba la interceptación de comunicaciones, y las facultades de requisar bienes, restringir el desplazamiento o limitar el derecho a reunión obtienen aprobaciones de 39%, 37% y 34% respectivamente.
El patrón es claro: la ciudadanía tolera la seguridad como principio, pero desconfía de sus instrumentos. Cada nueva facultad suma menos apoyo que la anterior, trazando un límite que el Ejecutivo deberá leer con cuidado mientras avanza en su agenda legislativa.
La última encuesta Criteria pintó un cuadro desalentador para el Gobierno en materia económica. Casi la mitad de los consultados —un 48 por ciento— cree que la Ley Miscelánea, ya aprobada, tendrá consecuencias negativas para el país. Solo el 28 por ciento respalda la reforma. El sondeo, realizado en línea entre el 20 y 21 de agosto, incluyó a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles socioeconómicos ABCD en todo el territorio nacional.
El rechazo a la megarreforma no es uniforme. En la izquierda alcanza proporciones abrumadoras: el 92 por ciento la rechaza. En el centro, el rechazo llega al 57 por ciento. En la derecha, apenas el 14 por ciento se opone, lo que refleja una división ideológica profunda sobre la iniciativa. Entre quienes no se identifican con ningún sector político, el rechazo se acerca al promedio general, llegando al 45 por ciento. Cuando se preguntó específicamente sobre los efectos en reactivación económica y generación de empleo, las cifras fueron igualmente sombrías: el 52 por ciento ve impactos negativos en la reactivación, y el 54 por ciento en el empleo.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo estancada en el 35 por ciento, marcando la tercera semana sin variación. Su desaprobación, sin embargo, bajó tres puntos porcentuales y se ubicó en el 52 por ciento. Un 13 por ciento optó por responder "no sé", cifra que creció tres puntos respecto a mediciones anteriores. Este movimiento sugiere cierta volatilidad en las opiniones sobre el mandatario, aunque sin cambios dramáticos en su posición general.
En contraste con el rechazo económico, la agenda de seguridad del Gobierno encontró un terreno más fértil. El 55 por ciento de los consultados se expresó de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta de un nuevo estado de excepción. Solo el 33 por ciento se opuso. Aún más notable fue el respaldo a un cambio constitucional que permitiera implementar esta hoja de ruta: el 62 por ciento lo validó, con apoyo superior al 60 por ciento incluso en los sectores de centro, derecha y no alineados.
Pero cuando la encuesta profundizó en las facultades específicas que traería consigo el estado de excepción, el escepticismo comenzó a emerger. El 69 por ciento aprobó que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros y la Policía de Investigaciones durante 240 días. Sin embargo, solo el 44 por ciento estuvo de acuerdo con la facultad ejecutiva de interceptar o registrar comunicaciones. Las facultades de requisar bienes, restringir la libertad de desplazamiento y el derecho a reunión obtuvieron aprobaciones aún menores: 39 por ciento, 37 por ciento y 34 por ciento respectivamente. Estas cifras revelan que mientras el público acepta la idea general de reforzar la seguridad, desconfía de las herramientas específicas que el Gobierno propone para lograrlo.
El panorama que emerge es de un Ejecutivo enfrentado a un rechazo económico generalizado, particularmente en la izquierda, pero con cierto margen de maniobra en seguridad. Aun así, ese margen es más frágil de lo que sugieren los números generales. La población parece dispuesta a tolerar medidas de seguridad, pero dentro de límites claros. Cada facultad adicional que se suma al paquete encuentra menos apoyo que la anterior, señalando un punto de saturación que el Gobierno deberá considerar mientras avanza con su agenda legislativa.
Citations marquantes
El 69% aprobó que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros y PDI durante 240 días, pero solo el 44% estuvo de acuerdo con facultades de interceptación de comunicaciones— Encuesta Criteria
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