Ley de Tierras: LLA espera un salvataje de la Corte mientras intenta frenar la sesión opositora

La Libertad Avanza se encuentra en una encrucijada política. Con una megasesión opositora programada para el 15 de octubre que amenaza con desmantelar el decreto 70/23 —una de las piezas centrales de la agenda libertaria sobre extranjerización de tierras— el bloque oficialista en Diputados ha acelerado sus movimientos legislativos en busca de una salida. La estrategia es doble: convocar comisiones para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incorporar en él un capítulo sobre la Ley de Tierras, mientras mantiene la vista fija en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la compra de tierras por extranjeros.

El Gobierno ya ha sufrido reveses en esta batalla. En el Senado, debió eliminar del proyecto de Inviolabilidad los artículos sobre extranjerización de tierras y modificación de la Ley de Manejo del Fuego, tras una fuerte discusión que giró en torno a la soberanía nacional, avivada por el episodio de la bandera de Malvinas durante el mundial de fútbol. La intención original era elevar el límite de compra de tierras por extranjeros del 15% al 25%, pero esa propuesta no prosperó en la Cámara alta. Ahora, con poco margen de negociación, el oficialismo busca una vía alternativa.

La Corte Suprema ha enviado señales que podrían cambiar el tablero. Esta semana convocó a dos camaristas —Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. La ONG ambientalista sostiene que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes de Malvinas, cuya demanda fue desestimada por la Corte hace poco. Además, el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse, lo que significa que podría resolver el pedido de cautelar en menos de 24 horas. Una decisión favorable restablecería los límites a la venta de tierras a extranjeros sin que el Gobierno tenga que retomar un debate incómodo en comisiones.

Esta posibilidad de un "salvataje" judicial es lo que el oficialismo espera. Si la Corte actúa, el Gobierno se ahorraría la difícil tarea de negociar con sus aliados —PRO, Provincias Unidas y el MID— y con la oposición más dura los topes máximos a la compra de campos por parte de extranjeros. Pero mientras tanto, el bloque libertario ha puesto en marcha un "plan B": incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo miércoles a las 16 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Esta decisión tomó forma ayer tras la presión de sus aliados durante una reunión convocada originalmente para discutir el Presupuesto. Representantes del PRO, Provincias Unidas y el MID exigieron una respuesta inmediata. Aunque estos bloques suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, no hay consenso interno para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Algunos legisladores incluso mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.

La sesión opositora sigue siendo una amenaza real. Aunque los bloques críticos aún estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, especialmente en medio de la presión política por otros temas sensibles como morosidad y discapacidad, además de la marcha universitaria prevista para ese mismo día en reclamo de mayor financiamiento. Pese a los intentos oficialistas de desactivar la convocatoria, representantes de Provincias Unidas y UP ratificaron que bajarán al recinto para insistir con la sesión. "No podemos, no debemos bajarnos", sostienen. El tablero legislativo sigue en movimiento, y todo dependerá de cómo se resuelva en la Corte y de cuántos votos logre reunir cada bando en los próximos días.