Las multas por horas extra sin pagar se triplican pero no frenan el fraude empresarial

En 2025, la Inspección de Trabajo impuso multas por valor de 15,7 millones de euros a empresas que incumplieron normas sobre tiempo de trabajo. Es una cifra que triplica los 5,3 millones sancionados en 2018, el año anterior a que España obligara a todas las compañías a llevar registro horario de sus empleados. Pero detrás de esos números crecientes se esconde una realidad que frustra a los sindicatos: el fraude no cede. Las horas extra sin pagar siguen siendo masivas, y las multas resultan tan pequeñas comparadas con lo que las empresas ahorran que casi parecen un costo de negocio asumible.

La Inspección realizó el año pasado más de 37.000 actuaciones para detectar irregularidades en jornadas laborales. Encontró casi 15.000 infracciones. El número de trabajadores afectados creció de forma notable: pasó de 178.456 en 2024 a 252.500 en 2025. Son personas que trabajaron horas que no les fueron pagadas, que no aparecieron en sus nóminas, que desaparecieron en el vacío entre lo que la ley ordena y lo que las empresas hacen en la práctica.

Los sindicatos, especialmente Comisiones Obreras, han hecho las cuentas y el resultado es desolador. Estiman que las empresas ahorran anualmente 3.378 millones de euros en cotizaciones sociales y salarios gracias a esas horas extra impagadas. Mientras tanto, las multas totales rondan los 15 o 17 millones anuales. La diferencia es abismal. El volumen de tiempo no compensado se mantiene estable desde hace años: alrededor de 2,54 millones de horas semanales, lo que representa el 43 por ciento de todas las horas extraordinarias realizadas. No ha bajado desde 2018. El registro horario obligatorio no ha frenado el problema.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, intentó cambiar esto hace poco mediante un proyecto de ley de reducción de jornada a 37,5 horas. El plan incluía medidas que habrían transformado el panorama: multas individualizadas por cada trabajador afectado, no por empresa. Con esa reforma, una compañía de 50 empleados que cometiera una infracción podría enfrentar multas de hasta medio millón de euros en lugar de los 751 euros actuales. El proyecto también elevaba las cuantías: la multa mínima pasaría de 751 a 1.000 euros, y la máxima de 7.500 a 10.000 euros. Además, introducía una nueva categoría de infracción grave cuando el abuso horario pusiera en riesgo la salud del trabajador, sancionable con cerca de un millón de euros.

Pero el Congreso rechazó el proyecto en el debate de enmiendas a la totalidad. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. La patronal había luchado duramente contra la individualización de multas, que habría multiplicado por 17 el monto que las empresas tendrían que pagar, según los cálculos de la Inspección basados en los 17 trabajadores afectados por infracción en promedio.

Ahora Trabajo intenta avanzar por otra vía: el desarrollo reglamentario, que no requiere aprobación parlamentaria. El ministerio prepara cambios en el registro horario que obligarían a los trabajadores a hacer personalmente los asientos y a diferenciar ellos mismos entre tiempo ordinario y extraordinario. Fuentes del departamento aseguran que esperan aprobar este reglamento a principios de septiembre. Pero esta ruta tiene un límite claro: no puede tocar el régimen de sanciones, que está regulado por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, una norma que sí necesita reforma legislativa.

Javier Pacheco, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, sostiene que la única forma de disuadir realmente a las empresas es individualizar las multas por trabajador. El sindicato planea intentar, a partir de septiembre, que el Gobierno modifique la ley a través de enmiendas en otros proyectos legislativos. Pero Fernando Luján, de UGT, es más pesimista: dice que será extremadamente complicado reunir los apoyos parlamentarios necesarios.

En Europa, algunos países ya han avanzado más. Austria y Rumania imponen multas por empleado, no por empresa. Finlandia tiene el régimen más severo: además de multas, las violaciones pueden castigarse con cárcel de hasta seis meses. En cambio, en Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Alemania ni siquiera existe derecho legal a pago adicional por horas extra a menos que lo acuerde un contrato o convenio. Allí las sanciones dependen de lo que establezcan los acuerdos sectoriales. España, con su intención de endurecer sustancialmente las multas, buscaría situarse entre las legislaciones más estrictas del continente. Pero por ahora, el fraude sigue siendo más rentable que la sanción.