La sinrazón judicial de seguir demorando la ley de amnistía

Hace poco más de un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó una cuestión que parecía resuelta: la ley de amnistía española es compatible con el derecho europeo. El tribunal de Luxemburgo respondió así a las dudas que le habían planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, y en su sentencia no solo permitió la aplicación de la norma, sino que reconoció explícitamente su propósito de reconciliación. Debería haber sido el punto final. No lo ha sido.

En los meses posteriores, los juzgados españoles han tejido un laberinto de decisiones que parecen ignorar lo que acaba de resolver Europa. El Tribunal Supremo ha amnistiado a algunos de los acusados por desobediencia y desórdenes públicos durante el procés catalán de 2017, pero mantiene en suspenso a los principales líderes independentistas condenados o acusados de malversación. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, sigue bajo una pena de inhabilitación que le impide ejercer derechos políticos y acceder a cargos públicos. Lo mismo ocurre con los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Carles Puigdemont, el expresidente que permanece fuera de España, tiene una orden de detención vigente contra él. Otros dos exconsellers, Felip Puig y Jordi Comín, tampoco han sido amnistiados porque nunca fueron juzgados, al hallarse fuera del territorio español.

Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha abierto una nueva fase de alegaciones en su expediente sobre responsabilidad contable de estos dirigentes, a pesar de que la sentencia del tribunal europeo ya ha descartado que el proceso independentista perjudicara las finanzas de la Unión Europea. La consejera del órgano fiscalizador, Elena Hernáez, propuesta por el Partido Popular, ha tomado esta decisión que parece desafiar lo que acaba de resolver Luxemburgo. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha respondido denunciando al Estado español ante la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia del TJUE.

La próxima batalla se librará en el Tribunal Constitucional. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado para el 22 de septiembre la primera deliberación sobre los recursos de amparo presentados por Puigdemont y los exconsellers. El magistrado José María Macías, que ha manifestado su oposición a la ley de amnistía en numerosas ocasiones, presentará su ponencia sobre el caso de Turull. Se espera que proponga rechazar el amparo, pero la mayoría progresista del tribunal es favorable a la aplicación de la amnistía al delito de malversación. Si Macías no acepta redactar una sentencia favorable, otro magistrado del sector mayoritario lo hará. En cualquier caso, se da por seguro en el propio tribunal que la resolución será favorable a los recurrentes, declarando vulnerados sus derechos fundamentales por la inaplicación de la amnistía. Esta sentencia sobre Turull sentará doctrina para el resto de los casos, que plantean el mismo supuesto.

Pero aquí está el problema: ni siquiera una sentencia favorable del Constitucional garantiza que el Supremo la acate. El tribunal de lo penal podría seguir cuestionando la amnistía al delito de malversación, argumentando que los dirigentes se enriquecieron con fondos públicos durante el procés. En octubre o noviembre, cuando el Constitucional haya resuelto, el Supremo tendrá la oportunidad de comenzar a aplicar la ley. Pero no hay certeza de que lo haga. Tampoco la hay de que renuncie a nuevos pasos para obstaculizar el perdón.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, ya ha recibido alegaciones de la Fiscalía y de la Generalitat, ambas favorables a aplicar la amnistía de inmediato. Societat Civil Catalana estudia el asunto y prevé presentar sus conclusiones en septiembre. Su intención es pedir que continúe la investigación, para descartar completamente que el procés dañara las finanzas de la UE, sobre lo que mantiene dudas. La decisión final está en manos de Elena Hernáez.

Mientras tanto, el Gobierno, la Generalitat y hasta el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han expresado su deseo de pasar página sobre el procés. Pero las instituciones judiciales parecen decididas a mantener los procedimientos abiertos por tiempo indeterminado. El riesgo es evidente: que desde los juzgados se siga entorpeciendo la efectividad de las decisiones del Parlamento, del Tribunal Constitucional y de la justicia europea. Tres años después del procés, la reconciliación que el tribunal de Luxemburgo reconoció como propósito de la amnistía sigue siendo un horizonte lejano.