La nueva cruzada contra la naturaleza: cuando la derecha radical redefine el valor del territorio

Algo está cambiando en la forma en que hablamos de la naturaleza, y el cambio es más profundo que una simple disputa sobre cuántos proyectos aprobar o qué tan laxas deben ser las normas ambientales. Lo que está en juego es la idea misma de naturaleza que orientará nuestras decisiones económicas y políticas durante las próximas décadas.

El avance de las derechas más radicales en varias partes del mundo viene acompañado de un nuevo lenguaje sobre territorio, regulación, desarrollo y biodiversidad. No siempre se expresa como negación del cambio climático o rechazo explícito a la conservación. Es algo más sofisticado: una redefinición de la naturaleza, principalmente como un espacio disponible para ser explotado sin barreras. En este imaginario, el bosque es madera, el subsuelo es mineral, el río es agua disponible para comerciar, el territorio es superficie para producir, el humedal es una zona para rellenar y construir. El valor de la naturaleza se mide por aquello que podemos extraer de ella. No es una idea nueva. Durante buena parte de la historia económica, el desarrollo se construyó precisamente sobre esa relación extractiva. Lo novedoso es que hoy esa visión vuelve con renovada fuerza política, justamente cuando los límites ecológicos de ese modelo se hacen más evidentes.

Las investigaciones recientes sobre lo que se conoce como green backlash muestran que las políticas climáticas y ambientales generan resistencia cuando sus costos recaen de manera desigual sobre sectores, territorios o actividades. Las fuerzas populistas de derecha han sabido convertir parte de ese malestar en una disputa contra las políticas ambientales. La transición energética tiene costos reales, las regulaciones pueden afectar actividades económicas, las comunidades rurales pueden sentir que decisiones tomadas lejos de sus territorios desconocen sus realidades, y los procesos de autorización pueden ser burocráticos e impredecibles. Es un hecho que muchas políticas ambientales han tenido dificultades para distribuir justamente sus beneficios y costos. Pero reconocer esas tensiones no es sinónimo de concluir que la protección ambiental es el problema.

Una característica central de esta nueva cruzada contra la naturaleza es presentar la regulación ambiental como una imposición externa: burocracia, expertos, organismos internacionales, ambientalistas o élites urbanas que supuestamente impiden utilizar libremente territorios y recursos. La oposición entre libertad económica y protección ambiental se vuelve entonces una poderosa herramienta política. Pero esa oposición contiene una trampa fundamental. ¿De qué libertad hablamos cuando un acuífero se agota? ¿Qué libertad tiene una comunidad cuando pierde el agua que sostiene su agricultura de subsistencia? ¿Qué libertad existe cuando la degradación de un ecosistema aumenta el riesgo de inundaciones, incendios o sequías? ¿Qué libertad tendrán las futuras generaciones si consumimos hoy los activos naturales que necesitarán mañana?

La naturaleza no puede votar ni defender sus intereses frente a una inversión. Las generaciones futuras tampoco están sentadas en la mesa cuando tomamos decisiones. Por eso existen instituciones, regulaciones y mecanismos de participación que intentan representar intereses que el mercado y la política electoral tienden a dejar fuera. Cuando esas instituciones son presentadas sistemáticamente como obstáculos al desarrollo, no estamos solamente discutiendo burocracia. Estamos redefiniendo quién tiene derecho a estar representado en las decisiones sobre el territorio y, por ende, erosionando la democracia.

El nuevo discurso ambiental suele ser presentado como una preocupación de élites: una agenda urbana, distante de quienes producen, trabajan o viven en territorios donde se desarrollan las actividades económicas. Es una narrativa eficaz porque transforma una discusión sobre riesgos y patrimonio en una confrontación entre la gente y las élites verdes. Pero la cuestión ambiental está lejos de ser un lujo. La escasez de agua pone en jaque el desarrollo productivo, la contaminación afecta a comunidades vulnerables, la pérdida de productividad de los suelos afecta a quienes producen alimentos, y los incendios, inundaciones y olas de calor golpean primero a quienes tienen menos capacidad para protegerse. La naturaleza no es una aspiración de los ambientalistas. Es infraestructura crítica de la economía y condición material del bienestar.

Un país puede crecer mientras reduce su riqueza si para generar ingresos consume los activos naturales que sostienen su capacidad futura de producir. Podemos convertir bosques, agua, biodiversidad y territorio en ingresos, pero eso no es crear riqueza. Es simplemente transformar patrimonio en flujo de caja. Esa es quizás la mayor contradicción del imaginario que reduce la naturaleza a recurso: se presenta como una defensa de la libertad económica mientras compromete las opciones de quienes vendrán después.

En América Latina, donde una parte extraordinaria de la riqueza depende de la naturaleza, esta diferencia no es filosófica. Es económica, política y estratégica. Detrás de cada decisión sobre un bosque, un humedal, un acuífero o una zona costera hay también una decisión de futuro. Podemos convertir esos bienes en ingresos y crecimiento hoy, pero también podemos transferir sus costos a quienes todavía no tienen voz para reclamarlos. La nueva cruzada contra la naturaleza no se juega solamente en las leyes ambientales ni en los permisos para acelerar inversiones. Se juega en nuestra decisión colectiva sobre cuánto stock de capital natural seremos capaces de heredar a las generaciones que vienen.