La hora de la solidaridad con Ceuta

Ceuta está ahogándose. La ciudad autónoma, pegada a la costa marroquí, alberga aproximadamente 1.200 menores migrantes en sus instalaciones de acogida. Los números son simples pero devastadores: una ciudad pequeña, recursos finitos, y una población de niños y adolescentes sin hogar, sin familia presente, sin red de contención. Los servicios locales están colapsados. Las camas se han acabado. El personal está agotado. Y mientras Ceuta grita pidiendo ayuda, el resto de España observa desde lejos.

Esta no es una crisis que pueda resolverse dentro de los límites de una sola ciudad. Ceuta no tiene la capacidad de absorber indefinidamente a menores que llegan buscando protección, huyendo de circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Los recursos de acogida están saturados. Los centros de menores funcionan más allá de su capacidad. Las escuelas, los servicios sanitarios, los programas de integración: todo está bajo presión extrema. La situación no es sostenible, y no lo será mientras Ceuta cargue sola con esta responsabilidad.

La solución existe, pero requiere algo que España debe reconocer como obligación tanto legal como moral: la redistribución territorial de estos menores entre las comunidades autónomas. No es una propuesta nueva. Es un principio constitucional. Es un deber que trasciende las fronteras administrativas. Cuando una región enfrenta una crisis humanitaria de esta magnitud, el país entero debe responder. Las comunidades autónomas tienen la capacidad de acoger a estos menores, de ofrecerles servicios de protección, educación y atención que Ceuta simplemente no puede proporcionar en su totalidad.

La vulnerabilidad de estos 1.200 menores es extrema. Muchos han viajado solos, han cruzado fronteras, han enfrentado peligros que deberían estar reservados para adultos. Ahora están en Ceuta, en una ciudad que los acoge pero que no puede sostener indefinidamente el peso de esta responsabilidad sin ayuda. El acceso a servicios básicos de protección es limitado. Las oportunidades de educación están restringidas. El futuro que se les ofrece es incierto. Mientras permanezcan en una ciudad colapsada, sus perspectivas se reducen.

La solidaridad autonómica no es un acto de caridad. Es un reconocimiento de que España es un país, que sus ciudades están conectadas, y que cuando una región enfrenta una crisis, todas tienen responsabilidad en la solución. Distribuir a estos menores entre comunidades autónomas significaría aliviar la presión sobre Ceuta, permitir que cada región contribuya según su capacidad, y garantizar que cada menor reciba la atención que merece. Es una cuestión de justicia básica.

Esta redistribución también podría sentar un precedente importante. Las ciudades fronterizas enfrentarán futuras crisis migratorias. Si España establece ahora un mecanismo coordinado de reparto territorial, si demuestra que puede responder de manera equitativa y solidaria, habrá creado un modelo que funcionará en el futuro. No será un parche temporal. Será una estructura que reconoce la realidad: que la migración es un fenómeno que afecta a todo el país, y que la respuesta debe ser nacional.

Ceuta necesita que el resto de España actúe. No mañana. Ahora. Los 1.200 menores que están en la ciudad no pueden esperar a que se resuelvan debates políticos o se negocie entre administraciones. Cada día que pasa en un centro saturado es un día perdido en sus vidas. La obligación legal existe. La obligación moral es aún más clara. Lo que falta es la voluntad política de cumplirla.