La Fiscalía usa la piratería para endurecer penas contra narcotraficantes del mar

Carlos Esquembri tenía 58 años y era natural de Melilla cuando murió el 18 de marzo de 2023, a más de mil kilómetros al oeste de las Islas Canarias. Era oficial del Servicio de Vigilancia Aduanera, y estaba participando en un operativo de rutina en aguas internacionales cuando todo cambió en segundos. El narcovelero que intentaban abordar, un barco de 25 metros de eslora con bandera de Malta, ejecutó una maniobra brusca y embistió la lancha policial con violencia deliberada. La embarcación volcó completamente. Siete uniformados cayeron al mar y quedaron atrapados en el interior. Seis lograron salir. Esquembri no.

Esa muerte, y las que vinieron después, encendió una alarma en la Fiscalía Antidroga. En febrero de 2024, dos guardias civiles murieron en Barbate al ser embestidos por una narcolancha durante una persecución frenética. En mayo del mismo año, otros dos guardias civiles perdieron la vida en Huelva en circunstancias similares. El patrón era claro: los narcotraficantes operaban en el mar con una violencia cada vez más desenfrenada, y la justicia no parecía tener herramientas suficientes para castigarla con la severidad que merecía. Los fiscales observaban con preocupación cómo el fenómeno iba en aumento sin que existiera "una respuesta punitiva suficiente".

La estrategia que emergió fue audaz e inédita. Además de acusar a los responsables de los delitos tradicionales —tráfico de drogas, atentado contra la autoridad, homicidio— la Fiscalía decidió añadir un cargo más: piratería. Nunca lo había hecho antes. El obstáculo jurídico era considerable. El delito de piratería procede del derecho internacional, definido en la Convención de Montego Bay de 1982 como actos de violencia o depredación cometidos con "propósito personal" —es decir, ánimo de lucro— en aguas internacionales. Los narcotraficantes no buscaban enriquecerse mediante la piratería clásica; buscaban escapar con su carga de droga. ¿Podía aplicarse una ley pensada para corsarios del siglo XVII a delincuentes modernos que atacaban con lanchas rápidas?

España había introducido el delito de piratería en su Código Penal mediante una reforma de 2010. El artículo 616 ter castigaba con penas de entre 10 y 15 años de cárcel a quien, "con violencia, intimidación o engaño", se apoderara, dañara o destruyera una embarcación o atentara contra las personas a bordo. La Fiscalía acusó al responsable de embestir la lancha de Esquembri bajo este precepto. En primera instancia, la Audiencia Nacional rechazó la acusación por piratería. Pero la Fiscalía recurrió, y en abril de 2025, el Tribunal Supremo le dio la razón. El alto tribunal concluyó que el legislador español había diseñado un delito "autónomo", alejado de la definición clásica de piratería internacional, con una finalidad más amplia: proteger la seguridad de la navegación marítima. No era necesario demostrar "propósito personal". Bastaba con acreditar "una conducta violenta, proyectada sobre una embarcación en el mar o sobre las personas a bordo, idónea para comprometer gravemente la seguridad de la navegación". La sentencia fue pionera. Sumó diez años adicionales a la condena, llevándola de 27 a 37 años de prisión.

Tras ese fallo, la Fiscalía Antidroga movió ficha. Instruyó a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que documentaran con detalle en sus atestados los ataques de narcolanchas, de modo que los fiscales pudieran acusar por piratería. Pero el camino aún no estaba completamente despejado. La sentencia del Supremo se había dictado en aguas internacionales. Quedaba por resolver si el artículo 616 ter podía aplicarse también en aguas nacionales, donde ocurren muchos de estos ataques. Los fiscales argumentan que el precepto español no se refiere específicamente a aguas internacionales, sino a "el mar", como ocurre en países como Canadá y Australia que ya aplican el delito de piratería a actos cometidos en sus propias aguas. Además, sostienen que lo que convierte un delito en delito contra la comunidad internacional no es el lugar donde se comete, sino el bien jurídico protegido y la trascendencia de la conducta. La Fiscalía prepara su arsenal para poder acusar en toda su extensión territorial y jurídica.

Las asociaciones de guardias civiles y policías han aplaudido la estrategia. La Asociación Unificada de Guardias Civiles subraya que "el narcotráfico no solo trafica con droga: agrede, embiste y mata". Justicia Guardia Civil destaca que las narcolanchas deben ser tratadas como "embarcaciones pirata": son buques clandestinos sin registro, sin bandera legal, sin puerto base autorizado, utilizados únicamente para cometer hechos ilegales en el mar. El Sindicato Unificado de Policía insiste en que la violencia debe tener "una respuesta firme, tanto desde el punto de vista judicial como institucional", acompañada de más medios materiales y humanos. Todos coinciden en que este avance llega tras demasiados años de impunidad, pero que no es suficiente sin recursos adicionales para quienes arriesgan su vida cada día en el mar.