La escasez de diésel persiste en Bolivia mientras crece la presión política sobre Rodrigo Paz

Bolivia despierta esta semana con las mismas colas en las gasolineras que hace siete días. El Gobierno de Rodrigo Paz aplicó un aumento del 84 por ciento en el precio del diésel para grandes consumidores —industria, agricultura, transporte— con la esperanza de que el ajuste resolvería el desabastecimiento crónico. No funcionó. Las bombas siguen secas. El malestar crece.

La lógica de la medida era clara: acercar el precio interno al costo real de importación y aliviar la hemorragia de las finanzas públicas. Pero el problema no es solo el precio. Es que Bolivia no tiene suficientes dólares para comprar el combustible que necesita en el mercado internacional. El Gobierno lo reconoce. Los economistas lo saben. Y los agricultores, que dependen del diésel para sus máquinas durante la cosecha de invierno, lo viven cada día que pasan sin poder trabajar.

En el oriente del país, donde se concentra la producción agrícola, centenares de productores salieron el domingo con sus tractores a las calles. Desafiaron el estado de excepción que sigue vigente desde las protestas de mayo y junio. Esta semana anunciaron nuevas marchas. Javier Núñez, dirigente del sector, fue directo: están en plena cosecha, los daños son enormes, no pueden esperar más promesas. Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, fue más específico sobre lo que viene: el nuevo precio no resuelve la escasez, puede empujar a productores hacia el mercado negro de combustibles, puede retrasar la cosecha y disparar los costos de producción. El precio alto sin combustible disponible es lo peor de ambos mundos.

Pero la crisis del diésel no es la única que asfixia al Gobierno. Hace una semana que Paz no aparece en público. Su exasesor argentino, Fernando Cerimedo, permanece detenido en un penal de Santa Cruz. La pareja de Cerimedo sobrevivió a un ataque armado y lo acusó de intentar silenciarla. Las investigaciones avanzan por presunto intento de feminicidio. Hay además otra causa por presunto enriquecimiento ilícito. Cerimedo, según Jaime Aparicio —exembajador de Bolivia en Estados Unidos— ejercía una influencia desproporcionada dentro de la Administración. Tenía un rol vago, un poder grande, tomaba decisiones que no correspondían a un asesor extranjero. El escándalo ha amplificado la presión sobre Paz.

El Presidente ya había salido debilitado de 53 días de movilizaciones entre mayo y junio. El estado de excepción está previsto que termine el 17 de septiembre, pero diferentes sectores sociales ya están en las calles de nuevo. Existe preocupación de que las protestas se intensifiquen. Aparicio, sin embargo, ofrece una lectura más matizada: los bolivianos no necesariamente quieren que Paz se vaya. Quieren que cambie de rumbo. Quieren que el Gobierno responda a la crisis económica y política. Paz tiene, en su evaluación, una última oportunidad para dar ese giro. Lo que suceda en las próximas semanas dirá si la aprovecha.