La corrupción en el Supremo brasileño socava la reelección de Lula en la recta final

La corrupción ha llegado al corazón del poder judicial brasileño en el peor momento posible para Lula. Un escándalo que comenzó con filtraciones de un magistrado ha expuesto pagos millonarios al bufete de la esposa del juez Moraes, el mismo que años atrás inhabilitó y condenó a prisión a Jair Bolsonaro. Ahora, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, ese juez que fue central en la estrategia judicial contra la derecha se ve envuelto en acusaciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro, un banquero preso por el mayor fraude financiero en la historia del país.

Vorcaro es una figura tóxica cuya red de influencia se extiende por toda la élite brasileña. Además de sus negocios fraudulentos, financió una película biográfica de Bolsonaro de presupuesto millonario. Audios filtrados muestran al hijo del expresidente pidiendo dinero al banquero para completar el largometraje, pero esa revelación quedó eclipsada cuando el magistrado Mendonça —aliado de Bolsonaro— sacó a la luz documentos que comprometían a Moraes. La maniobra funcionó: la atención mediática se apartó de los Bolsonaro y se concentró en el Supremo.

Lo que comenzó como un escándalo dirigido contra un juez se convirtió rápidamente en un terremoto institucional. Las investigaciones muestran que Vorcaro no solo pagó al bufete de la esposa de Moraes. También encargó un traje de lujo a medida para Mendonça. Los hijos de otros dos magistrados, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques, aparecen en los registros de pagos del banquero. Antonio Dias Toffoli, otro juez, se ha abstenido de votar en casos donde Vorcaro es mencionado debido a negocios privados. La corrupción no es un problema de un juez sino de la institución completa.

Esta crisis llega en el momento más delicado para Lula. Una encuesta del instituto PoderData divulgada esta semana muestra que el 53 por ciento de los brasileños desaprueba el trabajo del Supremo, mientras apenas el 30 por ciento lo apoya. Más grave aún para el presidente: Moraes, el juez que lo protegió judicialmente, tiene un rechazo del 57 por ciento. En contraste, Mendonça, el magistrado asociado a Bolsonaro, alcanza una aprobación del 50 por ciento. La opinión pública se ha dividido, y esa división favorece al candidato de la ultraderecha.

En una sesión extraordinaria del Supremo esta semana, el juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula y uno de los pocos magistrados que aún no aparecen en el escándalo, intentó defender la institución. «Nunca se habló tanto de corrupción en Brasil, y nunca fue tan vasta», dijo Dino en un debate altamente politizado. Pidió más tiempo para analizar los expedientes y la sesión se suspendió, evitando un resultado inmediato desfavorable para Moraes. Pero Lula no estuvo de acuerdo con esa estrategia. Confesó a sus aliados que postergar el caso ayuda a Flávio Bolsonaro a surfear la ola de indignación pública contra el poder judicial.

El presidente ha respondido de manera reactiva y débil. Ha dicho que los corruptos deben ser juzgados y castigados, pero poco más. Mientras tanto, ante el riesgo de perder la elección por márgenes estrechos, ha lanzado medidas populistas de última hora: aumentos en subsidios como el Bolsa Familia. Los analistas ven en estas reacciones un fortalecimiento del discurso bolsonarista como la única fuerza verdaderamente antisistema. El desgaste del Supremo, que debería haber sido una fortaleza institucional para Lula, se ha convertido en una amenaza electoral. En la recta final de la campaña, la corrupción judicial puede penalizar severamente a los aliados del presidente y beneficiar directamente a sus rivales.