La bronca latina por Boluarte: AMLO lidera ofensiva de izquierda continental mientras Perú responde con diplomacia

A finales de diciembre de 2022, mientras Perú se debatía en una crisis política profunda tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, una batalla diplomática paralela se desplegaba en las capitales de América Latina. En el centro de esa contienda estaba Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, quien había decidido convertir el caso peruano en una causa personal, movilizando a gobiernos de izquierda del continente para presionar contra el nuevo gobierno de Boluarte y exigir la liberación de Castillo.

La ofensiva de AMLO no surgió de la nada. Según fuentes diplomáticas consultadas, el mandatario mexicano había configurado una visión simplificada del Perú años atrás, durante la segunda vuelta electoral de 2021, cuando vio al escritor Mario Vargas Llosa atacar a Castillo. Esa imagen lo molestó profundamente. Luego, en septiembre de 2021, cuando conoció personalmente a Castillo en la cumbre de la CELAC en México, AMLO pareció ver en el maestro rural una encarnación viviente de sus teorías sobre la opresión neocolonial y el racismo sistémico en América Latina. No lo trató como un homólogo digno, sino como una víctima del viejo imperio. Cuando Castillo cayó, preso y reducido, AMLO intensificó esa victimización.

La presión mexicana fue tan impertinente que el 9 de diciembre, Boluarte autorizó a la cancillería a llamar al embajador mexicano Pablo Monroy para pedirle que cesara. Lo mismo ocurrió con el embajador colombiano, pues Gustavo Petro también arremetía contra el gobierno peruano. El lunes siguiente apareció un comunicado firmado por los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina, rechazando lo que llamaban un golpe de Estado y exigiendo respeto por los derechos de Castillo. Todas las fuentes consultadas sospechaban que AMLO había liderado la iniciativa.

La respuesta peruana fue inicialmente tímida. Se rumoreó que Manuel Rodríguez Cuadros, consejero informal de Boluarte, había sugerido un tono moderado, aunque él negó participación. La cancillería optó por replicar sin confrontar directamente, con un comunicado enredado que no desconocía explícitamente la sucesión de Dina pero que permitía explicar la legalidad de su asunción. Sin embargo, conforme pasaron los días, las medidas cobraron fuerza. El 15 de diciembre, la nueva canciller Ana Cecilia Gervasi anunció en su discurso de toma de mando que Perú había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Bolivia y Argentina—un escalón más arriba que simplemente convocar a los embajadores de esos países. El cuerpo diplomático aplaudió.

La posición de Gustavo Petro tenía raíces personales profundas. En 2013, siendo alcalde de Bogotá, Petro fue destituido e inhabilitado por un proceso disciplinario. Batalló judicialmente durante años hasta que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón. Ese triunfo legal le permitió postular a la presidencia. Por eso, en sus comunicados y tuits sobre Castillo, Petro insistía en que el sistema interamericano se pronunciara sobre el caso peruano.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, presentaba un cuadro más complejo. Llamó a Boluarte un día después de su juramentación para saludarla, un gesto que ella misma documentó en redes sociales. Tres días después, su gobierno suscribía el comunicado de los cuatro países rechazando a Boluarte. Las fuentes diplomáticas sospechaban que AMLO lo había persuadido. Lo que complicaba aún más las cosas era que Óscar Laborde, ex presidente del parlamento del Mercosur y ahora embajador político de Argentina en Venezuela designado por Fernández, había organizado una reunión virtual informal el domingo 11 de diciembre entre Boluarte y miembros de los grupos Puebla y Sao Paulo, foros de personalidades de izquierda latinoamericana. ¿Cómo podía Laborde, amigo de Fernández, interesarse en escuchar a Boluarte un día antes de que su propio gobierno la repudiara?

La Organización de Estados Americanos, por su parte, había reconocido rápidamente la sucesión de Boluarte después del 7 de diciembre, cuando Castillo intentó su golpe de Estado. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se enteró del intento golpista por video y reaccionó con cólera, sintiendo que el peruano los dejaba en ridículo después de todo el esfuerzo de activar la carta democrática. Una misión de alto nivel de la OEA había estado en Perú recomendando diálogo y respeto a la Constitución, pero su informe preliminar, aunque aparentaba evitar sesgos, le había dado más crítica a la oposición y la prensa que al gobierno. El informe final estaba siendo traducido para presentarse al Consejo Permanente, aunque dos miembros de la misión—de Argentina y Colombia—provenían de gobiernos que no reconocían a Boluarte y podrían pedir actualizarlo.

En los foros internacionales, en la CELAC, en los grupos de izquierda continental, se discutía intensamente sobre Perú. Pero la realidad en el terreno erosionaba rápidamente la legitimidad de Boluarte. Veinte personas habían muerto en protestas tras la crisis. Su gobierno era precario, su apoyo político frágil. Las presiones diplomáticas internacionales—ya fueran de AMLO, Petro o Fernández—eran referencias y apoyos morales, quizá algunos enviados expertos en calmar aguas. Pero solo los actores nacionales podían resolver la crisis que se desplegaba en las calles peruanas.