Kast intensifica presión por agenda de seguridad y exige respaldo político ante resistencia oficialista

El presidente José Antonio Kast se presentó el martes en la Plaza de la Constitución para entregar veintiséis vehículos nuevos a la Policía de Investigaciones, pero el acto fue menos sobre equipamiento que sobre presión política. Con los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau a su lado, Kast utilizó la ceremonia para enviar un mensaje claro a su propia coalición: sin respaldo legislativo y voluntad política, ningún recurso importa. "¿De qué sirven los vehículos si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlo? No sirven de nada", preguntó retóricamente.

El discurso marcaba un cambio de tono. Hasta el lunes, Kast había mantenido una postura más defensiva respecto a su reforma constitucional de seguridad, abierto a modificaciones pero sin presionar directamente sobre la falta de apoyo político. Ahora, con su agenda de seguridad enfrentando resistencia creciente incluso dentro de su propia alianza de gobierno, el presidente estaba subiendo la apuesta. La reforma, que incluye cambios al estado de excepción y nuevas herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, seguía sin convencer a sectores importantes de la derecha, y en el Senado el gobierno admitía no tener los votos necesarios para aprobarla.

La presión interna en el oficialismo era evidente. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, de la UDI, había declarado minutos antes que la reforma "se pasó mucho más allá de lo razonable" y propuso algo radical: retirar el proyecto del Congreso e ingresarlo de nuevo. La senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado y de Renovación Nacional, ya había advertido que la reforma "no contará ni siquiera con los votos del oficialismo". El diputado UDI Mario Olavarría fue más directo: "Soy partidario de retirarlo y empujar la agenda de seguridad con nuevos proyectos". Incluso el senador independiente Matías Walker, en una reunión con el ministro Arrau ese mismo martes, reiteró su desacuerdo, calificando la reforma de ineficaz y contraria a los principios del derecho constitucional moderno.

Pero no todos en la coalición estaban de acuerdo en retroceder. El diputado Eduardo Cretton, vicepresidente de la UDI, respondió que no era necesario retirar el proyecto: bastaba con una indicación sustitutiva que recogiera las inquietudes planteadas. "Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario", argumentó. La diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano, fue más contundente: retirar la reforma para ingresarla de nuevo era "un lujo de tiempo que los chilenos atrapados por la delincuencia no se pueden dar". El senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, agregó que retirarse por diferencias de contenido sería "una mala señal", cuando lo que corresponde es que los legisladores ejerzan su función de legislar y hacer los cambios necesarios.

La división reflejaba una tensión más profunda: mientras algunos en la derecha veían la reforma como demasiado ambiciosa y constitucional, otros temían que retirarla fuera una derrota política que debilitaría la capacidad del gobierno para responder a lo que las encuestas mostraban como una de las principales preocupaciones ciudadanas: la seguridad. En La Moneda reconocían que la estrategia inicial había apostado al respaldo ciudadano para presionar a los legisladores, pero esa presión se había diluido tras la división interna.

Mientras tanto, el Ejecutivo continuaba con su ronda de negociaciones. El ministro Arrau se reunió con Walker y también, de forma telemática, con diputados del Partido Nacional Libertario, que también había expresado reparos sobre el estado de excepción. El gobierno insistía en que no se trataba de un cambio de estrategia sino de reforzar la necesidad de que la agenda avanzara. Pero la realidad era que Kast estaba en una posición incómoda: presionando a su propia coalición para que lo respaldara, mientras esta se dividía entre quienes querían continuar con modificaciones y quienes preferían retirarse y empezar de nuevo. Los próximos movimientos en el Senado determinarían si el presidente lograba mantener unida su alianza o si la reforma terminaba siendo retirada, como varios de sus propios aliados estaban pidiendo.