Juez autoriza a ICE alimentar por la fuerza a cubano detenido, incluso con cirugía

En el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, una instalación privada operada por GEO Group a las afueras de Houston, un ciudadano cubano fue arrestado el 22 de julio. Tres días después dejó de comer. Lo que comenzó como un acto de protesta silenciosa se convirtió en una batalla legal sobre los límites del poder estatal sobre el cuerpo de una persona detenida.

El 19 de agosto, el juez federal Andrew Hanen autorizó a las autoridades migratorias a alimentar al hombre por la fuerza. La orden inicial contemplaba una sonda introducida a través de la nariz hasta el estómago, un procedimiento invasivo pero reversible. Pero la autorización no se detuvo ahí. El 1 de septiembre, ICE solicitó extender la orden. El miércoles de esa semana, Hanen prorrogó la autorización hasta mediados de septiembre e incluyó algo más radical: la posibilidad de realizar una gastrostomía endoscópica percutánea, conocida como PEG. Este procedimiento requiere una incisión quirúrgica en el abdomen para colocar una sonda directamente en el estómago. A diferencia de la sonda nasal, este tubo puede permanecer en el cuerpo indefinidamente, requiriendo otra cirugía para su extirpación. The Guardian, que accedió a los documentos judiciales, señaló que no había identificado anteriormente esta intervención quirúrgica en otros casos de huelguistas de hambre bajo custodia de ICE.

Los registros sugieren que la sonda nasal ya había sido utilizada en el detenido durante agosto, aunque los documentos no especifican cuántas veces ni cuánto tiempo duró su huelga. El Departamento de Seguridad Nacional informó el jueves que el hombre había reanudado la ingesta de alimentos y bebidas, y que ya no estaba siendo alimentado por la fuerza. La agencia no explicó cuándo terminó la huelga ni cuántas veces había sido sometido al procedimiento.

El detenido no tiene representación legal, según los documentos revisados por The Guardian. Su nombre no ha sido publicado porque el periódico no logró localizarlo y gran parte de los expedientes judiciales permanece bajo sello. Esta falta de representación legal preocupa profundamente a los defensores de derechos civiles. Eunice Cho, abogada que ha documentado casos de tratamientos médicos involuntarios contra huelguistas detenidos por ICE, cuestionó la autorización de intervenciones médicas invasivas contra personas sin abogado. La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas también condenó la orden, con Savannah Kumar, abogada de la organización, señalando que la posibilidad de realizar una cirugía para colocar una sonda gástrica demuestra la gravedad de las medidas que las autoridades están dispuestas a utilizar para terminar las huelgas de hambre.

Este caso es el número 19 desde enero de 2025 en que ICE obtiene autorización judicial para realizar procedimientos médicos involuntarios contra huelguistas de hambre durante la segunda administración de Donald Trump. La cifra incluye casos en los que las autoridades obtuvieron permiso para intervenciones, aunque no todos terminaron con alimentación forzada. Una investigación de The Guardian publicada en agosto había documentado al menos 10 casos en los que ICE intentó someter a huelguistas a procedimientos médicos involuntarios, incluyendo alimentación forzada, hidratación intravenosa y extracciones de sangre. En al menos tres casos se confirmó que los procedimientos fueron realizados, mientras que otros detenidos abandonaron sus huelgas antes de que comenzaran.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el ciudadano cubano entró ilegalmente a Estados Unidos en 1980 y recibió una orden de deportación en 2004. La agencia afirma que tiene condenas previas por agresión agravada con un arma, agresión agravada, posesión de drogas y portar un arma de fuego oculta. El gobierno sostiene que el hombre recibió el debido proceso y que permanecerá bajo custodia de ICE hasta su expulsión. DHS también aseguró que los centros de detención proporcionan tres comidas al día y que los detenidos que realizan huelgas de hambre continúan recibiendo alimentos, aunque pueden negarse a consumirlos. Lo que permanece sin respuesta es si el derecho a negarse a comer puede ser anulado por una orden judicial, y si la cirugía es una herramienta legítima para hacerlo.