Haití: al menos 40 muertos en ataque de pandillas a iglesia en Kenscoff

El domingo por la noche, pandillas armadas irrumpieron en un campamento de personas desplazadas que funcionaba dentro de una iglesia en Kenscoff, una localidad en las alturas que rodean Puerto Príncipe. Lo que sucedió en las horas siguientes fue, según el alcalde Massillon Jean, una noche de terror. Cuando terminó, al menos 40 personas yacían muertas. Decenas más habían resultado heridas. Otros tantos seguían desaparecidos.

Jean informó a la prensa internacional el lunes sobre la magnitud del ataque. "Hemos contabilizado alrededor de 40 cuerpos. Las búsquedas continúan. Algunas personas siguen desaparecidas", explicó. Los atacantes no solo ejecutaron a sus víctimas; también se llevaron a algunos de los sobrevivientes. La escena que dejaron atrás fue de caos absoluto: un lugar que debería haber sido refugio se convirtió en escenario de masacre.

Kenscoff no es un punto aislado de violencia en Haití. Es parte de un patrón más amplio de deterioro que ha convertido al país más pobre de América en un territorio donde las pandillas operan casi sin restricción. Con una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, Haití enfrenta una crisis que es simultáneamente política, económica y de seguridad. Las bandas no solo matan; secuestran, violan, reclutan niños para sus filas. La violencia se ha vuelto sistemática, omnipresente.

La cifra de desplazados internos refleja la escala del problema. Según datos de junio de la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 1.5 millones de haitianos han sido forzados a abandonar sus hogares por la violencia. Eso es aproximadamente uno de cada siete habitantes del país. Y estos ataques no ocurren solo en la capital; se extienden por todo el territorio nacional. Kenscoff, ubicada en las alturas de la zona suburbana, se ha convertido en un punto de choque donde diferentes bandas compiten por expandir su control territorial.

La respuesta oficial llegó rápidamente. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé expresó su "profunda compasión" por las víctimas y sus familias a través de un comunicado. El gobierno también anunció que enviaría refuerzos de seguridad a Kenscoff para intentar restablecer el orden. Pero la capacidad del Estado para contener la violencia ha demostrado ser limitada. Las fuerzas policiales están desbordadas, incapaces de responder a la magnitud de la crisis.

Esta insuficiencia ha llevado a la comunidad internacional a intervenir. Las Naciones Unidas han respaldado la creación de una fuerza internacional de represión de pandillas, diseñada para apoyar a la policía haitiana. El plan prevé que esta fuerza cuente, a largo plazo, con 5,500 policías y militares extranjeros. Sin embargo, se desconoce cuántos de estos efectivos ya han sido desplegados en el terreno. Lo que es claro es que Haití enfrenta una crisis de seguridad que rebasa la capacidad de sus instituciones internas, y que los civiles —especialmente aquellos lo suficientemente vulnerables como para vivir en campamentos de desplazados dentro de iglesias— siguen pagando el precio más alto.