En Colombia, el gobierno de De la Espriella retoma una vieja apuesta del Estado: arrancar a los capos de sus redes cortando el único hilo que aún los une a ellas, la comunicación. Al trasladar a los extorsionistas más peligrosos del país a buques adaptados en el Caribe y el Pacífico, la administración replica una fórmula ensayada en 2007 con jefes paramilitares, reconociendo que las rejas convencionales no bastan cuando el crimen se gobierna desde adentro. La medida abre, una vez más, la tensión permanente entre la eficacia del Estado y los límites que la dignidad humana le impone.
Gobierno trasladaría a capos de extorsión a buques cárcel en Caribe y Pacífico
La estrategia afectaría directamente a decenas de reclusos trasladados a buques cárcel, limitando sus derechos a visitas familiares, comunicaciones y procesos de resocialización.
Aislarlos de todo: comunicaciones y nexos con sus estructuras
Mark
¿Por qué el gobierno cree que trasladar a estos capos a buques va a cambiar algo si ya están en prisión?
Mimi
Porque en las cárceles convencionales, incluso bajo custodia del Inpec, estos hombres logran mantener comunicaciones con sus estructuras. Desde una celda pueden hacer llamadas, recibir visitas, pasar mensajes. En un buque en altamar, aislado, sin señal, sin contacto terrestre, eso se vuelve casi imposible.
Mark
Pero ¿no es eso lo que ya intenta hacer cualquier cárcel de máxima seguridad?
Mimi
En teoría sí. Pero la realidad es que la corrupción, las visitas, los teléfonos clandestinos, todo eso sigue filtrándose. El gobierno está apostando a que el aislamiento geográfico es más difícil de penetrar que el aislamiento dentro de una estructura terrestre.
Mark
¿Qué pasó la última vez que intentaron esto, hace veinte años?
Mimi
Sacaron a Macaco y Don Diego de las cárceles y los pusieron en fragatas. Funcionó en el sentido de que rompieron las líneas de comunicación. Pero fue una medida temporal, no una solución permanente. Ahora el gobierno quiere hacerlo a escala, con múltiples capos simultáneamente.
Mark
¿Cuál es el riesgo legal más grande?
Mimi
Que los abogados argumenten que es castigo cruel, que viola derechos constitucionales. Aislar a alguien en un buque en el océano, sin visitas familiares, sin resocialización, es un territorio jurídico muy frágil. Algunos juristas dicen que es permitido bajo ciertas condiciones, pero otros lo ven como inconstitucional.
Mark
¿Y si simplemente no tienen los buques para hacerlo?
Mimi
Ese es el otro problema. La Armada no tiene embarcaciones diseñadas para esto. Tendrían que adaptar un buque existente, instalar cámaras, sistemas inhibidores, todo eso cuesta dinero y tiempo. Fuentes militares dicen que es viable pero tomaría meses, quizás más.
El Pulso
- Decenas de capos de extorsión siguen dirigiendo operaciones criminales desde cárceles ordinarias, convirtiendo la reclusión en una extensión de su poder, no en su límite.
- El gobierno De la Espriella responde con una apuesta radical: aislar a figuras como Digno Palomino y 'Negro Ober' en embarcaciones militares donde, según el presidente, 'no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz'.
- La estrategia revive un modelo de 2007 que funcionó con 'Macaco' y 'Don Diego', pero que hoy enfrenta un entorno jurídico más exigente y una Armada que aún no tiene el buque listo.
- Juristas advierten que el aislamiento marítimo podría rozar la prohibición constitucional del trato cruel e inhumano, y los equipos legales de los reclusos ya preparan recursos de impugnación.
- El proyecto avanza en borradores y ha sido discutido con la cúpula militar, con la expectativa de concretarse en meses, aunque los retos logísticos y presupuestales son considerables.
En Colombia, el gobierno de De la Espriella retoma una vieja apuesta del Estado: arrancar a los capos de sus redes cortando el único hilo que aún los une a ellas, la comunicación. Al trasladar a los extorsionistas más peligrosos del país a buques adaptados en el Caribe y el Pacífico, la administración replica una fórmula ensayada en 2007 con jefes paramilitares, reconociendo que las rejas convencionales no bastan cuando el crimen se gobierna desde adentro. La medida abre, una vez más, la tensión permanente entre la eficacia del Estado y los límites que la dignidad humana le impone.
El gobierno de Abelardo De La Espriella prepara el traslado de los extorsionistas más peligrosos del país a buques adaptados como cárceles flotantes en el Caribe y el Pacífico. La estrategia, liderada por Dimar bajo supervisión del Ministerio de Defensa, apunta a romper el control que estos criminales mantienen sobre sus organizaciones desde prisiones convencionales.
Entre los primeros candidatos están Digno Palomino y 'Negro Ober', a quienes se sumarían alias como Marihuano, Carnal, Robincito, Juanito y varios cabecillas que dominan la extorsión en Santander, Magdalena, Meta y Tolima. El presidente los mencionó durante una visita reciente a este último departamento, prometiendo trasladarlos a un lugar sin comunicaciones para que cesen de extorsionar a comerciantes y empresarios.
La iniciativa replica lo que ocurrió en 2007, cuando el gobierno Uribe sacó a 'Macaco' de la cárcel de Itagüí y lo confinó en una fragata en el Caribe, y aplicó la misma fórmula con 'Don Diego' en el Pacífico. El objetivo entonces era idéntico: cortar el mando a distancia que ambos ejercían sobre sus estructuras a pesar de estar bajo custodia del Inpec. Según documentos en poder del gobierno, los nuevos buques operarían cerca de Cartagena y Buenaventura, con vigilancia del Inpec y sistemas inhibidores de comunicaciones a cargo de la Policía.
La estrategia, sin embargo, enfrenta obstáculos en dos frentes. En lo jurídico, académicos advierten que el aislamiento podría interpretarse como trato cruel e inhumano, prohibido por la Constitución, mientras que el jurista Mauricio Pava sostiene que es viable si se garantizan trato digno y proporcionalidad. En lo logístico, almirantes en retiro señalan que la Armada no dispone hoy de una embarcación adecuada: habría que habilitar un buque con cámaras, literas y tecnología de seguridad, lo que demandará recursos adicionales significativos. El gobierno está dispuesto a asumir el debate jurídico que vendrá, convencido de que impedir el mando criminal desde las cárceles justifica la apuesta.
El gobierno de Abelardo De La Espriella está preparando un traslado masivo de los capos de extorsión más peligrosos del país hacia buques adaptados como cárceles flotantes en el Caribe y el Pacífico. La estrategia, que será liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) bajo supervisión del Ministerio de Defensa, busca romper el control que estos criminales ejercen sobre sus organizaciones desde dentro de las prisiones convencionales.
Entre los primeros candidatos para este traslado están Digno Palomino y 'Negro Ober', dos de los extorsionistas más peligrosos recluidos actualmente en cárceles del país. A ellos se sumarían alias Marihuano y 'Carnal', cabecillas de grupos ilegales en Santander; alias Robincito, quien maneja desde prisión la delincuencia en el Magdalena; 'Juanito', responsable de la criminalidad en el Meta; y 'Cabeza de Hacha', 'Chucho Rayo' y 'Tinejo', quienes controlan la extorsión en el Tolima. El presidente De la Espriella mencionó específicamente a estos últimos durante una visita reciente al departamento, prometiendo trasladarlos a un lugar donde "no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz" para que dejen de extorsionar a comerciantes y empresarios.
La iniciativa replica un modelo utilizado hace casi dos décadas. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando los jefes paramilitares comenzaban a incumplir el acuerdo de paz de Ralito, el Estado sacó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del bloque Central Bolívar, de la cárcel de Itagüí y lo trasladó a una fragata de la Armada en el Caribe. La misma estrategia se aplicó con Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle, capturado en septiembre de 2007 y recluido en un buque en el Pacífico. El objetivo entonces era el mismo: romper el control que ambos mantenían sobre sus estructuras criminales a pesar de estar bajo custodia del Inpec.
Según documentos borradores en poder del gobierno, los buques estarían ubicados en aguas cercanas a Cartagena en el Caribe y cerca del puerto de Buenaventura en el Pacífico. La vigilancia correría a cargo del Inpec, mientras que la Policía sería responsable de los sistemas inhibidores de comunicaciones a bordo. El propósito declarado es "tenerlos aislados de todo: comunicaciones y nexos con sus estructuras". Fuentes del sistema penitenciario indicaron que el proyecto ya está en marcha y ha sido discutido con la nueva cúpula de la Fuerza Pública, con la expectativa de que se concrete en cuestión de meses.
Pero la estrategia enfrenta obstáculos significativos. En el plano jurídico, académicos como Luis Fernando Trejo, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, advierten que la medida podría interpretarse como castigo cruel e inhumano, prohibido por la Constitución. Los equipos legales de los capos probablemente presentarán recursos cuestionando los traslados y alegando violaciones a derechos relacionados con el arraigo familiar, la resocialización y las visitas. El jurista Mauricio Pava, sin embargo, sostiene que el aislamiento en el sistema carcelario es permitido bajo ciertas condiciones, siempre que se garantice un trato digno y se respeten principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, además del derecho a la defensa.
A nivel logístico, la iniciativa presenta desafíos igualmente complejos. Almirantes en retiro consultados por este diario señalaron que la propuesta no es descabellada pero requeriría tiempo considerable para ejecutarse. La Armada actualmente no dispone de una embarcación con las características necesarias, por lo que habría que habilitar un buque o fragata como centro de reclusión, adecuándolo con cámaras de vigilancia, camas literas y tecnología de seguridad avanzada. Esto demandará recursos adicionales significativos para el sector de defensa. La estrategia fue comentada también durante el gobierno anterior, pero no se logró concretar en ese momento.
El modelo tiene antecedentes internacionales. En Nueva York funcionó el Vernon C. Bain Correctional Center, una barcaza acondicionada como centro penitenciario con capacidad para 800 personas, que operó hasta su retiro en 2023. En el Reino Unido, el Bibby Stockholm fue utilizado por el gobierno británico para alojar a solicitantes de asilo, con capacidad para alrededor de 500 personas, aunque con una finalidad distinta. Esa operación terminó en enero de 2025. El gobierno De la Espriella está dispuesto a asumir la discusión jurídica que inevitablemente surgirá, considerando que la prioridad es impedir que los privados de la libertad continúen controlando sus organizaciones criminales desde las cárceles convencionales.
Citas Notables
Los vamos a trasladar a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan cometiendo fechorías— Presidente Abelardo De la Espriella, durante visita al Tolima
Esto podría ser interpretado como una especie de castigo cruel e inhumano, prohibido por la Constitución— Luis Fernando Trejo, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla
Quieres la nota completa?
Lee el original en El Tiempo ↗
Technology