Fujimori propone incorporar operadores de celulares y sistema financiero contra crimen organizado

La presidenta Keiko Fujimori convocó a dirigentes de sindicatos de transportistas desde Lima, Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash a una reunión en Palacio para escuchar directamente cómo la extorsión y el crimen organizado están sofocando sus operaciones. Lo que emergió de ese encuentro fue una propuesta que amplía significativamente el perímetro de la lucha contra la delincuencia: incorporar a las empresas de telefonía móvil y a las instituciones financieras como actores centrales en la estrategia de seguridad del Estado.

Fujimori fue explícita sobre por qué estas industrias importan. Los extorsionadores, explicó, utilizan los canales de comunicación telefónica y los sistemas de pago para coordinar sus operaciones y cobrar sus cuotas. Si el gobierno quiere interrumpir esos flujos, necesita que quienes controlan esas infraestructuras sean parte de la solución. No es una invitación pasiva: es un reconocimiento de que el crimen organizado se mueve a través de redes que trascienden el territorio físico donde operan los transportistas.

La reunión contó con la presencia de los ministros César Astudillo, del Interior, y Rafael Rey, de Transportes y Comunicaciones, además de oficiales de alto rango de la Policía Nacional. De allí surgió la decisión de crear dos mesas de trabajo paralelas. La primera, coordinada por el Ministerio de Transportes, abordará cuestiones de regulación estatal y economía sectorial. La segunda, bajo la dirección del Ministerio del Interior, se concentrará exclusivamente en fortalecer la seguridad ciudadana. Esta estructura dual refleja una comprensión de que el problema de la extorsión no es solo un asunto de orden público, sino también de viabilidad económica para quienes transportan bienes y personas.

Fujimori también anunció cambios en la política migratoria. El gobierno planea modificar los sistemas de expulsión para impedir que extranjeros con antecedentes criminales ingresen al país. Es una medida preventiva que apunta a reducir la entrada de actores criminales desde el exterior, aunque la presidenta fue clara en que su estrategia no se limita a la represión: quiere actuar con inteligencia para evitar que los delitos ocurran en primer lugar.

Astudillo, por su parte, detalló el despliegue operativo en marcha. La Policía está aumentando su presencia en empresas de transporte, paraderos y buses. El ministro pidió confianza a los transportistas mientras el Ejecutivo implementa estas medidas. Anunció también que se fortalecerán las herramientas disponibles para que la policía enfrente al crimen organizado, incluyendo la expansión de unidades de flagrancia, la ampliación del Plan Escudo con apoyo de las Fuerzas Armadas, y el lanzamiento de una plataforma nacional dedicada exclusivamente a combatir extorsiones.

Lo que emerge de este encuentro es una estrategia que reconoce la complejidad de la extorsión moderna. No es un problema que pueda resolverse solo con patrullas y arrestos. Requiere que operadores de telefonía, bancos, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias trabajen en coordinación. Para el sector transporte, que ha visto cómo la extorsión sistemática erosiona sus márgenes y sus operaciones, la pregunta ahora es si esa coordinación será suficiente y si llegará a tiempo.