Financiar la educación es una obligación global, no una opción

En las próximas semanas, Sevilla acogerá una conferencia internacional que podría redefinir cómo el mundo financia la educación. Pero mientras los gobiernos se preparan para esa reunión, la realidad en las aulas del planeta es cada vez más sombría. Más de 244 millones de niños y adolescentes no van a la escuela. En Gaza, el 90% de los edificios escolares han sido dañados o destruidos. En Sudán, casi 10 millones de menores han sido expulsados del sistema educativo por la guerra. Estas no son cifras abstractas; son vidas concretas, interrumpidas, desviadas hacia el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la migración sin protección.

La Campaña Mundial por la Educación ha lanzado una advertencia clara antes de que comience la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo: sin dinero público, equitativo y transformador, no hay derecho a la educación. Y sin educación, dice la campaña, no hay igualdad ni futuro posible. El problema no es nuevo, pero se está agravando. Las brechas educativas son hoy una de las expresiones más crudas de la injusticia global. En los países más pobres, solo el 40% de las niñas llega a la educación secundaria. A nivel mundial, apenas una cuarta parte de los países ha logrado la paridad de género en la secundaria superior. Las niñas, las personas con discapacidad, quienes viven como refugiados o desplazados: estos grupos enfrentan las barreras más altas.

Pero el acceso es solo parte de la historia. La calidad educativa, la protección contra la violencia, maestros capacitados, materiales escolares: todo esto está distribuido de manera profundamente desigual. El costo de cerrar esta brecha es enorme. Se estima que el déficit anual para alcanzar educación inclusiva y de calidad en países de ingresos bajos y medios supera los 148.000 millones de dólares. Mientras tanto, la inversión pública en educación permanece por debajo del 4% del producto interno bruto en muchas naciones del Sur Global. Peor aún: la ayuda internacional destinada a educación ha caído del 9,3% al 7,6% entre 2019 y 2022. Desde 2016, según reportes internacionales, esa ayuda se ha mantenido estancada. En el contexto actual de recortes presupuestarios, esas caídas se acelerarán. Chad y Liberia verán reducida su ayuda educativa a la mitad. Ruanda perderá 35 millones de dólares anuales. La República Democrática del Congo, más de 50 millones. Generaciones enteras quedarán condenadas a la exclusión.

Las cifras se vuelven directamente trágicas en contextos de emergencia. En Níger, el 42% de los estudiantes no asiste a clase por conflicto o desplazamiento. En Chad y Sudán, la educación en emergencias ha sufrido recortes de hasta el 90%. En 2024, de los 3.000 millones de dólares solicitados para educación en emergencias, solo se desembolsaron 879 millones. Eso significa el 71% de los recursos necesarios simplemente no llegó. Las consecuencias son visibles en cada comunidad afectada: niñas obligadas a casarse porque no pueden regresar a clase, menores trabajando en condiciones de explotación, adolescentes migrando sin protección, maestros enseñando bajo ruinas o al aire libre. Infancias enteras sin escuela, sin rutina, sin seguridad, sin comida, sin apoyo psicoemocional. Sin futuro.

Y sin embargo, la escuela puede ser un salvavidas. Volver al aula significa volver a una red de apoyo, a un espacio de refugio, de derechos, de vida. La educación salva vidas. Es por eso que la conferencia de Sevilla no puede ser una reunión más. Debe marcar un punto de quiebre. La Campaña Mundial por la Educación, liderada en España por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International, ha presentado cinco compromisos concretos que exige a los gobiernos.

Primero: reconocer la educación como un bien público global y garantizar su financiación suficiente. Esto significa que todos los Estados destinen entre el 4% y el 6% de su PIB, y entre el 15% y el 20% del gasto público total a educación, conforme a estándares internacionales. Segundo: reformar el sistema fiscal internacional. Hoy, grandes corporaciones y fortunas eluden sus responsabilidades tributarias gracias a un sistema opaco e injusto. Es necesario avanzar hacia una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional que garantice impuestos progresivos y sostenibles para financiar servicios públicos universales. Tercero: priorizar la inversión educativa como política de equidad y reparación, canalizando recursos hacia las poblaciones históricamente excluidas: niñas, personas desplazadas o refugiadas, pueblos indígenas, personas con discapacidad.

Cuarto: proteger la educación del negocio y la mercantilización. Rechazar las fórmulas de colaboración público-privada que desvíen recursos públicos al lucro empresarial y debiliten el papel del Estado. La educación no puede convertirse en un bien de consumo. Es un derecho que debe ser garantizado. Quinto: integrar la financiación educativa en estrategias de paz y resiliencia, destinando al menos el 10% de la ayuda humanitaria a educación en emergencias, fortaleciendo las organizaciones locales con al menos el 25% de los fondos disponibles, y apostando por la educación para la ciudadanía global como herramienta de prevención y cohesión social. Lo que está en juego en Sevilla no es solo una cuestión de números. Es una apuesta por la igualdad, por la justicia social, por la democracia. Es un acto de responsabilidad política y de compromiso ético con las generaciones que hoy están siendo dejadas atrás.